Gonzalo Rojas Misle

Frente a la desatada proliferación de loteos irregulares que afectan hace más de una década a diversas comunas costeras de la región, alcaldes y directores de Obras Municipales de Zapallar, La Ligua, Papudo y Algarrobo acudieron hasta la Comisión de Vivienda del Senado para pedir a los parlamentarios endurecer la legislación que combate este tipo de delitos a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La normativa establece penas desde 3 años y un día hasta 10 años de presidio.

En sus testimonios, los jefes comunales expusieron diversas teorías para explicar el avance en la venta fraudulenta de terrenos, al mismo tiempo que relataron que han sido víctimas de amenazas de muertes, retención de autoridades fiscalizadoras y ataques incendiarios, al momento de enfrentar a los violentos infractores.

"Asentamiento narco"

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, afirmó que, según investigaciones de denuncias anónimas revelaron que tras la comercialización de loteos irregulares se esconden mafias de narcotráfico.

"Para bien o para mal, la Provincia de Petorca tiene un beneficio de la naturaleza, se puede plantar en las quebradas y se da muy bien la Marihuana", argumentó.

En seguida, el jefe comunal sostuvo que los estafadores de terrenos "están llevando a personas para plantar y traficar. Estamos al lado de la (carretera) norte-sur, entonces trafican muy rápidamente. Uno ve en estos lugares autos de lujo y nos tiran la caballeriza encima, sacando la basura a la carretera, como le pasó a la Ligua".

Por ello, Alessandri subrayó que "el tráfico de drogas nace y se va asentando en estos loteos irregulares".

Además, la autoridad advirtió que el uso de estas propiedades "no es una segunda vivienda para ir el fin de semana", sino que se "implantan poblaciones para traficar, que son loteos irregulares", lo que está generando un "inmenso recargo" al presupuesto municipal. "El costo en el abastecimiento de agua, basura, salud y educación se duplica cada año porque cada vez llega más población".

Para detener el aumento de estos asentamientos ilegales, entre las acciones impulsadas por el alcalde de Zapallar, detalló que en la comuna "tenemos la única Oficina Antinarcóticos del país y con las policías hemos hecho un trabajo de seguimiento", que en los próximos días se traducirá en una querella presentada ante el Ministerio Público.

"Son unos mafiosos"

Por su parte, el alcalde de la Ligua, Patricio Pallares, acusó que "más que ser loteadores, estas personas son unos mafiosos. He tenido bastantes dificultades con estas personas".

El nivel de estas verdaderas organizaciones criminales llega a tal nivel de osadía que "como alcalde fue expuesta mi casa prácticamente para que me la fueran a quemar, amenazas de muerte, nos sentimos solos e inseguros".

En tanto, sobre las gestiones municipales, precisó que en el Conservador de Bienes Raíces de La Ligua "hicimos todo lo posible" para que no sean inscritas las cesiones de derechos de los inmuebles, "pero igual utilizan su artimaña y van a otros lugares".

Asimismo, Pallares reclamó que para una población de 37 mil habitantes, el municipio cuenta con un presupuesto de 7 mil millones de pesos al año, pero que con la venta ilegal de terrenos, los habitantes llegan a 70 mil personas.

Segundas viviendas

Asimismo, la población en Papudo también está duplicando las cifras demográficas oficiales, sumándose 1.500 familias a los seis mil habitantes calculados en las estadísticas.

La alcaldesa de la comuna, Claudia Adasme, aclaró que "no estamos hablando de tomas ni de viviendas principales", sino que se trata de "segundas viviendas, terrenos cerca de la playa", principalmente en los sectores de El Tome y El Romeral. En estas zonas han detectado, por ejemplo, la venta de una hectárea en $70 millones, que son subdivididas ilegalmente en una superficie de hasta 200 metros cuadrados, y posteriormente se construyen más de 40 casas.

Respecto a las acciones para desbaratar a estas bandas delictuales, destacó la presentación de cinco demandas, sin embargo, reconoció que "no damos abasto", ya que el delito se expande, "buscan los terrenos, siguen con su negocio y el problema es de los municipios". Aseguró que las personas que están detrás de este negocio ilícito se repiten.

Es la necesidad

Para el director de Obras Municipales (DOM) de Algarrobo, Roberto Berríos, a su juicio "lo más doloroso es la gente que compra que se ve estafada, muchos de ellos saben que los están estafando, pero creen que después de 5 años más lo regularizan por Bienes Nacionales, es la necesidad".

Además, Berríos alertó que con estas subdivisiones de terrenos, el medioambiente se ve "afectado totalmente", donde muchas veces son dañados bosques nativos y se realizan extracciones ilegales de agua desde napas subterráneas, entre otras irregularidades.

"Están llevando a personas para plantar y traficar. (...) Uno ve autos de lujo y nos tiran la caballeriza encima".

Gustavo Alessandri, Alcalde de Zapallar

"Como alcalde fue expuesta mi casa para que me la fueran a quemar, amenazas de muerte, nos sentimos solos".

Patricio Pallares, Alcalde de La Ligua

"No estamos hablando de tomas ni viviendas principales, sino que segundas viviendas, cerca de la playa".

Claudia Adasme, Alcaldesa de Papudo

Desde el Gobierno, el seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, Tomás Covacich, explicó que el crecimiento exponencial de los loteos irregulares "son tremendamente preocupantes para nosotros, pero no somos los primeros llamados a ejecutar acciones para sancionarlos". Destacó que, según la Ley General de Urbanismo y Construcción, los municipios son uno de los organismos que pueden querellarse para perseguir a los responsables de engañar a la gente con la venta ilegal de terrenos. Además, la autoridad precisó que son las Direcciones de Obras Municipales las que tienen facultades para regularizar y sanear los loteos que cumplan los requisitos que la ley dispone. Por lo tanto, aseguró que una vez terminado ese proceso, "Bienes Nacionales está a completa disposición para continuar el proceso de regularización dentro de las competencias que expresamente nos entrega el decreto ley 2695".

A partir del primer turno de la jornada de ayer los tres terminales del Puerto de San Antonio -STI, DP World y Panul- paralizaron debido a la movilización de los trabajadores portuarios, luego que en una mesa de trabajo instaurada para solucionar diversos temas del sector no se llegara a un acuerdo entre el Gobierno y la Unión Portuaria, gremio con presencia en 25 enclaves del país y que agrupa a cerca de 8 mil personas.

Según fuentes de la industria, ello tiene que ver fundamentalmente con tópicos relacionados a las pensiones, que es una de las demandas históricas del área.

Es así que, producto de esta situación, ayer hubo manifestaciones en San Antonio que incluyeron barricadas incendiarias en el acceso sur impidiendo que se realizara cualquier actividad de importación y exportación en los terminales del vecino puerto.

Demandas históricas

Durante la jornada, y a través de un comunicado, el gremio manifestó que "nos encontramos movilizados como terminales portuarios a lo largo de Chile y en respuesta a los puntos no acogidos en la mesa de trabajo con el Gobierno por demandas históricas del sector".

Añade que la Unión Portuaria de Chile "siempre está y estará dispuesta al diálogo vinculante en todo espacio de discusión". Asimismo, el documento subraya que la movilización "nada tiene que ver con el proceso democrático constituyente que vive Chile".

Hasta el cierre de la presente edición, el puerto de Valparaíso no se había sumado a las movilizaciones. En tanto, si bien el paro anunciado involucraría solo tres turnos no se descartaba la posibilidad que se prolongara por más tiempo, a la espera del resultado de las negociaciones que mantenían los movilizados con el Ejecutivo para arribar a un entendimiento.

Puerto exterior

En el mismo plano portuario, Puerto San Antonio hizo entrega al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la Adenda del proyecto de Puerto Exterior en la que se da respuesta a más de 1.500 observaciones realizadas tanto por los servicios públicos como por la comunidad de San Antonio.

Entre las modificaciones que contempla el documento, de 22 mil páginas, destaca la no intervención de las lagunas Ojos de Mar y su completa protección, desestimándose su utilización y relleno con fines portuarios. De esta manera se evita la pérdida de hábitat de avifauna y de hábitat acuático en los cuerpos de agua.

"Este proyecto, con sus cambios y mejoras, es un aporte que reimpulsa la política portuaria nacional y reactiva el desarrollo económico y social del país y de San Antonio", comentó el gerente general de Puerto San Antonio, Luis Knaak.

En tanto, a través de una declaración pública, diversas organizaciones, fundaciones y expertos en conservación solicitan a la autoridad ambiental, entre otros puntos, que se establezca un nuevo periodo de Participación Ciudadana (PAC) para que la comunidad y expertos revisen la nueva documentación y analicen de forma responsable sus alcances. "Solo contaremos con 15 días hábiles para analizar en profundidad los antecedentes presentados por EPSA", señalan.

"Nos encontramos movilizados (...) en respuesta a los puntos no acogidos en la mesa de trabajo con el Gobierno".

Unión Portuaria de Chile