Una señal potente entregó esta semana el Gobierno Regional al acordar junto a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda varios alcaldes y agrupaciones sociales la asignación de $ 40 mil millones para invertir en proyectos relacionados a vivienda y mejoras de barrios durante los próximos años. Los recursos serán focalizados vía transferencias directas del Minvu o el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y estarán enfocados en iniciativas en materia de habitabilidad, arreglos de espacios públicos, un banco de suelos públicos urbanizables y mejoras cualitativas de casas ya construidas.

Bajo el alero del Acuerdo por un Barrio y Vivienda Digna, la instancia también propuso un nuevo convenio de programación con el Ministerio de Vivienda, que destine otros $ 10 mil millones para comprar terrenos, factibilizar aquellos predios fiscales que no cuentan con urbanización, aportar a los ahorros de los comités de vivienda y mejorar condominios sociales que presentan deterioros varios.

El esfuerzo es loable por cuanto el déficit de viviendas golpea a esta Región de forma más dura que en otras zonas del país y gatilla el incremento sostenido de los asentamientos irregulares que son visibles desde casi cualquier punto del Gran Valparaíso. Cualquier persona que haga el trayecto en metro regional desde Limache a Valparaíso podrá ver a ambos costados del camino la proliferación de casas de material ligero, bajo condiciones de insalubridad y en zonas sin urbanización adecuada. El último catastro disponible expone que en toda la región se requieren 75.625 viviendas nuevas para responder a la demanda por la casa propia. El Gobierno está implementando un plan que a cuatro años permitirá, de cumplir sus metas sin inconvenientes, la edificación de 31.246 residencias, es decir, de aquí al 2026 se habrá cumplido con el 41% de la necesidad real de techo para los habitantes de la zona. Incluso más. Las autoridades reconocen que estas cifras son dinámicas y que el déficit tenderá a subir con el arribo de nuevos habitantes y el crecimiento de la población en los próximos diez años.

Por ello, aunque la señal es potente, el Gobierno Regional requiere del apoyo insustituible del Estado y el empuje indispensable del sector privado. Solo el esfuerzo conjunto de estos tres entes puede enfrentar el tremendo desafío que significa cerrar la brecha entre quienes tienen una vivienda digna y aquellos que no. En ese sentido, un ejemplo del camino a seguir lo entrega la Armada. Según expuso el gobernador Mundaca, existe un compromiso de la Marina de poner a disposición de las autoridades 70 hectáreas de suelos fiscales para avanzar en su urbanización. Ya hubo una reunión entre el jefe regional y el Alto Mando de la institución; un segundo encuentro se realizará este miércoles, quizás la oportunidad para abrir un camino de solución a un problema que angustia a miles de familias.

Cada año, el 26 de agosto, celebramos el Día de la Educación Técnico Profesional en nuestro país, fecha en que el Presidente Juan Antonio Ríos da el primer reconocimiento legal a este importante sector educativo.

En tiempos donde todo parece cambiar, es indudable rescatar el rol público que tienen las instituciones de educación superior técnico profesional (ESTP) en nuestro país, sabiendo además que sobre el 95% de la matrícula total del sector proviene de Instituciones privadas y acreditadas.

Hoy, cerca de 530.000 estudiantes provienen de la ESTP, lo que corresponde al 40% de la matrícula total de la educación superior de nuestro país. Particularmente, en nuestra Región de Valparaíso, más de 46.000 estudiantes lo hacen en un Instituto Profesional (IP) o un Centro de Formación Técnica (CFT).

Vemos con buenos ojos que uno de los temas más relevante en la discusión pública, incluso a nivel constituyente, sea la educación, entendiendo que es el principal motor de desarrollo y de movilidad social que conocemos, pero no deja de ser preocupante que la discusión se abstraiga del rol y el aporte social que las instituciones privadas, y más aún, las instituciones TP realizan a nuestra sociedad, sobre todo por el gran impacto social y de desarrollo que tienen en nuestro país.

La educación como derecho es un paso fundamental que el Estado debe dar para poder asegurar el desarrollo integral y el progreso de la sociedad. Y en ese sentido, es también el Estado quien debe resguardar y proteger los distintos proyectos educativos como también las alternativas mixtas de formación, dando las certezas en calidad y en financiamiento para que ello ocurra. En la propuesta constituyente esa certeza solamente se entrega para las instituciones públicas, no así para las instituciones privadas, dejando al legislador cualquier tipo de definición posterior.

En esa misma línea, llama la atención que no se haya considerado la Iniciativa Popular de Norma por parte de la Convención al reconocimiento de la Educación Superior Técnico Profesional, la que reunió más de 16.500 firmas para su discusión, siendo que más de medio millón de estudiantes son parte de este subsistema.

Muchas son las bondades de la contribución de la ESTP al desarrollo y al bien común de nuestra sociedad. Tiempos de duración de estudios más acotados, carreras con alta vocación disciplinar, vinculación con el medio y aporte a comunidades, aprendizajes contextualizados y alta movilidad social, son algunos de los atributos más valorados por nuestros estudiantes. Por otra parte, la alianza con empresas y sector productivo nos permite estar trabajando en los diferentes procesos de modernización que el país requiere y de esta forma poder entregar una formación actualizada a los desafíos del futuro.

En este nuevo Día de la Educación Técnico Profesional, saludamos y reconocemos el trabajo y el aporte de los miles de estudiantes, docentes y colaboradores que día a día ponen sus talentos, capacidades y, por sobre todo, un inmenso esfuerzo por hacer de Chile un país más próspero y con mejores oportunidades para todos quienes lo habitamos. ¡Feliz día de la Educación Técnico Profesional!