Gonzalo Rojas.

Tras dos años de tramitación, un grupo de cinco exseminaristas que acusó al obispado de Valparaíso por no responder en casos de abuso sexual, violación y abuso de conciencia, llegó a un acuerdo reparatorio con la diócesis porteña. Se trata de cinco demandantes que desistieron de continuar con la judicialización de sus causas, en las cuales exigían una indemnización de perjuicios por $1.250 millones y que estaba en tramitación en la Corte de Apelaciones local. El acuerdo, firmado por los abogados representantes y visado por el tribunal de alzada porteño, alcanzó una suma de $200 millones.

Según declararon en su acción judicial, interpuesta en 2020, los demandantes Marcelo Soto, Sebastián del Río, Gustavo Donoso, Marcelo Rodríguez y Mauricio Pulgar, durante su paso como aprendices del Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez, entre 1992 y 2007, aseguraron haber sido víctimas de abuso sexual, abuso de conciencia y acoso por integrantes de la diócesis.

Acusaron a los sacerdotes Jaime Da Fonseca y Humberto Henríquez de los delitos de abuso sexual y violación; y contra autoridades del obispado Mauro Ojeda, Javier Prado y Gonzalo Duarte, como presuntos encubridores de esos hechos.

Cultura abusiva

De acuerdo al libelo, patrocinado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, en la Iglesia existen "culturas abusivas y del silencio, encubrimiento y negligencia, desarrolladas durante décadas", lo que "ha sido posible principalmente gracias a esta idea de ceguera voluntaria pero llevada a un nivel institucional", permitiendo incurrir en "una negligencia instalada en la estructura de poder de la organización demandada".

Asimismo, según establece la demanda interpuesta ante tribunales, "es posible sostener y concluir que las autoridades de la Diócesis de Valparaíso incurrieron en graves faltas y omisión", entre ellas, "la excesiva lentitud en la investigación de los hechos, falta de diligencia y falta de medidas concretas de prevención". También el documento asegura que "hubo encubrimiento, silenciamiento y difamación por parte de miembros y autoridades de la diócesis.

En ese sentido, la demanda también precisa que en la institución religiosa existe un "contexto adecuado para la comisión de abusos de distinta índole".

Abogado obispado

Por su parte, el abogado del Obispado de Valparaíso, Oscar Silva, señaló que "en la demanda se mezclaban y relataban una gran cantidad de hechos, muchos de los cuales el obispado rechaza, y otros que reconocía, no como hechos propios, sino que cometidos por algunos clérigos".

Asimismo, el representante de la Iglesia porteña, explicó que el acuerdo consensuado con las cinco víctimas contempló, en primer lugar, "una declaración que el Obispado formuló a los demandantes, en orden a manifestar su intención sincera de acogerlos y de pedir perdón, no tanto por alguna clase de responsabilidad institucional, no por haber adoptado actitudes de encubrimiento, que son hechos que esta parte siempre rechazó y tampoco reconoció, sino que pensando principalmente en el dolor que cada uno de los demandantes, en distintos grados tiene después de cada una de sus experiencia, más allá de los matices que puede haber".

Condena a abusos

Es así que la declaración del Obispado de Valparaíso, tras el acuerdo, indica que "sin perjuicio del pago ofrecido y aceptado, declara su plena adhesión a la condena universal manifestada por su Santidad respecto a los abusos". De esta manera, la Iglesia de Valparaíso le pidió "al demandante y compareciente, humilde y sinceramente perdón por todo el dolor y afectación sufridos por él".

El abogado detalló que en segundo lugar el acuerdo incluyó una indemnización, precisando que"en general se pagaron cifras que rondan los 40 millones de pesos para cada demandante, con algunas diferencias entre uno y otro".

"Hacemos una declaración para manifestar su intención sincera de acogerlos"

Oscar Silva, Abogado Obispado de Valpara{iso

"Hubo encubrimiento, silenciamiento y difamación de autorideades de la diócesis"

Demanda interpuesta en 2020 contra el Obispado

Durante esta semana, debería conocerse ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el recurso presentado por la familia de Alejandro Correa, el empresario asesinado en Concón por un sicario en 2020, en orden a revocar el rechazo de la jueza de Garantía de Quilpué al desalojo del terreno de su propiedad y que hoy por hoy sigue tomado.

Valentina Correa, la hija del ingeniero, comentó que "debió aparecer el sábado, pero creemos que es altamente probable de que aparezca mañana (hoy) por la mañana, por lo que hasta que no esté en la tabla no es 100% seguro".

"Nosotros apelamos a la negativa de la jueza de garantía de Quilpué, respecto de extender la cautelar de desalojo, (que está) sobre la única persona que está formalizada en la causa de usurpación, que es Luis Alarcón Cáceres (...) a todos los ocupantes y eso es lo que fue negado", complementó.

Correa recordó que, después de la acción civil para el desalojo del predio, que terminó con el asesinato del empresario, "cuando decidimos tomar acciones para la recuperación del predio, lo hicimos con la figura penal de una querella por usurpación, donde la Delegación Presidencial, ex Intendencia, también es parte".

Un proyecto en el paño

"Lo que esperamos de esta apelación es que los tribunales ordenen la desocupación del terreno de mi papá, y con eso nosotros tener algo de justicia restaurativa, que es una buena señal para el país, no solamente para mi familia", enfatizó Valentina.

En el caso de que dicha solicitud fuera acogida, la familia Correa busca impulsar junto a la Municipalidad de Quilpué un proyecto de infraestructura, por lo que se ha reunido con la alcaldesa Valeria Melipillán.

Para ello, "desde lo que puede entregar el terreno, más la necesidad que tenga la comuna, desde ahí estamos trabajando en un proyecto que haga sentido a los vecinos de Quilpué". Una vez que el proyecto esté definido, se invitará a la Seremi de Vivienda a participar y reevaluar la utilidad del terreno, lo que involucraría un cambio en el plano regulador comunal.

Y en el caso de que no se acoja la apelación, finalizó Valentina, "vamos a agotar todos los recursos que nos entregue la ley (...) y vamos a seguir insistiendo, por todas las vías, administrativas o legales".

"Lo que esperamos de esta apelación es que los tribunales ordenen la desocupación del terreno".

Valentina Correa, Hija del empresario asesinado

Con el fin de superar los efectos de la crisis logística-portuaria, generada por la pandemia de covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, se desarrolló una reunión entre distintos actores de los sectores exportador e importador. Dentro de las medidas que se analizaron y se esperan aplicar prontamente, se buscará habilitar el puerto de Ventanas para el atraque de buques de carga.

"Existe una coordinación permanente con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para abordar estos desafíos, en forma previa a los meses de mayor demanda entre noviembre y abril de 2023", señaló al respecto el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Otras de las medidas estudiadas son dar prioridad al desembarque de alimentos e insumos estratégicos en operaciones portuarias, la disponibilidad de buques cámara en terminales de Valparaíso, Coquimbo y puertos de la Octava Región, y modificar las restricciones de altura de olas en las operaciones del puerto de San Antonio.

En la cita participaron gremios como la Cámara Nacional de Comercio, Fedefruta, Asoex y Conadecus, entre otros; operadores logísticos, transportistas y gremios portuarios de Valparaíso y San Antonio.