Pamela Boltei

El Concejo Municipal aprobó ayer cerca de $2 mil millones para destinar a gastos administrativos del municipio de Viña del Mar, como materiales de trabajo, mobiliario y otros implementos necesarios para sanitización de locales de votación, tras analizar un superávit en ciertos apartados y falta de recursos para estas labores.

La sesión se realizó, de manera extraordinaria, ayer a las 16 horas, en la sala del Concejo Municipal. En ella, si bien se terminó aprobando la propuesta municipal, explicada por el director de Administración y Finanzas, Gerardo Casas, hubo algunas quejas respecto al tiempo que tuvieron los ediles para estudiar en detalle esta información antes de votar.

Se trata de tres ítems, el primero, que corresponde al subtítulo 34 "Servicio de la deuda", ítem 07 "Deuda flotante", por $85 millones. Este dinero se traspasará al subtítulo 22 "Bienes y servicios de consumo", ítem 01 "Alimentos y bebidas", ítem 4 "materiales de uso o consumo" e ítem 8 "servicios generales".

El segundo, por $190 millones, correspondiente al subtítulo "Rentas de la propiedad", y a los ítems "Dividendos", "Intereses", "Otras rentas de la propiedad", "Ingresos de operación", "Venta de bienes", "Otros ingresos corrientes", y "recuperación reembolso por licencias médicas", pasará al subtítulo 22 "Bienes y servicios de consumo", correspondiente a "Alimentos y bebidas", "materiales de uso o consumo", "publicidad y difusión", "Servicios generales", "arriendos", "otros gastos en bienes y servicios de consumo", "transferencias corrientes", "al sector privado", "premios y otros", "Adquisición de activos no financieros", "mobiliario y otros" y "máquinas y equipos".

El monto más alto, desde el subtítulo "tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades", en el ítem "patentes y tasas por derechos", por $1.921 millones, fue traspasado al subtítulo 22 "Bienes y servicios de consumo", en los ítems "Combustibles y lubricantes", "Materiales de uso o consumo", "Servicios básicos, "Mantenimiento y reparaciones", "Arriendos", "Servicios financieros y de seguros", "otros gastos en bienes y servicios de consumo", "prestaciones de seguridad social", "prestaciones previsionales", "adquisición de activos no financieros", "mobiliario y otros", "máquinas y equipos", "iniciativas de inversión", "proyectos", "obras civiles", "regularizaciones sanitarias y "reposición pavimento Traslaviña".

Tras las palabras del edil René Lues, que reclamó por la falta de tiempo e información para convocar a la sesión extraordinaria y para estudiar más en detalle el tema antes de votar, se generó un debate con dimes y diretes respecto a su asistencia a la comisión anterior en que se informó de esta modificación.

"Se llegó al acuerdo de que se hiciera una sesión extraordinaria para tratar este punto en particular en sesión de Concejo como se toman las decisiones. No es cierto que no se sabía esto", dijo el concejal y presidente de la comisión de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilera.

Condiciones "paupérrimas"

El director del departamento de Administración y Finanzas, Gerardo Casas, señaló el complejo escenario en el que los trabajadores municipales estaban operando, motivo que impulsó esta modificación que corresponde a casi el 2% del presupuesto municipal, pero que responde a un superávit en las arcas municipales.

"Si recorriera las oficinas de los departamentos vería las condiciones en que están trabajando los funcionarios. Durante muchos años no se ha hecho nada, no hay cambio de cortinas, de persianas, de nada. La techumbre... llovió y nos dimos cuenta que los techos están malos. Desarrollo Vecinal se llovió entero", contó.

Añadió que las condiciones son "paupérrimas y por la dignidad del trabajador (se hace esto). Vaya a ver el Departamento de Tránsito, la techumbre cómo está, se va a caer el archivo arriba de los funcionarios", y dijo que "no es que no previéramos el gasto, es que no sabíamos las condiciones en que estaban las dependencias municipales". Además, anunció que podría haber otra modificación presupuestaria importante entre septiembre y octubre.

"No es que no previéramos el gasto, es que no sabíamos las condiciones de las dependencias municipales".

Gerardo Casas, Dir. Adm. y Finanzas

"Se llegó al acuerdo de que se hiciera una sesión extraordinaria para tratar este punto en particular".

Alejandro Aguilera, Concejal y pdte. Com. Adm. y Finanzas

Preocupación existe en el archipiélago Juan Fernández y particularmente en la isla Robinson Crusoe, luego que ayer la Seremi de Salud confirmara dos casos de covid-19 y otros dos bajo investigación epidemiológica, aunque al cierre de esta edición el alcalde del territorio insular, Pablo Manríquez, ya contabilizaba seis casos positivos, por lo que calificó la situación como compleja, solicitando a la autoridad sanitaria el confinamiento del poblado.

De acuerdo a la información provista por la Secretaría Regional Ministerial de Salud a través de un comunicado, los dos contagiados son alumnos de enseñanza básica del Colegio Insular Robinson Crusoe, quienes "se encuentran en buenas condiciones de salud, cumpliendo aislamiento por 7 días, en virtud del protocolo de vigilancia epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales en contexto de pandemia covid-19".

Los estudiantes son de quinto básico, por lo que sus compañeros deberán realizar una cuarentena preventiva de 7 días, al igual el alumnado de tercero básico, donde cursa estudios un familiar de uno de los niños con coronavirus. Asimismo, se suspendieron las clases presenciales en el establecimiento, también por un periodo de 7 días.

Trazabilidad

La Seremi de Salud añadió que "se han detectado dos nuevos casos, cuya investigación epidemiológica está en curso". Respecto a ello, el alcalde Manríquez, en contacto con este Diario, informó que la isla ya tiene 6 casos confirmados, por lo que "estamos solicitando un confinamiento. De acuerdo al recurso humano que existe en la comuna y la complejidad logística que significa tener estos brotes en una isla oceánica, debería haber un confinamiento de por lo menos uno, dos o tres días para poder llegar a la trazabilidad de todas estas personas que están saliendo en estos brotes".

Frente a este escenario, el jefe comunal aseveró que "nos damos cuenta que nos faltan recursos humanos y mejor equipamiento en el único consultorio. O sea, qué estoy solicitando: más recursos profesionales del área de la salud, casi similar a lo que llevaron a Rapa Nui para trabajar en la reapertura. Nosotros no tenemos eso".

Un recurso de nulidad de la sentencia presentó el abogado defensor público de Carlos Guillermo Donoso Muñoz, exsargento de la Armada que el pasado 13 de agosto fue condenado a 16 años de presidio por el delito de violación reiterada incestuosa en contra de su hija y a 4 años por producción de material pornográfico infantil.

La acción interpuesta por Iván Seperiza busca que el tribunal imponga una pena única no mayor a 7 años por los delitos perpetrados, considerando, según el escrito, que el "delito de violación impropia debió juzgarse como un solo delito, toda vez que aquella es la forma de tratamiento penal del delito continuado", mientras que para el caso de la producción de material pornográfico "este estaría subsumido en el delito de violación". Por lo tanto, consigna, "no juzgarlos de forma conjunta supone un bis in ídem", que dispone que nadie puede ser juzgado o sancionado dos veces por un mismo hecho.

Esta tesis fue cuestionada por la abogada querellante y directora de la ONG Abogadas Pro Chile, Jeanette Bruna, quien manifestó que "nosotros vamos a defender la condena del Tribunal Oral en lo Penal, en tanto las causales alegadas por el defensor no están contempladas en nuestra legislación. El defensor alega que la violación reiterada debería considerarse como un único delito continuado, lo que para nosotros, como querellantes, es absolutamente vulneratorio. (...) Consideramos que es gravísimo la sola idea de presentar que violar muchas veces un padre a su hija pueda tomarse como un solo delito en vez de los varios delitos que van sucediendo en el tiempo".

El recurso de nulidad de la sentencia debe ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. De fallar a favor de la acción judicial del abogado defensor y en los términos que se indican, es decir, rebajando la pena de 20 a 7 años de cárcel, a Carlos Donoso Muñoz solo le restaría cumplir la mitad de esa condena, por cuanto ha permanecido 3 años y medio en prisión preventiva. Por tanto, para Jeannette Bruna el condenado incluso podría solicitar el próximo año la libertad condicional, sin perjuicio de pedir desde ya beneficios carcelarios. "Sería de un impacto enorme para la familia el solo hecho de imaginar que el día de mañana él pueda estar libre en la calle", aseveró la abogada.