El tercer aniversario de las revueltas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019 dio pie a reflexiones de todos los sectores políticos, partiendo por el del Presidente Gabriel Boric, y transversalmente coincidieron en que el país está "peor" que hace tres años en lo social, económico e institucional, con un proceso constitucional estancado y un fracaso a cuestas tras el 4 de septiembre pasado.

Temprano, Gabriel Boric, uno de los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que propició una salida a la crisis, reconoció desde La Moneda que "el estallido social fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas, destructivas, que también han dejado víctimas y secuelas, y desde todas las posiciones políticas tenemos que decirlo con claridad, esa violencia se volvió contra las propias causas del estallido al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad".

Al mismo tiempo el Mandatario apuntó que "el estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuestas".

"Cuando leemos el estallido sólo para reafirmar nuestras concepciones estamos eludiendo su mensaje y enseñanza. Como Presidente de Chile no voy a cometer ese error y estamos trabajando desde nuestro Gobierno y las fuerzas políticas que nos apoyan para no caer en lo mismo", agregó.

Respecto de la actuación de las fuerzas policiales, calificó ese período como "doloroso", por las "violaciones a los derechos humanos, mutilaciones oculares, abusos sexuales, hasta muerte". "No son aceptables y no pueden volver a ocurrir", agregó y mencionó que "a la vez, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el control del orden público en el Estado de derecho. No hay una dicotomía en eso".

Empeoramiento social

Así como Boric admite que la violencia y las demandas se mantienen desde 2019, la clase política apuntó a un empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en el país.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), afirmó que "estamos en peores condiciones como país que hace tres años. Ese es un hecho y nuestro deber es contribuir a sacar a nuestro país adelante, dejando atrás las pequeñas ventajas políticas. Hay que aprender las lecciones del pasado. Quienes queremos a nuestra patria y queremos lo mejor para nuestro futuro seremos capaces de contribuir con un granito de arena para ir sanando esas heridas".

Desde la oposición, el timonel de la UDI, Javier Macaya, presentó el documento "Chile Retrocedió" y coincidió en que "hoy nuestra reflexión es que no hay nada que celebrar; nuestra reflexión es que Chile ha retrocedido en los últimos tres años, en cualquier indicador que se analice, hoy somos más pobres".

Macaya acusó que "hay más de 100 fiscales dedicados a la persecución penal de Carabineros de Chile, partiendo por el general (director) Ricardo Yáñez", y criticó que le llama la atención que Boric, "en una actitud más bien de comentarista, transmita, más que el perdón que se le debe a Carabineros, que es importante encontrar reparaciones a las violaciones de los derechos fundamentales de las personas que en el enfrentamiento con carabineros sufrieron heridas".

Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya dijo que "es lamentable que el Presidente Boric continúe validando el octubrismo, vinculando las legítimas demandas de los chilenos con la violencia insurreccional propiciado por la ultraizquierda".

En este contexto, la senadora independiente Fabiola Campillai pidió al presidente, Gabriel Boric, otorgar indultos "caso a caso", ante el nulo avance en el Congreso del proyecto de Amnistía a los denominados presos del estallido social. "Tuve la esperanza de que este proyecto de ley de Amnistía pudiese sacar a nuestros presos de las cárceles, pero al poco anda me di cuenta de que los votos no estaban (...) el camino de los indultos particulares daría el primer paso a terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de Derechos Humanos", pidió.

Hechos de violencia

Pese a todas las reflexiones que apuntan contra los hechos de violencia, desde temprano hubo desmanes en distintas ciudades del país.

En Santiago cerca del mediodía ya se habían encendido barricadas en el sector de Plaza Baquedano, lo que generó escaramuzas entre violentistas y Carabineros y obligó a cerrar estaciones del Metro.

Luego hubo ataques a equipos periodísticos, el copamiento policial que mantuvo Plaza Baquedano sin manifestantes hasta las 19 horas luego cedió y en las cercanías delincuentes quemaron un camión repartidor, otros saquearon al menos siete locales comerciales y otro grupo apedreó una micro en el sector Bellavista, causando pánico entre los pasajeros. Otros dos buses fueron secuestrados en Puente Alto.

Al cierre de esta edición, el ministerio del Interior informó que hubo 18 focos de desórdenes en 12 regiones, que 2.300 personas participaron en "protestas pacíficas" y "solo 700" salieron a cometer delitos.

El presidente Gabriel Boric acaba de declarar -apenas ayer, cuando se conmemoraron lo que podríamos llamar los "acontecimientos de octubre"- que lo que ocurrió no fue una revolución anticapitalista, sino que se trató de la expresión de "dolores y fracturas", esta fue la expresión que usó, de la sociedad chilena.

Hay que alegrarse de que esas palabras insinúen un tránsito desde el entusiasmo de la transformación total (de la que fue una buena expresión el proyecto constitucional empeñado en crear un Chile feminista, ecológico, no extractivista, antineoliberal y etcétera) a una versión más sobria de lo que se reveló en octubre. Cuando los objetivos y el diagnóstico son más sobrios y contenidos, como los que acaba de expresar el presidente, la realidad se ve con mayor claridad y mayor realismo, sin grandes deformaciones provocadas por el entusiasmo moral como le ocurrió a tanta gente (y no solo de la izquierda) luego de octubre.

Porque el entusiasmo utópico y moralizante (la idea que la realidad es injusta e inmoral y debe ser prontamente corregida) conduce a demasías, muchas de ellas violentas, como se vio en octubre y se ha visto en los días, semanas y meses que le siguieron. Después de todo, cuando se cree que la realidad es sucia y abusadora, una suma de estafas y de timos, de despojos violentos (como se cree por los grupos radicalizados de la Araucanía) ningún precio es demasiado alto y ningún esfuerzo demasiado para cambiarla.

Así entonces cuando el presidente comienza a morigerar el diagnóstico de lo ocurrido en octubre, no solo está emitiendo una opinión (que viniendo del presidente Boric ya es importante) sino que está orientando la reflexión y la acción y las políticas que debieran seguirle en un sentido distinto al que hasta ahora parecía haberse emprendido: desde la transformación total inspirada en diagnósticos globales (el cambio del capitalismo, el abandono de la sociedad de mercado, el fin de la vida concebida mercantilmente) a una mejora incremental centrada en los malestares, de diversa índole, que se manifestaron en octubre y que, aunque cueste creerlo, y mal que pese, son el fruto paradójico de la propia modernización: una mejor distribución del riesgo de la vejez y la enfermedad, mejora de la vivienda, atención a los grupos de inmigrantes, control del orden público, recuperación del monopolio de la fuerza en el sur.

Por supuesto esos objetivos y su logro no alcanzan la estatura de una épica ni de una revolución; pero son el tipo de cosas que la ciudadanía esperaría de un gobierno de izquierda preocupado de las grandes mayorías y no solo ocupado de alcanzar un papel redentor en la historia.

El presidente Boric (el presidente, no necesariamente todas las fuerzas que lo apoyan) puede encontrar aquí una agenda gubernamental que oriente su quehacer. Y es probable que el presidente así lo haya entendido. De ser así estaríamos asistiendo a un cambio en el rol que él ha alcanzado en la sociedad chilena. Como dirigente estudiantil y más tarde como diputado, ajizó a la opinión pública recordando una y otra vez los malestares que la aquejaban; pero ahora no es ni dirigente estudiantil, ni un Diputado más. Es ahora un político que tiene en sus manos el control del estado y que sabe que -sin renunciar al horizonte que lo anima y entusiasma- su tarea actual es proveer los bienes más básicos y modestos que aseguran y hacen posible la vida social.

Es la servidumbre del político de veras: atender la realidad, y encarar sin quejas el feo rostro de las circunstancias.