Katherine Escalona M.

Por daños a la propiedad y al funcionamiento del edificio municipal, la Municipalidad de Valparaíso interpuso una querella en contra de quienes resulten responsable por el rayado que se generó al edificio consistorial de Avenida Argentina, que había sido pintado y forma parte de la limpieza de fachadas que impulsa el municipio porteño.

La acción legal la interpuso el alcalde el viernes pasado y da a conocer que "vengo en deducir querella de conformidad al artículo 113 del Código Procesal Penal, en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de daños simples, previsto y sancionado en el artículo 487 del Código Penal, sin perjuicio de otra calificación jurídica".

En la descripción de los hechos de la querella queda establecido que el acto de rayado, que ocurrió el miércoles 11 de octubre, a las 23.15 horas, causó un perjuicio y configura un delito. Esto se anexa a la causa pendiente que hay contra el detenido del caso que fue aprehendido por "personal policial de la Segunda Comisaría (...) por rayados al edificio municipal, por el sector de Canciani con Casablanca".

Por este hecho la persona fue formalizada y quedó en libertad provisoria a la espera de citación, pese a que el acto causó un daño municipal grande. En la querella queda definido que: "Cabe tener presente la importancia del funcionamiento del edificio municipal rayado, en el cual se desempeñan diariamente los diversos servicios municipales, que son utilizados por la comunidad toda de Valparaíso, por lo que el tipo de daño resulta más gravoso tanto material como patrimonial para la ciudad".

Respecto a la acción legal, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aseveró que "el llamado al cuidado y al respeto a Valparaíso es muy importante, pero también las acciones de fiscalización que nos permitan mantener el trabajo que estamos realizando, por eso hemos decidido interponer una acción judicial contra una persona que fue identificada rayando edificios municipales, haciéndole daño al patrimonio público".

Ante la gravedad de los hechos, el jefe municipal porteño manifestó que "nosotros esperamos que más que una multa, lo que exista aquí sea una pena sustitutiva en materia de trabajo comunitario. Que quien rayó, sin ningún sentido, pinte y nos ayude a cuidar Valparaíso".

Ediles destacan acción

La determinación del alcalde fue valorada por los ediles que esperan que éste tipo de acciones lleven a la ciudad a un mejor panorama para la recuperación. El presidente de la Comisión de Seguridad, Dante Iturrieta (UDI), precisó que "claramente es el camino correcto si queremos recuperar Valparaíso. Se deben tomar todas las acciones judiciales y de cuidado que lleven a entregar seguridad y que resulte agradable transitar por la ciudad en general".

Iturrieta afirmó que "el hecho de presentar querellas por rayados, actos de vandalismo o iniciativas que atenten contra el bien común y que se castigue a los culpables con penas ejemplificadoras, es lo que la comunidad ha estado solicitando desde hace mucho tiempo y no se le había escuchado. Lamentablemente, se esta reaccionando tarde, a mi juicio, pero como se dice popularmente más vale tarde que nunca".

Mientras el concejal independiente, Vladimir Valenzuela, destacó el programa municipal e hizo un llamado a que los privados cuiden las edificaciones. Detalló que "quiero resaltar el proyecto de pintura de fachadas gestionada por la alcaldía" y puntualizó que "para evitar rayados, además de instrumentos legales es importante reforzar la participación de los propietarios e instituciones en la mantención de sus propiedades y masificar la acción de muralistas, definir zonas reguladas para muralismos, definiendo también zonas de protección".

"Esperamos que más que una multa, lo que exista aquí sea una pena sustitutiva en materia de trabajo comunitario".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

"Claramente es el camino correcto; si queremos recuperar Valparaíso se deben tomar todas las acciones judiciales".

Dante Iturrieta, Pdte. Comisión de Seguridad

Ayer, en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, comenzó el juicio oral contra un paramédico que habría asesinado a un colega en el hospital Gustavo Fricke de la Ciudad Jardín. El hecho ocurrió el 28 de abril de 2020, cuando el acusado, Diego Toro Rivera, apuñaló en reiteradas oportunidades a la víctima.

En audiencia, el acusado accedió a declarar. Antes de su intervención el abogado defensor, Matías Mundaca, expuso que su representado tiene una patología psiquiátrica y bajo esta condición habría cometido el homicidio. Precisó que "al momento de la ocurrencia de los hechos el acusado estaba cursando un episodio de trastorno psicótico esquizomorfo, por lo que se hallaba privado completamente de razón por razones ajenas a su voluntad".

Mundaca añadió que "en la propia audiencia de control de detención y formalización se le derivó al módulo 117 que es la Unidad Psiquiátrica Forense del Hospital Psiquiátrico del Salvador que funciona en el centro de detención preventivo de Valparaíso. El propio Hospital Gustavo Fricke, en su hoja de atención de urgencia, digamos, le administró antipsicóticos de alta intensidad (...) por cuanto claramente se encontraba bajo los efectos de este cuadro psicótico", hechos por lo cual busca una "imputabilidad disminuida".

Pruebas de fiscalía

La fiscal Romyna Ahumada, en tanto, acotó que "aquel día 28 de abril del año 2020, a las 11.30 horas aproximadamente, en dependencias del Hospital Gustavo Fricke, el acusado don Diego Toro Rivera apuñaló en reiteradas oportunidades a la víctima, ocasionándole lesiones que finalmente le provocaron la muerte".

En el juicio, dijo Ahumada, "presentaremos prueba testimonial a fin de acreditar qué fue lo que pasó el 28 de abril del 2020 en el Hospital Gustavo Fricke (...), presentaremos además prueba testimonial de funcionarios policiales que darán cuenta de todas las diligencias investigativas, también ilustraremos con fotografías y es de especial relevancia para el Ministerio Público la prueba pericial".

"En el Hospital Gustavo Fricke el acusado (...) apuñaló en reiteradas oportunidades a la víctima".

Romyna Ahumada, Fiscal del caso

El directorio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) presentó ayer un oficio dirigido al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, solicitando la suspensión del dictamen que obliga a los municipios a traspasar a los trabajadores a honorarios a la modalidad de contrata, ante la incapacidad presupuestaria para absorber dicho cambio y la necesidad de continuidad de los servicios municipales para la comunidad.

Alcaldes afirman que el dictamen, además de poner en riesgo la continuidad de miles de personas contratadas a honorarios, podría afectar el presupuesto para inversión y/o directamente en la entrega de beneficios a vecinos de las respectivas comunas que, en este contexto inflacionario, lo requieren con mayor necesidad que nunca.

A lo anterior se debe contemplar a las personas contratadas para los servicios de salud y educación, un número no menor de personas por municipio, que tensará aún más este contexto y el presupuesto limitado con el cual los municipios cuentan; más aún, cuando el reciente presupuesto de salud de la atención primaria se incrementó tan sólo en $100 por persona, lo que obliga a los municipios a aumentar sus aportes para estos servicios.

El alcalde de Zapallar y presidente de Amuch, Gustavo Alessandri, indicó que "los alcaldes de Chile no estamos en contra de que se mejoren las condiciones laborales para las personas que son honorarios. Muy por el contrario, nos gustaría tener el presupuesto para poder mejorar, sin embargo, este dictamen se realizó sin un estudio previo de las implicancias jurídicas y económicas que tendría su aplicación. El presupuesto municipal debe financiar servicios, no podemos dejar a los vecinos sin ellos".

El directorio de Amuch se reunirá la próxima semana con Subsecretario de Desarrollo Regional para optimizar una salida vía presupuesto de la nación para absorber este cambio a través de una reforma legal con apoyo de la Bancada Municipal.