Pamela Boltei

Al menos 18 anomalías en la gestión, ejecución financiera y manejo de finanzas detectó la auditoría forense realizada este año a la Municipalidad de Viña del Mar.

La consultora Panal Asociados, que se adjudicó el estudio detallado de las finanzas municipales, presentó sus resultados al Concejo Municipal de Viña del Mar ayer, en una sesión extraordinaria del mismo, a las 15.30 horas.

La empresa se adjudicó la auditoría por $59 millones, tras una licitación pública realizada el año pasado. En agosto los ediles habían manifestado su molestia por la incertidumbre frente a los resultados que, en ese momento, no conocían, pese a haberse cumplido el plazo de 210 días corridos para que la firma dispusiera las conclusiones.

A esa fecha la consultora había entregado cuatro informes parciales a la administración, pero estos no habían sido entregados a los ediles. "La administración está trabajando con la empresa seleccionada, le hicieron unas observaciones a un documento que nosotros no hemos podido ver", dijo entonces el concejal Alejandro Aguilera, presidente de la Comisión de Administración y Finanzas. También señaló que esperaban en 2 a 3 semanas más poder conocer el resultado de la investigación forense, lo que se cumplió ayer.

La auditoría forense arrojó un total de 63 observaciones, que se agrupan en aquellas de control financiero (12), control presupuestario (3), gestión municipal (35), reclutamiento y contratación de funcionarios (9), y adquisición de bienes y servicios (4).

Control financiero

En cuanto al control financiero, se detectó falta de apego de la municipalidad a las normas contables de la Contraloría General de la República, tales como análisis de cuentas contables no preparados, no disponibilidad de registros auxiliares para los rubros más relevantes de los estados financieros de municipalidad, falta de control administrativo-financiero sobre el activo fijo, control de inventario del activo fijo, falta de formalización del proceso de control de inventario del activo fijo, provisión de incobrables por deterioro, no estimada ni registrada; y saldos de existencias no registrados. Esto, dijeron, implica problemas para declarar la exactitud de los estados financieros del municipio y la posibilidad de pérdida de bienes, lo que implicaría un daño patrimonial. Además, implica la necesidad de revisar los procedimientos internos y mejorar la administración financiera. Si se hiciera una auditoría financiera de los estados municipales, sería observada o rechazada, estimaron.

Control presupuestario

Sobre los aspectos relacionados al control presupuestario se detectó una mala planificación presupuestaria y la falta de procedimientos adecuados para la mejor práctica financiera. Las observaciones implican deficiencias en la gestión de los presupuestos anuales, bases para presupuestos anuales sin respaldo; y proceso presupuestario de la municipalidad no formalizado.

Esto repercute en la mala planificación de los ingresos y gastos de la municipalidad, y en particular se observa la emisión de un total de 143 Decretos Alcaldicios por modificaciones presupuestarias, distribuidos en 56 de los 66 meses pertenecientes al periodo en revisión y en la falta de antecedentes para determinar los valores de partidas importantes de ingresos y gastos. Esto implicará, dicen, la necesidad de mejorar los procesos de formulación de los presupuestos anuales municipales, varios de los cuales se están implementando en el proceso del presupuesto 2023.

Respecto a la gestión, la auditoría entrega señales de fallas de ciertos procedimientos que impactan en la administración de la municipalidad, entre ellas, un análisis de gestión integral de riesgos no efectuado, la no implementación de un programa de detección de fraude de acuerdo a la Ley 20.393, la falta de control sobre la vigencia de las boletas/pólizas de garantía que permiten hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de las contrapartes en contratos claves del municipio, diferencias entre información contables y operacionales, para ingresos propios y cuentas por cobrar de ingresos propios, falta de trazabilidad en la retención y pago de cotizaciones previsionales, incrementos en canon sin justificación evidente, incrementos sucesivos de canon de arriendo, en el corto plazo, no disponibilidad de un Plan de Anual Municipal de Auditoría Interna y una gestión de cobranzas inefectiva.

Estas fallas administrativas implican una posible negligencia por parte de la administración anterior que tienen diversas consecuencias, incluso la posibilidad de daño patrimonial a la municipalidad por no percepción de ingresos esenciales y que podrían tener relación directa con el déficit municipal.

En tanto, sobre el manejo del personal, existe una serie de observaciones relativas a la gestión de personas al interior de la municipalidad, faltando procedimientos y políticas institucionales importantes para el manejo de los recursos humanos.

Entre ellos, los principales hallazgos son una Política de Recursos Humanos no formalizada para los años 2016 a 2019, una frecuencia del pago de horas extraordinarias excesiva, la falta de control sobre la recuperación de licencias médicas pagadas por cuenta de instituciones de salud y una falta de diseño y desarrollo de perfiles de cargo para las funciones municipales. Todas estas observaciones impactan en una mala gestión de los recursos humanos y, además, en un eventual daño patrimonial para la municipalidad, en particular lo que tiene que ver con el pago excesivo de horas extraordinarias.

Algunos de los hallazgos que llamaron más la atención de los consultores fue la gestión de cobranzas inefectiva, pues señalaron que la disminución de recaudación en los años 2018 y 2019 son explicables por la falta de eficiencia y eficacia de las acciones de cobranza aplicadas, donde no se realizaron acciones sistemáticas de cobranza, tales como campañas con cartas de cobranzas, llamadas telefónicas u otros medios. Ello impacta en una masa importante de acreencias que el municipio no ha podido ingresar a las arcas en un aproximado de $65.699,8 millones.

Bienes no habidos

Además, mencionaron el incumplimiento en la observación de las normas de contabilidad municipal. Son de diversa índole y tienen diversas consecuencias posibles, tales como inexactitud de la determinación de las cuentas por cobrar, es decir, los créditos que distintas personas naturales y jurídicas deben al municipio, lo que impacta en problemas de determinación del patrimonio municipal y proyectar los ingresos año a año, la pérdida de bienes del activo fijo y su valoración, entre otras; y bienes e inventarios, que se refiere a que, de acuerdo al informe, existen más de 1.000 bienes del inventario que no han sido habidos, entre ellos tres camiones, una motoniveladora y un cargador frontal.

Juan Toledo, encargado de terreno del equipo del Grupo Panal, explicó que "el 89% de los funcionarios remunerados de enero de 2016 a junio de 2021 recibieron pagos de horas extraordinarias en más del 50% de los meses de ese periodo, que son 66 meses. El concepto de uso de horas extraordinarias ya no es ese, pasan a ser horas normales por su periodicidad de uso y pago".

Al respecto, la alcaldesa Ripamonti dijo que "esto fue un compromiso de la campaña como una de las aristas de probidad e integridad de la nueva administración y fue apoyada por todo el Concejo. Hay cerca de 63 hallazgos, hay varios que guardan relación con eventuales responsabilidades penales, administrativas y civiles".

"El concepto de uso de horas extraordinarias ya no es ese, pasan a ser horas normales por su periodicidad de uso y pago".

Juan Toledo, Encargado terreno Equipo Grupo Panal

"Hay 63 hallazgos, hay varios que guardan relación con eventuales responsabilidades penales, administrativas y civiles".

Macarena Ripamonti, Alcaldesa de Viña del Mar

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En el período entre enero de 2016 y junio de 2021, el municipio pagó un monto de $22.979 millones por horas extra, con una altísima frecuencia. En el período total de 66 meses, un 97,7% de los funcionarios y funcionarias recibió pago por concepto de horas extraordinarias, y un 89,8% del total recibió en más del 50% de los meses del periodo retribución por ese concepto, lo que muestra que hubo una contravención con la legislación que regula la materia, porque a la larga no era un pago extraordinario, sino que común.

También se detectó un incremento injustificado de cánones de arrendamiento de inmuebles, en particular los arriendos destinados a Seguridad Ciudadana y la Administración Deporte y Recreación (Casa del Deporte). En el primer caso se observa un incremento significativo de UF 107,9, desde un valor de canon de UF 142,1 (enero 2015) a UF 250 (enero 2016); y en el segundo caso se observaron tres aumentos en un plazo de dos años en el valor del canon de arriendo, desde UF45 inicial (enero 2015) a UF50 (diciembre 2015), a UF 55 (diciembre 2016) y a UF60 (diciembre 2017).