Es lógico el temor que recorre el país ante la violencia que se podría desatar hoy en la conmemoración del llamado estallido social del 18 de octubre de 2019. Los hechos de ese día y los siguientes dejaron mucho daño, humano y material, a partir de un discurso de odio que hoy, para algunos que ocupan cargos oficiales, resulta incómodo. El temor se basa en un sentimiento de indefensión social que se percibe ante la falta de un decidido respaldo oficial, político, a Carabineros. El Ejecutivo ha captado esa realidad y ha salido últimamente a expresar su apoyo a la policía uniformada con expresiones recientes del Presidente de la República y ministros. Esta posición fue reiterada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien afirmó que funcionarios policiales cuentan con el apoyo oficial en sus procedimientos e incluso en el uso de sus armas. Después de las duras expresiones del padre del sargento Carlos Retamal, fatalmente atacado en San Antonio, las declaraciones de Monsalve son oportunas y despejan la incertidumbre. Proceden, además, de un funcionario que se ha ganado su credibilidad en los tiempos de la poco acertada titularidad de Izkia Siches en el Ministerio del Interior.

A esas declaraciones se suman los mea culpa de los ministros de Economía, Nicolás Grau; de la Mujer, Antonia Orellana, y Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quienes con ocasión del 18-O habían formulado violentos ataques contra la institución en redes sociales y la petición que veintitrés diputados de la UDI hicieron mediante carta en la cual emplazan al Presidente Gabriel Boric a que ofrezca disculpas a Carabineros por todas estas alusiones. En medio de los temores ciudadanos y del apoyo oficial, quizás tardío, aparece una encuesta decidora según la cual el 58% de las personas aprueba el trabajo realizado por Carabineros el 18 de octubre de 2019. Un segundo sondeo, entretanto, cifra en solo un 27% el respaldo al Presidente Boric. Cifras del momento, opinables, que no se pueden cancelar fácilmente. Pero el apoyo a Carabineros en días críticos -como este 18 de octubre-, no solo puede quedar en las palabras; también se debe expresar en los hechos, dotando a la policía de más elementos para ayudar en la persecución de delitos, como se está haciendo, y defendiendo jurídicamente sus actuaciones para reponer el orden público, cuando aquello corresponda. Del trabajo mancomunado saldrá una institución fortalecida, capaz de hacer frente a las contingencias venideras.

Carabineros debe sentirse apoyado en forma permanente y sincera. Ese respaldo estimula su trabajo decidido y constante en la protección del estado de derecho y de la sociedad en su conjunto, agredida por la violencia política y la delincuencia común.

Es interesante seguir el debate en el congreso sobre electromovilidad actual. La meta está puesta en reducir emisiones de CO2 y, para eso, el foco se ha instalado en potenciar los autos eléctricos en el país. ¿Pero qué más podemos hacer por ayudar al planeta?

Según las cifras más actualizadas del Banco Mundial, América Latina y el Caribe han bajado sus emisiones de CO2 desde 2014 a 2019. En contraposición, Chile las ha aumentado en ese periodo.

Por ende, si el foco de la electromovilidad y del gobierno es reducir emisiones de CO2, hay que sumar más acciones. El alumbrado público, por ejemplo, produce 85 mil toneladas de CO2 por año a nivel global y sólo el 25% usa tecnología LED.

Por ende, vale preguntarse, ¿cuál es el rol del mismo Estado, de la industria y los privados en reducir las emisiones de CO2? Se suma que el alumbrado público consume el 15% del total de la energía producida en el mundo.

Los gobiernos locales, regionales y centrales buscan aumentar la capacidad de alumbrado público porque aporta en la seguridad y calidad de vida de nuestros vecinos y familias. Eso es un beneficio social gigantesco. Entonces, es un deseable avanzar en alumbrado público, pero se puede conseguir reduciendo las emisiones de CO2, descarbonizando la energía que alimenta dicha luz que favorece en la seguridad de tantos.

Debemos hablar de alumbrado público solar (APS). De forma contundente, ya se usa en más de 70 países de Europa, África, Asía y América. Es una energía limpia, disponible y que puede tener una continuidad operacional de años. ¿Cuál sería el peor escenario? La noche más larga, durante un día que dispone de baja radiación solar, pero hoy se ha avanzado para ajustar todo sin caídas ni fallas.

Por eso, me atrevo a precisar que el cambio es más que electromovilidad: es colaboración, es inclusión, es información. Finalmente, es sumar al debate otras opciones que ayudarán a conseguir la meta de reducir las emisiones de CO2 en Chile y el planeta. Si no, sería una acción concreta para una industria particular, loable, de alto impacto positivo para el medioambiente, pero se estaría perdiendo la oportunidad de ir por más.

Es el momento de conversar y profundizar en más soluciones, en frentes diversos y mantener abierto el diálogo público-privado. Más aún cuando de alumbrado público se trata, es el mismo aparato estatal el que puede partir con un ejemplo de clase mundial, extrapolable a otros.