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Desvinculan oficialmente a Sakalha del municipio tras licencia rechazada

VIÑA DEL MAR. Alcaldesa firmó decreto municipal que pone fin al contrato a honorarios de quien la acompañó desde la campaña.
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Pamela Boltei

Luego de dos semanas desde que se tomó la decisión de desvincular al coordinador de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar, Janna Sakalha, la alcaldesa firmó el decreto que lo aleja definitivamente del Municipio de Cuidados, tras una polémica discusión con la jefa comunal y parte del equipo.

A fines de agosto, y de acuerdo a variadas fuentes municipales, hubo una fuerte discusión suscitada por el resultado del juicio por el despido de la exjefa de Seguridad Pública, Patricia Leiva, y la resolución de la Corte Suprema, que falló a su favor y determinó que el municipio debe, al menos, pagar los sueldos que corresponden al tiempo en que la funcionaria estuvo apartada de sus labores.

Ese tenso debate derivó en la decisión de la alcaldesa Macarena Ripamonti respecto de desvincular a Sakalha, quien también es expresidente de Revolución Democrática en la región, y tuvo una complicada polémica con la actual presidenta del partido, Alejandra Toledo, tras una reunión de Zoom de la tienda hace unos meses. Sobre esto último, hasta el día de hoy no se ha informado qué decisión tomó el comité de ética de la colectividad tras la denuncia de la afectada por una eventual violencia de género.

Se negó información

Pues bien, a fines de agosto este Diario consultó al encargado de Comunicaciones del municipio, Patricio Rojo, sobre la acalorada discusión entre altos personeros municipales y la decisión de desvincular a Sakalha. Sin embargo, no hubo respuesta oficial al respecto y solo señaló, de manera extraoficial, que no era verídico que se le fuera a despedir y negó una posible afrenta verbal con la alcaldesa, además de señalar que publicar esto arriesgaría un desmentido público contra este Diario, el que finalmente nunca ocurrió.

En ese momento, Sakalha presentó una licencia médica, emitida el 21 de agosto por el doctor Gerardo Sabra, cuyo motivo era "enfermedad o accidente común", y solicitaba "reposo total" hasta el 3 de septiembre. Sin embargo, esta fue rechazada por el empleador "por otras razones".

Luego, la alcaldesa Ripamonti, el viernes 2 de septiembre, firmó el decreto N° 10600 en el que señala que "conforme a lo instruido por la alcaldesa en su ordinario número 6 de 2° de septiembre de 2022, se ha decidido reestructurar las labores y el personal de Alcaldía, razón por la cual los servicios del señor Sakalha ya no son necesarios en la actual conformación del gabinete alcaldía".

En el documento, añade que "cualquier otra determinación en contrario importaría contravenir el principio de eficiencia, eficacia y correcta administración de los recursos públicos de esta I. Municipalidad, en el sentido de continuar desembolsando recursos por servicios que se han considerado deficientes".

Asimismo, recordó que Sakalha tiene 5 días hábiles de plazo para presentar un recurso de reposición respecto de la decisión. El municipio, tras ser consultado sobre esto, no se pronunció, y el trabajador despedido, Janna Sakalha, tampoco.

Al respecto, el concejal René Lues (DC) comentó que "estimo importante que la alcaldesa haya tomado una decisión sobre la situación del señor Janna Sakalha, pues la incertidumbre claramente complicaba a la administración, que hasta última hora negó la existencia de cambios en alcaldía, afectando con ello la confianza pública en la información oficial que emana del municipio".

"Fuertes razones"

Respecto del contenido del decreto de despido, indicó, "no puedo dejar de señalar que me parecieron muy fuertes y duras las razones esgrimidas por la alcaldesa para desvincular al señor Sakalha, por cuanto señala, por una parte, que sus servicios ya no son necesarios y, por otra, que la calidad de los servicios que prestaba eran deficientes. No sé si un colaborador tan relevante en la llegada de la actual administración al municipio y también durante su primer año de gestión, merezca un trato tan denigrante como el que se le brindó a él".

Por su parte, el concejal PC Pablo González, manifestó que valora "que se haya resuelto definitivamente la situación laboral del Sr. Sakalha, no le doy tono de gravedad, porque es parte del proceso legítimo que tiene la primera autoridad comunal de reestructurar y revisar los equipos municipales para los desafíos que nos depara nuestra comuna. Es una revisión natural, que no debería sorprender".

"Los servicios del señor Sakalha ya no son necesarios en la actual conformación del gabinete alcaldía".

Macarena Ripamonti, Extracto de Decreto Municipal

"No sé si un colaborador tan relevante en la llegada de la administración y también durante su primer año de gestión, merezca un trato tan denigrante".

René Lues, Concejal (DC)

"No le doy tono de gravedad, porque es parte del proceso legítimo que tiene la primera autoridad comunal de reestructurar".

Pablo González, Concejal (PC)

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Denuncian trabajos para el "Apruebazo"

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El portal Evolutiva Medios publicó, tras solicitar por Ley de Transparencia, las hojas de ruta de inspectores de Seguridad Ciudadana que estuvieron en un acto denominado "Viñazo por el Apruebo", el 13 de agosto. Uno de ellos señaló que el director (s) de Seguridad Pública le instruyó que en el escenario "debe hacer el punto fijo sí o sí y que está autorizado debidamente por la delegación municipal". Pamela Zamora, presidenta sindicato de Auxiliares, dijo que "me extraña que les hayan dado esa información considerando lo que Contraloría nos dice respecto a que los funcionarios no podemos hacer campaña".

Caso colectivero: Fiscalía pide perpetua para dos acusados

VIÑA DEL MAR. Audiencia para preparar el juicio oral se fijó para octubre.
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La Fiscalía de Viña del Mar presentó la acusación en contra de los tres imputados por el secuestro calificado del colectivero Juan González, quien desapareció en enero de este año y sobre el cual aún no se conoce su paradero.

El órgano persecutor pidió penas de presidio perpetuo calificado contra Óscar Cantillano López, de 25 años; presidio perpetuo simple para Daniel Silva Huerta, de 23; y diez años de internación en régimen cerrado para un menor de 16 años, de iniciales F.A.S.O, quienes están actualmente privados de libertad.

El documento afirma que la víctima fue asesinada, agrupando un total de 35 testigos, 23 peritos y 89 medios de prueba para llevar al juicio oral.

"El 23 de agosto se cerró la investigación y la acusación fue presentada dentro del plazo legal respecto de los 3 imputados en la causa, solicitando al respecto una condena por el delito de secuestro calificado y robo por violencia, en calidad de autor y consumado. En este escrito formal se presenta toda la prueba que se pretende rendir en juicio", dijo la fiscal Vivian Quiñones, a cargo de la investigación.

Audiencia en octubre

Añadió que "estamos en espera de la audiencia de preparación de juicio oral donde podamos tener cuál es la prueba que se va a tener en el juicio para estar preparados para el juicio que se pueda realizar, esperamos, durante este año 2022".

La persecutora recordó que uno de los imputados es adolescente, "por lo tanto, los plazos son menores a los de imputados adultos y se respeta esa regla. Ya se ha fijado una audiencia para principios del mes de octubre para la preparación del juicio oral y esperamos que una vez eso finalice, se fije el juicio oral a la brevedad. Estimamos 2 a 3 semanas de juicio".

Al respecto, el abogado Cristián Canifrou, que representa a la familia del colectivero Juan González, señaló que en el juicio oral se podrá acreditar que la víctima fue asesinada, pese a que todavía no ha sido encontrada.

"Como querellante y representante de la familia, estamos conformes con las penas solicitadas en la acusación, ya sea presidio perpetuo calificado para uno de los imputados, a Daniel Silva Huerta s le pide perpetua simple, y además 13 años por el robo con violencia, y en el caso del menor tenemos la limitación, por regir la ley de responsabilidad penal adolescente, en la que tienen rebaja de grado las penas, que se pida una pena única de 10 años, y atendido el marco legal tampoco podríamos aspirar a una condena mayor respecto a este menor de edad", indicó también.

"La familia está de acuerdo, nos vamos a adherir a la acusación en los mismos términos. Estamos evaluando la necesidad o no de incorporar nuevos medios probatorios que, a juicio de este querellante, pueden ser esenciales para acreditar los hechos, además de los que ya incorporó la Fiscalía. Estamos dentro del plazo legal para adherirnos a la acusación".

"Ya se fijó audiencia para principios de octubre para la preparación del juicio oral y esperamos que una vez eso finalice, se fije el juicio oral a la brevedad".

Vivian Quiñones, Fiscal del caso

13 de enero fue el último día que fue visto Juan González, colectivero que está desaparecido hasta la fecha.