El ingreso clandestino y uso de teléfonos celulares al interior de las cárceles no es una novedad. Desde hace tiempo se ha detectado la presencia de esos elementos con los cuales los recluidos cometen estafas o dirigen sus operaciones delictuales. Pero ahora el caso es particularmente grave, pues se trata de cuatro de estos equipos en un módulo supuestamente de alta seguridad en el cual se encuentra recluido Carlos González Vaca, alias "Estrella", líder en Chile de la organización criminal internacional Tren de Aragua.

Dotado así de una red de comunicaciones, el interno podía perfectamente seguir dirigiendo desde la prisión las operaciones de sus cómplices, con lo cual su reclusión pierde el efecto deseado, que es cortar la continuidad de la cadena delictual.

Ese es un punto. Pero lo que es de la mayor gravedad es que González haya logrado introducir en su celda esos teléfonos y así lo ha reconocido la ministra de Justicia, Marcela Ríos, de quien depende Gendarmería, al anunciar un sumario para establecer el origen de los móviles incautados. ¿Hay funcionarios implicados en el hecho? Una tesis que cobra fuerza debido a que en ocasiones anteriores se ha detectado la participación de personal de Gendarmería en esos ilícitos, incluso en el ingreso de drogas. No se puede olvidar además que la delincuencia, cada vez más poderosa, maneja importantes medios y recursos económicos.

El sumario anunciado no puede quedar en el limbo. Debe haber transparencia y las sanciones administrativas y penales que correspondan. Pero queda pendiente el tema general de la situación de las cárceles, donde es urgente desarticular bandas que operan en el interior, muchas veces controlando a otros reclusos y también manteniendo los ya mencionados contactos con sus redes en el exterior. No es todo. Ya ayer el subsecretario Manuel Monsalve reconoció otros dos allanamientos con similares resultados en la celda del famoso "Estrella".

En lo material, se debe aplicar ya, ahora mismo, tecnología que bloquee el funcionamiento interno de teléfonos móviles, a la vez que se debe insistir en los controles de ingreso de visitas a los penales. En lo administrativo, se debe facultar a Gendarmería para sancionar o trasladar a los reclusos peligrosos justamente para desarticular agrupaciones criminales internas que son réplica de aquellas que operan en el medio libre. Además, hay que garantizar al personal penitenciario seguridad en su compleja función, pues en ocasiones son amenazados, como es el caso del alcaide de la cárcel de Angol.

La prisión, junto con ser medio de sanción y de posible reinserción, debe ser esencialmente una herramienta eficaz de protección para una sociedad víctima del delito en sus más variadas y a veces crueles formas. Las prisiones no pueden caer en esas situaciones de crisis que vemos en otros países, que desembocan en verdaderas masacres, bajo el control de grupos poderosos cuya arma principal es el dinero que compra poder interno.

Decidir sobre el mérito de un texto de 445 artículos no es sencillo. Por lo mismo, identificar algunas preguntas clave puede ser de gran ayuda.

¿Es esta la ansiada "casa de todos"? Ningún texto constitucional puede concitar la adhesión de absolutamente todos, como lo atestigua el 8% que votó en contra de la vigente Constitución Española en el plebiscito que la aprobó en 1978. Pero aquí ya nadie duda que, de aprobarse la propuesta de la Convención Constitucional, lo sería con cerca de un 50% de oposición, lo que le impediría ser el factor de consenso que necesitamos. Esto se debe a que es el resultado de un acuerdo solo de la izquierda, liderado, además, por la izquierda dura. De hecho, el rechazo a la propuesta, que va de la derecha hasta buena parte de la centroizquierda, ha conseguido ser más transversal.

¿Amplía la propuesta el ámbito de la deliberación democrática? En algunos aspectos sí, pues elimina los quorums supramayoritarios para la aprobación de leyes y crea nuevas vías de participación. Pero el texto busca, en buena medida, constitucionalizar un programa de gobierno, excluyendo opciones legítimas del debate político ordinario, como ocurriría con la defensa de una libertad de enseñanza robusta o de la existencia de un único sistema de justicia para todos. Además, el texto es difícil de modificar.

¿Resuelve las disfuncionalidades de nuestro sistema político? Las mayores han sido la polarización y la fragmentación de las fuerzas políticas, que han impedido alcanzar los acuerdos que requiere el progreso que la mayoría anhela. La Convención encarnó esos males como nunca antes, por lo que no es raro que el texto no contenga ningún avance relevante en esta decisiva materia. En cambio, ofrece un mayor riesgo de concentración del poder, producto de la eliminación del Senado y la creación de un todopoderoso y fácilmente politizable Consejo de la Justicia, a lo que se añade que las leyes electorales podrán ser alteradas por mayorías simples.

¿Vuelve más probable el desarrollo económico y social del país? La propuesta desincentiva el crecimiento económico y favorece el despilfarro de los recursos públicos, a la vez que consagra malas políticas públicas para proveer derechos sociales, por lo que comparativamente haría más costoso satisfacerlos al tiempo que reduciría los recursos disponibles para ello.

¿Es este el mejor camino hacia una buena nueva Constitución, que nos una en torno a mínimos ampliamente compartidos? El Gobierno ha logrado que sus partidos se comprometan con reformas al texto, pero ello solo ha mostrado lo poco que están dispuestos a mejorarlo y lo incierto que aun eso resulta. El rechazo de la propuesta, unido al que recibió la Constitución actual en octubre de 2020, daría un mandato mucho más claro para la decidida búsqueda de un acuerdo constitucional inclusivo y bien pensado.