Sebastián Mejias O.

El presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, José Pakomio, si bien valoró la relevancia que en la propuesta de Constitución se da a lo público a la hora de garantizar los derechos sociales que reclamó la ciudadanía en el estallido, cree que la nueva carta magna trae consigo una balanza desequilibrada, con una desconfianza excesiva hacia lo privado.

-¿En qué artículos ve un desequilibrio hacia lo privado en comparación con lo público?

-Uno de los artículos que se inclina por favorecer el sector público es el que dice relación con el Derecho a la Salud y a la creación de un Sistema Universal de Salud. Si bien todos los expertos coinciden en que la continuidad de clínicas e Isapres dependerá de la ley, de aprobarse el proyecto constitucional sin ajustes, podría desencadenar la desaparición de las aseguradoras privadas y, por ende, perjudicar al sector y también a los usuarios que verían mermada su capacidad de elegir.

-¿Qué riesgos trae consigo una balanza desequilibrada entre ambos sectores?

-Una Constitución que carece de equilibrios puede derivar en muchos problemas en la práctica. En el papel, garantizar derechos de la mano del sector público es ideal, es esperanzador, pero lo importante es poder cumplir todos los compromisos adquiridos. Por ejemplo, se espera que el Estado vele por una serie de materias, pero es probable que los recursos sean insuficientes y que la infraestructura pública no dé abasto para atender todas las necesidades de la población y, allí, el rol del privado es clave.

-Hay quienes plantean que no se formenta la colaboración público-privada.

-La colaboración público-privado es clave para cualquier país. Así como en temas de viviendas, en materia como pensiones, educación, salud, entre otras, se deberían contar con alternativas a la opción estatal. Nosotros apelamos por el fomento a la inversión privada y a la capacidad de la ciudadanía por elegir cuál alternativa le acomoda más. En esa línea, la nueva Constitución si bien le entrega muchas responsabilidades y atribuciones al sector público, casi no especifica las garantías que tendrá el sector privado, dejándolo relegado a la discusión parlamentaria.

-¿Hay una confianza excesiva en el rol del Estado y de lo público?

-Efectivamente, la propuesta de nueva Constitución tiene una clara inclinación por atribuirle un rol más activo al Estado, lo que es positivo para dar respuesta a las demandas que se dieron a conocer durante el estallido social. Sin embargo, lamentamos que el modelo propuesto en el borrador no garantice la participación de privados y que su integración en diversas materias dependa de las condiciones y requisitos que establezca la ley. La amplia interpretación ha generado una incertidumbre que pensábamos se acabaría con la presentación del texto, pero se mantiene.

-¿Por qué cree que hay desconfianza hacia el mundo privado?

-La ciudadanía ve con desconfianza las inversiones privadas cuando éstas son interpretadas como un beneficio propio, como una mera empresa con fines de lucro. Sin embargo, se omite la relevancia que tiene la presencia del sector privado, no solo para equilibrar la balanza entre aquello que no puede ser cubierto por el sector público, sino también porque promueve las inversiones y genera empleos, impulsando que la economía crezca y que el país se desarrolle. Sabemos que la suspicacia que produce el sector privado puede deberse a las malas prácticas que, lamentablemente, algunas empresas han tenido a través de los años, pero como CRCP sabemos que esta realidad nos demanda una nueva forma de hacer negocios, donde no solo se trate de generar beneficios económicos, sino también mejorar condiciones sociales.

Sebastián Mejías O.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, plantea en esta entrevista su mirada sobre la propuesta constitucional y cómo es que encara los desafíos del siglo XXI desde el equilibrio entre lo estatal, lo privado y la necesidad de redefinir el concepto de lo público.

-¿Se hacía importante darle más relevancia a lo público?

-El país requiere un nuevo Estado para los desafíos del siglo XXI y era evidente que este debía ser uno de los temas más desarrollados en la nueva Constitución. Pero hago una prevención, creo que lo público no hay que reducirlo solo a lo estatal. En la propuesta, por ejemplo, se contempla la creación de empresas municipales lo cual permitirá desarrollar nuevos modelos de gestión sobre recursos y riquezas del territorio donde tengan participación las comunidades.

-¿Se puede concebir lo privado en un sentido público?

-Claro, el mundo privado cumple un rol público en muchas áreas. En nuestra Red de Salud Popular, que hoy beneficia a más de 150 mil personas, existe una importante participación de privados; o bien en la recientemente creada Corporación Patrimonial donde la Cámara Regional de Comercio tendrá un destacado rol. La propuesta abre oportunidades para todos.

-¿Hay quienes plantean la existencia de un desequilibrio entre lo público y lo privado en la propuesta?

-Me parece que la actividad privada es necesaria y así la misma propuesta lo contempla al reconocer la libertad de desarrollar actividades económicas. Lo que ocurre es que, en ciertas materias, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos sociales el rol del Estado es insustituible. Debemos contar con nuevos sistemas públicos de educación, salud, vivienda, cuidados y pensiones que permitan garantizar a todos los ciudadanos el acceso a un buen vivir. Aquí el privado tiene un rol complementario.

-¿De que nuevas herramientas podrá disponer un municipio a la hora de garantizar derechos sociales, bienes o servicios?

-Hay un cambio de paradigma ya que los municipios dejaremos de ser administradores de pobreza para ser verdaderos gobiernos locales, como sucede en otras partes del mundo. Expresiones de esto serán las empresas municipales, la creación de servicios locales, el nuevo sistema de financiamiento que permitirá una distribución equitativa de los recursos, los nuevos mecanismos de participación, como lo son las iniciativas populares de ley también porque permitirán que la ciudadanía materialice sus propuestas y demandas con participación para impulsar modelos para avanzar en derechos sociales y en un nuevo marco democrático.

-¿Qué rol juega en esto la posibilidad de crear empresas públicas municipales?

-Podrían jugar un rol fundamental. No solo porque los municipios llegan donde otras actorías no llegan, pero también porque esas empresas pueden configurar alianzas con actores de la comunidad y también privados para desarrollar los activos que tenga el territorio. Dos ejemplos: la red de ascensores de Valparaíso la impulsaremos con las juntas de vecinos o el muelle exclusivo de cruceros perfectamente puede ser el resultado de un acuerdo entre la ciudad y empresas interesadas en su desarrollo.

-¿Cree que ha habido una desconfianza excesiva hacia lo público en los últimos 30 años?

-Una vez leí un estudio de la Fundación Piensa donde señalaba que la ciudadanía confiaba más en el abordaje colectivo de los problemas sociales para su solución que en el camino propio, individual o de mercado. Hay un cambio del sentido común, la gente se aburrió de los abusos privados, pero también de los estatales. Insisto, lo público no tiene que ver sólo con estatizar sino que con entregar el protagonismo a la ciudadanía.

Apocas semanas del plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución, el diputado Andrés Celis (RN) pidió claridad al Gobierno sobre la disposición para abrir el transporte de forma gratuita el 4 de septiembre.

"Solicito al Gobierno que tome la determinación ahora y no a último momento, entendiendo que las conversaciones con los transportistas pueden tomar tiempo y que hay q informar a las personas desde ya", dijo Celis, quien criticó la falta de certezas sobre el punto.

Asimismo, el parlamentario dijo que que las autoridades deben aclarar qué otras medidas se adoptarán para facilitar el desplazamiento de las personas a sus locales de votación.

El parlamentario agregó que estima necesaria la gratuidad, ya que "servirá para evitar un gasto extra a las familias y si se complementa con buses de acercamiento para sectores aislados y localidades rurales, servirá para asegurar la oferta de transporte, considerando que con la obligatoriedad serán más los ciudadanos que saldrán a las calles".

Celis recordó en elecciones pasadas hubo un déficit en la frecuencia del transporte público, por lo cual puso énfasis en la necesidad de que se garantice la oferta de este servicio para que los electores puedan acudir a sus lugares de votación sin problemas.