Katherine Escalona M.

Proliferación del comercio ilegal, alza en la incidencia de robos, quemadura de locales, personas viviendo en situación de calle, consumo de drogas y tomas, son algunas de las situaciones que deben enfrentar a diario los locatarios de la Feria Caupolicán, en Viña del Mar. Cansados por esta situación, afirmaron que están en alerta y llaman al municipio a tomar medidas urgentes, junto con pedir una reunión con la alcaldesa Ripamonti.

La presidenta del Comité en Defensa del Parque Caupolicán, sector bazar municipal, Andrea Cáceres, recalcó que "la feria tiene muchas carencias y en seguridad ha estado muy abandonada por parte del municipio. Es cierto que ellos retiran la basura y cosas básicas, pero respecto a fiscalización, comercio ambulante, seguridad ciudadana en días de feria es prácticamente nula y lo hemos pedido en varias oportunidades".

Según Cáceres, el municipio se ha negado a fiscalizar porque "era riesgoso y no estaban las condiciones", mientras la situación de inseguridad continúa. "Desde la antigua administración a ésta hay fallecidos al interior de la feria sin contar las personas que han sido lesionadas por atropellos, donde incluso murió un caballero. Además hay consumo de droga y robos. El jueves pasado calculamos de 6 a 8 robos y nuestros puestos la semana pasada fueron quemados", lamentó la dirigenta.

El presidente de la Agrupación Emprendedores Feria Caupolicán, Luis Alberto Rivera, afirmó que "hemos peleado por muchos años por esta feria Caupolicán y resulta que cuando el municipio perdió el comodato logramos que fuese dividida en dos y el sector donde estamos es municipal. El municipio nos tiene abandonados en seguridad y en mantención de la feria".

Detalló que "tenemos cuatro baños químicos que lo ocupa la gente que vive de las tomas, tenemos problemas de robos, de quema de locales, tráfico de drogas y no se hace nada, la municipalidad no da ninguna solución. Hemos enviado dos solicitudes a la alcaldesa, pero tampoco tenemos respuesta. Fuimos una vez a una reunión, pero la alcaldesa solo saludó y luego se fue, nos quedamos ahí esperando. Me sentí humillado".

La presidenta del Sindicato Esporádico de la Feria Caupolicán, Carmen González, en tanto, aseveró que sumado a los problemas de seguridad "está la drogadicción y hemos planteado todos esos puntos a seguir y no hemos tenido respuesta. Hemos hablado con el abogado de la alcaldesa, con otras personas que trabajan con ella, pero nada concreto. Necesitamos un ordenamiento urgente".

Acción municipal

Sobre la situación fue consultada la Municipalidad de Viña del Mar. Aseguran que sí se han hecho reuniones y hay trabajo.

"Se han realizado diversas reuniones con los sindicatos de la parte hortofrutícola y de bazar en el edificio consistorial, con participación de las direcciones de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario, Asesoría Jurídica, junto a la Secretaría Comunal de Planificación y el Área de Operaciones y Servicios, además de visitas a terreno para recoger las distintas necesidades que las mismas dirigentas y dirigentes han priorizado", informaron desde la sede de calle Arlegui.

Explicaron que antes de invierno se realizó una "mantención de los ductos en el sector para prevenir inundaciones que afectaran a los locatarios de la feria. Desde Seguridad Humana se han coordinado diversos operativos con efectivos de la 5ª Comisaría de Carabineros, en los cuales se han cursado 31 infracciones por el comercio ambulante exterior a la feria, 41 decomisos de productos variados e incluso una detención por comercialización de productos falsificados que finalizó con un allanamiento".

Afirmaron que "como municipio se está trabajando en un plan tanto a corto, mediano y largo plazo desde las diversas unidades municipales como con otros órganos de la administración del Estado".

"En seguridad la feria ha estado muy abandonada por parte del municipio".

Andrea Cáceres, Presidenta Comité en Defensa, del Parque Caupolicán

"Hemos mandado dos solicitudes a la alcaldesa, pero tampoco tenemos respuesta".

Luis Rivera, Presidente de la Agrupación

de Emprendedores

Transcurrido un mes de ejecutoriada la sentencia de la Corte de Apelaciones -15 de septiembre pasado-, que falló a favor de los vecinos de Laguna Verde en Valparaíso tras interponer un recurso de protección que buscaba el abastecimiento de agua potable, finalmente el municipio comenzó ayer el proceso de entrega de agua a objeto de cumplir con el mandato del tribunal de alzada.

A primera hora personal municipal llegó hasta el Segundo Sector de Playa Ancha para la carga de los camiones aljibes que iban directamente hacia Laguna Verde para dar abastecimiento a más de 200 familias, proceso que concluyó a las 15.00 horas en el sector de Tierras Rojas. Hoy se reanudará la distribución a las 8.00 horas, según informaron dirigentas del sector que se ha visto seriamente afectado producto de la sequía de los últimos años.

Pobladores manifestaron su beneplácito con la acción y agradecieron los funcionarios municipales por la gestión.

Sobre el proceso, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, dijo que "estamos procediendo a cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones en materia de agua para aproximadamente 256 familias en Laguna Verde. Sin perjuicio de eso, el problema de fondo no se resuelve a punta de camiones aljibes. Nosotros hemos instado en reiteradas ocasiones, tanto a la autoridad nacional como también al Gobierno Regional, a sentarnos a la mesa para buscar una solución de fondo".

El jefe comunal añadió que "algunos plantean que tiene que ser la instalación de una planta desalinizadora y otras inversiones de carácter hidráulico que tienen que realizarse desde otros puntos de la ciudad. Hay que poner recursos y voluntad política para poder resolver definitivamente el problema del agua, no solo en Laguna Verde, sino que de toda la región de Valparaíso".

Siete contenedores

Desde la Municipalidad de Valparaíso informaron que no solo los camiones aljibes estarán para el abastecimiento de agua potable, sino que también se trabaja en la instalación de siete contenedores que tendrán la capacidad de 1.000 litros y serán ubicados en diferentes puntos de la localidad.

El director de la Secretaría Comunal de Planificación, Alejandro Escobar, precisó que "la planificación territorial participativa es clave para la construcción de una ciudad capaz de resolver estas problemáticas que llevan mucho tiempo y que se han ido agudizando. Hay temas de fondo que tienen que ver, no solo con el agua, sino que también con su infraestructura y su desarrollo urbano" y dio a conocer proyectos de inversión de pavimentos y seguridad para mejorar la calidad de vida del lugar.

El abastecimiento al sector fue bien recibido por los vecinos que esperaron por años tener certeza de que el agua que consumían era potable. Paz Salvo Urzúa valoró la situación: "Podremos vivir tranquilos teniendo agua potable, porque en un momento no sabíamos si el agua era potable o si estaba contaminada. Estamos felices porque aparte de nosotros toda la comunidad va a poder tener acceso al agua".

Juan Ortubia reconoció que "esta medida nos ayuda mucho porque utilizamos dos estanques de agua semanales y que nos entreguen uno es algo muy beneficioso".

"Estamos procediendo a cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones en materia de agua".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió solo 46 de las 469 solicitudes de internos de las distintas unidades penales de la jurisdicción que postularon a este beneficio el segundo semestre de este año, lo que equivale al 10% de las postulaciones.

En la ocasión se revisaron las solicitudes y los respectivos informes técnicos elaborados por Gendarmería en cuanto a concurrencia de requisitos exigibles, tras lo cual se otorgó la libertad condicional a internos de los siguientes recintos: Complejo Penitenciario Valparaíso (23), Centro de Cumplimiento Penitenciario Los Andes (2), Centro de Detención Preventiva Quillota (7), Centro de Detención Preventiva Limache (1), Centro de Educación y Trabajo Valparaíso (1), Centro de Educación y Trabajo La Pólvora (2), Centro de Cumplimiento Penitenciario San Felipe (5), Centro de Cumplimiento Penitenciario San Antonio (3) y Centro de Educación y Trabajo Putaendo (2).

La comisión, que sesionó en modalidad remota entre el 5 y 14 de octubre, fue presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro García. La integraron los magistrados Marcela Osorio Páez; Aída Torres Salgado; Manuel Muñoz Chamorro Nora Bahamondes Acevedo; además de la secretaria del tribunal de alzada, Valeska Molina Olguín y el relator coordinador Sergio Pizarro.