Gonzalo Rojas Misle

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Quintero manifestaron su preocupación por la seguridad de los voluntarios, acusando graves hechos de violencia y ataques sufridos durante el combate de emergencias al interior de asentamientos irregulares de la comuna

De esta manera, los últimos episodios denunciados por la institución ocurrieron el pasado 16 y 17 de octubre, cuando fueron amenazados con varios tiros de armas de fuego en la vía pública, mientras controlaban la propagación del fuego en una toma de la comuna, específicamente en la intersección de las calles Laso con Luis de la Cruz.

A través de un comunicado público indicaron que, para enfrentar el problema de seguridad, han dispuesto "una serie de acciones tácticas que buscan garantizar la integridad física del personal bomberil" al momento de llegar a zonas conflictivas.

Ello, debido a que advirtieron que en el último tiempo han experimentado un aumento en los eventos de violencia durante el combate de incendios en sectores complejos de la comuna, lo que "ha significado exponer a nuestro personal a situaciones de balaceras y agresiones, que claramente no garantizan un trabajo efectivo por la inseguridad del sector".

Resguardo policial

Asimismo, desde Bomberos de Quintero aseguraron que "las unidades de bomberos llegarán a los sectores de asentamientos irregulares y campamentos solo con la garantía del resguardo policial y control de orden público".

También reclamaron que "deben existir garantías del Estado en garantizar el orden público y la seguridad de nuestro personal".

De esta forma, reclamaron que "nuestros equipos están certificados para una atención de incendios estructurales, no así para emergencias donde existe el riesgo de exponerse a la trayectoria de proyectiles balísticos.

Por su parte, el superintendente de Bomberos de Quintero, Daniel Torres, señaló que "efectivamente nos preocupa la escalada de violencia que se están dando en determinados sectores de la comuna, lo que claramente incide en la seguridad de los bomberos".

Apuntan al Gobierno

En tanto, el director de seguridad de la Municipalidad de Quintero, Patricio Aranibar, aclaró que respecto al hecho denunciado "existió un enfrentamiento entre grupos de sujetos cuya actividad es materia de investigación por parte de la Fiscalía", añadiendo que la situación "ha traído la comisión de diversos ilícitos, disparos injustificados e incendios, entre otros".

En ese sentido, Aranibar enfatizó que respecto a la responsabilidad de "la seguridad pública es del Estado de Chile, específicamente del Gobierno", agregando que a nivel municipal "nosotros realizamos nuestro trabajo en materia preventiva y coordinación con las policías en esta materia".

Detienen a menor

En relación al presunto autor del incendio que afectó a dos viviendas de material ligero, Carabineros informó que fue detenido un menor de 15 años, quien además habría realizado disparos en la calle. Durante este procedimiento se incautó clorhidrato de cocaína y un chaleco antibalas, resultando una segunda persona aprehendida. Ambos pasaron a control de detención.

Sin embargo, según información policial, fueron alrededor de cinco los sujetos que habrían incendiado los dos inmuebles junto con efectuar disparos.

Cabe destacar que producto de estos hechos delictuales, resultó una persona con herida a bala, situación que de acuerdo a la investigación penal se presume que estaría relacionada a la ocurrencia de enfrentamientos entre bandas rivales al interior del asentamiento ilegal de Quintero.

"Nos preocupa la escalada de violencia que se están dando en determinados sectores de la comuna".

Daniel Torres, Superintendente de Bomberos

La Armada informó ayer la composición del Alto Mando 2023, nómina que fue propuesta por el comandante en jefe naval, almirante Juan Andrés de la Maza y aprobada por el Presidente Gabriel Boric. De acuerdo a esa definición, nueve oficiales pasan a retiro, entre ellos los vicealmirantes Alberto Soto, Carlos Huber y Ramiro Navajas Santini, además de los contraalmirantes Cristián Araya, Jorge Parga y Fernando Le Dantec.

En tanto, tres oficiales ascienden al grado de vicealmirantes, nueve suben al grado de contraalmirante y cuatro serán investidos como comodoros.

En representación de la institución, el almirante De la Maza agradeció el profesionalismo, lealtad, compromiso y alta vocación de servicio de los oficiales generales que pasan a retiro, así como felicitó a quienes serán ascendidos.

Prizona

Como comandante en jefe de la Primera Zona Naval asumirá el contraalmirante Juan Pablo Zúñiga Alvayay, especialista en Estado Mayor y con paso por la embajada de Chile en España donde se desempeñó como inspector técnico de la construcción de los submarinos Clase Scorpene.

Como director general de Territorio Marítimo y Marina Mercante, asumirá el vicealmirante Fernando Cabrera Salazar, ingeniero en Armas, mención en Artillería y Misiles. Graduado del curso de oficial de Operaciones de SWOSCOLCOM Newport, EE.UU., quien hasta esta fecha se encontraba liderando la Primera Zona Naval.

Como jefe del Estado Mayor General de la Armada se mantuvo el vicealmirante Yerko Marcic Conley; como comandante de Operaciones Navales asumirá el vicealmirante José Luis Fernández Morales y de director general de los Servicios, queda el vicealmirante Pablo Niemann Figari.

Una querella por los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y negociación incompatible presentaron los concejales de Rinconada Carlos Montenegro (Ind.), Juan Castillo (DC) y Miguel Tamaya (PS), en contra del alcalde de la comuna, Juan Galdames (Ind./Chile Vamos), y el director de la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla), Hernán Espina, acción judicial que tiene su origen en las compras de dos terrenos que en total suman $1.895 millones, y derechos de agua por $660 millones, las que acusan como irregulares.

En la querella se expone que "estas negociaciones se desarrollaron sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 8 número 1 de la Ley 20730 (Ley del Lobby), y tampoco se dio cumplimiento a la licitación pública"

Asimismo, el escrito advierte "inexistencia de proyectos de inversión concretos que sirva de base, en cuanto interés público comprometido, que justifiquen la compra de los inmuebles y consecuentemente la ausencia de licitación pública para los mismos y la completa falta de antecedentes claros y concretos acerca de los inmuebles a adquirir, tales como cabida, deslindes, títulos etc."

La querella también da cuenta de "las afirmaciones del querellado Hernán Espina Espinoza, como Secpla municipal, en orden a que el terreno de las Bandurrias accedería en un bien nacional de uso público, lo que no es efectivo, afirmación que plasmaría en una certificación falsa otorgada en su calidad de Director de Obras (s), de fecha 30 de marzo de 2022, la que configura el delito de falsificación de instrumento público, en la especie falsificación ideológica".

Asimismo, "se reitera por parte del alcalde Juan Galdames la compra de derechos de agua provisorios de 120 litros por segundo, en la suma de $660.000.000, conforme a una tasación de $5.500.000 el litros por segundo, en circunstancias que no se encuentran inscritos en el conservador de bienes raíces en favor del vendedor, no existiendo un título de dominio que acredite la propiedad de ellos por parte del mismo y además que, conforme la promesa de compraventa éstos se han reducido a 35 litros por segundo".

El abogado que representa a los concejales querellantes, Matías Mundaca, explicó que el delito más grave es el de fraude al Fisco, que contempla presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, el cual sería reiterado al ser tres compras al mismo vendedor y al mismo tiempo. La pena es de cárcel, con cumplimiento efectivo e iría desde 5 años y un día hasta 10 años y un día. El jurista destacó que, entre las pruebas que aportarán, "hay documentación oficial de organismos del Estado que acreditan que se falsificaron documentos públicos, hay tasación sobrevalorada, pagos por derechos de agua que no existen".

"Se falsificaron documentos públicos, hay tasación sobrevalorada, pagos por derechos de agua que no existen".

Matías Mundaca, Abogado de los querellantes