Nuevo petitorio de pescadores a Boric
Agrupados en 7 sindicatos, 380 trabajadores ligados a la pesca artesanal elevaron un pliego de peticiones al Gobierno en varios ámbitos.
Pese a los reiterados compromisos establecidos por varios gobiernos para acabar con la condición de zona de sacrificio en la bahía de Quintero y Puchuncaví, muchos pescadores, vecinos y autoridades locales se sienten desplazados de la atención del Estado, sumidos en el olvido, sin ver resultados concretos de las medidas aplicadas para enfrentar los problemas de contaminación en ambas comunas. Desde esa insatisfacción, al parecer, surgió ahora un nuevo petitorio, levantado por 380 trabajadores de siete sindicatos, reunidos en la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau Quintero-Puchuncaví, quienes iniciaron un paro indefinido, exigiendo al Presidente Gabriel Boric dar respuesta al pliego de medidas que le enviaron hace un mes.
Entre sus demandas, los pescadores incluyeron la eliminación del impuesto específico a los combustibles en las comunas de Quintero y Puchuncaví y la implementación de una "zona franca energética" en toda la bahía, cuya justificación estaría en que por dichos puertos pasa el 80% de los hidrocarburos que mantiene en funcionamiento la zona central de Chile. También exigen detener la instalación de una planta desalinizadora -"hace un daño irreversible al medioambiente y a la biósfera marina, afectando directamente nuestra fuente de trabajo", aseguran-, una jubilación mínima de 650 mil pesos para los pescadores retirados y el cese inmediato de actividades en aquellas industrias que no poseen RCA.
Los requerimientos sirven para mostrar los dos ánimos que conviven entre los habitantes y trabajadores de la bahía. Uno es el legítimo interés de que el Estado despliegue todas sus herramientas y esfuerzos en mitigar la contaminación que ya existe en el suelo, el aire y el agua de dicha zona, y encuentre fórmulas para prevenir el incremento futuro de esos problemas. Hasta el minuto -más allá de las promesas y visitas a terreno-, ningún gobierno ha sabido implicar a la población en el conjunto de mejoras bajo estudio o ya aplicadas, tal vez por la falta de un funcionario asignado permanentemente para la socialización de dichos planes y programas. La magnitud del problema amerita analizar una fórmula de este estilo.
El segundo es el ánimo indemnizatorio que transparenta el petitorio. Luego de sufrir tantos problemas por la contaminación, los pescadores se sienten con el derecho de pedir una justa compensación por sus inconvenientes, una ayuda para enfrentar los difíciles tiempos de crisis económica. La viabilidad de estas peticiones dependerá del Gobierno, que con seguridad pensará tanto en las capacidades financieras para cumplirlas como en los precedentes que significan.
Un camino alternativo, planteado por el Segundo Tribunal Ambiental en un acuerdo de conciliación para todos los intervinientes en el caso de demanda ambiental, fue desestimado por los mismos pescadores, quienes no quedaron conformes con las compensaciones ofrecidas en dicho proceso. Los pescadores piden más del Gobierno y del Estado en su conjunto, pero es necesario decir en favor de estos últimos que un mejoramiento en las condiciones ambientales de la zona de sacrificio requiere de plazos acordes a la magnitud de las soluciones aplicadas y no es tan evidente que las exigencias económicas contingentes que hacen los artesanales atiendan las deficiencias estructurales que deben enfrentar.