El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió esta semana con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, para luego reafirmar su postura de rechazo al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11, una herramienta comercial que se ha convertido en una especie de ícono en la oposición al neoliberalismo a la que Mundaca parece adherir sin discusión.

Ahumada, un abierto detractor de la misma, habría señalado al gobernador la intención de retirar del Acuerdo la presencia de tribunales supranacionales que pudiesen afectar "los intereses de las mayorías sociales y políticas del país", como también le insistió en la creación de una empresa nacional del litio, la cual incentivaría las relaciones comerciales con Argentina y Bolivia y, en un claro mensaje al Senado, la idea de "sacar adelante cartas que los mecanismos de resolución de controversias no apliquen para el TPP-11". Entretanto, muchos ven con preocupación que Chile opte finalmente por quedar fuera de un mercado de diez países (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) y alrededor de 500 millones de personas, 13% del PIB mundial.

El distanciamiento que ha tenido Ahumada respecto de miembros del gabinete, como por ejemplo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, responde a la marcada distancia que el subsecretario ha mostrado sobre la legitimidad y conveniencia de los Tratados de LIbre Comercio (TLC), suerte de dardo ideológico directo al corazón de las políticas económicas de la Concertación y, en específico, de la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El subsecretario también se reunió con algunos gremios de la zona, la delegada presidencial Sofía González, exportadores, pymes, empresas de bienes y servicios de alto valor agregado y con el directorio de la EPV, cita esta última en la cual se le informó de la política de ampliación portuaria, de la situación actual de los puertos y la necesidad de potenciar el modelo exportador, siempre dentro de los bordes de sustentabilidad y diálogo con la comunidad, como parece ser la tónica de su nueva administración.

Con todo, y más allá del necesario debate que debe darse en el Senado sobre el TPP-11 (Lagos Weber ha pedido no caer en fake news, los exportadores han manifestado abiertamente su preocupación por la lentitud en la ratificación del acuerdo, el Presidente Boric dio señales confusas de que su Gobierno no lo impulsaría pese a las side letters), la visita de Ahumada a la Región es una buena noticia. También su disposición a escuchar y, como él explicó, a "detectar necesidades reales y poner a disposición la institucionalidad para que las pymes puedan aprovechar mejor los mercados extranjeros y logren fortalecer su inserción en el comercio internacional".

El 4 de septiembre la ciudadanía optó por rechazar la propuesta de la Convención, elaborada desde una hoja en blanco, lo que sería "demoler y crear una casa nueva". Es decir, hoy es preciso reflexionar sobre otras alternativas, como puede ser "ampliar la casa", más allá del mecanismo.

Si se opta por el camino de reformas, debe tenerse en cuenta que se ha bajado el quorum para ello a 4/7 (dejando en la historia los 3/5 y 2/3 para reformar), como también que hoy existe un equilibrio en el Congreso. Además, que después de la reforma de 2005 se ha modificado el texto constitucional con 46 leyes de reforma constitucional. Lo anterior quiere decir que es viable ampliar la "casa" vía cambios constitucionales.

Así, por ejemplo, se ha fortalecido el principio de probidad en materia de transparencia (entre otros, art. 8, 37 bis, año 2009). En participación se ha incorporado el voto en el extranjero (art. 13, año 2014); y en derechos y deberes constitucionales, se ha incluido, vía reformas, la protección de los datos personales (art. 19 n°4) y los neuroderechos (art. 19 n°1). Perfectamente se podría agregar un numeral o algún inciso al respecto sobre derechos relacionados con la vivienda digna y propia, el derecho humano al agua (que, además, va en línea al actual Código de Aguas) y la expresa protección de los ahorros previsionales, entre otros derechos y libertades.

Sobre el capítulo de Congreso Nacional, con reformas se han eliminado a los senadores vitalicios y designados. Así, en el proceso de formación de la ley se podrían añadir las denominadas iniciativas populares de norma.

En materia de justicia y persecución penal, no es menor recordar que vía reforma constitucional se agregó un capítulo completo (1997), incorporando al Ministerio Público (art. 83 a 91). Es decir, puede seguirse la misma fórmula para elevar a rango constitucional a la Defensoría Penal Pública y crear una Defensoría de las Víctimas.

En el ámbito de justicia constitucional, se hicieron cambios principalmente en 2005. Uno de los puntos que se critica es su composición par (10 integrantes), lo que podría solucionarse integrando un nuevo miembro, lo que evitaría el típico debate respecto del voto dirimente. También podrían elevarse ciertos requisitos para controles previos de constitucionalidad.

En definitiva, cualquiera sea el mecanismo que se utilice, sea vía reformas propiamente tales o por la elaboración de un nuevo texto, una opción interesante de evaluar, considerando lo que decidió la ciudadanía el 4 de septiembre, sería "ampliar la casa". Para ello habrá que valorar los puntos positivos del actual texto y, al mismo tiempo, incorporar mejoras al mismo.