Para la oposición, la profundidad de los tensos cambios ministeriales y el resultado mismo del plebiscito de salida debe reflejarse en la Región, tanto en el manejo de las secretarías regionales ministeriales como en las delegaciones presidenciales. ¿Cambios también en los equipos locales? Esas serán decisiones de La Moneda, las cuales deben basarse en las miradas de cada cartera como también en las voces que llegan desde la Región, las provenientes desde la oposición, desde el mismo oficialismo y también desde organismos de la sociedad civil.

En cuanto a los aspectos en los cuales los seremis tienen diversos grados de responsabilidad, hay materias que tocan directamente el día a día de las personas, como es el transporte público, con una licitación de recorridos pendiente y con la ya larga espera de la prolongación del metro regional hasta Quillota y La Calera. De mal gusto, tras el shock del oficialismo, sería hablar del tren de alta velocidad…

Delicado, crítico, es el capítulo de la seguridad. Recientemente, un homicidio en pleno centro de Viña del Mar y un asalto a camiones e incendio de un vehículo en la Ruta 78 que amaga el transporte carretero y la actividad portuaria en general. No son excepciones.

También está el sensible tema del retraso en la entrega de ascensores. En Salud, materia acuciante son las listas de espera con una pandemia que no afloja y a la cual, se afirma, no se le presta debida atención.

Sobre esta situación en general tiene toda la razón el alcalde de Limache, Daniel Morales (RN), al sostener que "este análisis y autocrítica y proceso de reflexión que lleva a cabo el Gobierno no debe quedarse solo en La Moneda, debe bajarse a la región y debe desarrollarse en las distintas carteras, en las distintas Seremis y delegaciones presidenciales".

El Presidente de la República Gabriel Boric, al dirigirse al país tras el tortuoso cambio ministerial del martes, dijo que la presencia oficial no se debe limitar a una visita de horas a un determinado lugar para luego dejar ese mismo lugar en el olvido. Habló de permanecer y escuchar. Estas palabras, desde La Moneda para abajo, deben tomarse como un mandato que también se tiene que expresar en la conducta y el trabajo de las autoridades locales dependientes del Ejecutivo, que son muchas.

Inevitablemente, los nuevos tiempos significarán evaluaciones de esas mismas autoridades y cirugía mayor cuando así proceda. Complicado, sin duda, cuando los movimientos están condicionados por equilibrios políticos y paridades que discurren, supuestamente, junto a la calificación profesional de los funcionarios o postulantes al reemplazo.

Finalmente, en los cambios, en la aplicación y formulación de políticas regionales no se puede estar a la espera del procedimiento que se usará en el proceso constitucional o en el curso de un debate que puede ser áspero y que tiene como escenario, justamente, a Valparaíso y sus demandas.

El 15 de septiembre de 2022 es la fecha establecida por la Ley 21.369 para que las instituciones de educación superior (centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades), públicas y privadas, adopten medidas tendientes a erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Las instituciones que no lo hagan no podrán acceder a la acreditación institucional que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad.

Esta ley surge en respuesta al movimiento feminista de mayo de 2018, que denunció con fuerza y dijo "ya no más" a los abusos de poder cometidos por años en los contextos universitarios. Miles de estudiantes irrumpieron en las calles luchando por sus derechos de no violencia y no discriminación de género, lo que puso urgencia a la necesidad de legislar al respecto. Si bien han pasado cuatro años desde entonces, esta demanda hoy se legitima en un cuerpo legal que regulará nuestras formas de relacionarnos en las comunidades educativas para que logremos reconocer y erradicar los abusos de poder que aún no permiten que todas y todos nos vinculemos en igualdad de condiciones.

El objetivo de esta ley es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, además de proteger y reparar a las víctimas, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de estas malas prácticas para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual, promoviendo relaciones igualitarias de género. Por lo tanto, serán sancionados todos aquellos comportamientos o situaciones que atenten contra la dignidad de las personas, la igualdad de derechos, la libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, que sean realizados o que tengan como destinatarios/as a quienes cursen programas de pre y posgrado, desarrollen funciones de docencia, administración, investigación o cualquier otra función.

Estamos frente a un cambio cultural urgente en Chile que permitirá efectivamente a nuestro país estar a la altura de los pactos internacionales adscritos hace varios años y que yacían dormidos en el olvido del privilegio patriarcal.

Ya es tiempo de respetar la dignidad humana por convicción y no solo por temor a la sanción, para que nunca más estudiantes, académicas/os, funcionarias/os vivan con miedo y vean truncadas sus oportunidades de desarrollo ante la complicidad silente de las aulas universitarias que permitieron hasta hace muy poco que muchas generaciones nos educáramos o trabajáramos en ambientes normalizados de acoso, violencia y discriminación, obstaculizando, restringiendo e impidiendo el ejercicio pleno del derecho a la educación, a un trabajo digno y a la expresión de todas las identidades de género legítimamente sentidas.