Acciones judiciales deben mantenerse
La defensa urbana en tribunales debe ser una política municipal para proteger a la ciudad de los rayados y el daño que la degradan. Y no se trata únicamente de respetar la ciudad, se trata también de respetar a sus habitantes y a esos voluntarios que han estado, brocha en mano, mejorando fachadas víctimas de los bandidos del spray o de los "octubristas".
"Más vale tarde que nunca". Acertada afirmación del concejal porteño Dante Iturrieta (UDI) ante la querella presentada por el alcalde Jorge Sharp contra los responsables del rayado de un recién pintado edificio municipal. El jefe comunal interpuso una acción tras el atentado contra el frontis del inmueble ubicado en la Avenida Argentina, donde funcionan oficinas municipales. El ataque fue perpetrado el día 11 y hubo un detenido, formalizado y luego dejado en libertad. Afirma la presentación que los rayados afectan a un edificio donde funcionan servicios que son utilizados por toda la comunidad de Valparaíso "por lo que el daño resulta más gravoso tanto material como patrimonial para la ciudad". En su declaración, Iturrieta -presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal- afirma que la acción del alcalde, aunque tardía, "es el camino correcto si queremos recuperar Valparaíso. Se deben tomar todas las acciones judiciales y de cuidado que lleven a entregar seguridad y que resulte agradable transitar por la ciudad". ¿Será mucho pedir eso de la seguridad?
El tema es bastante más amplio que el de los rayados, pero por algo hay que comenzar y que no sea únicamente una "partida de caballo inglés". Las acciones ante los rayados y el daño a los espacios públicos y privados que ocasionan deben mantenerse en el tiempo, pues si no son parte de una constante política de defensa urbana, todos los esfuerzos por mejorar la fisonomía de la deteriorada ciudad serán tiempo, esfuerzo y dinero perdido.
Y no se trata únicamente de respetar la ciudad, se trata también de respetar a sus habitantes y a esos voluntarios que han estado, brocha en mano, mejorando fachadas víctima de los bandidos del spray o de los octubristas de los últimos días. Dentro del espíritu de protección de la ciudad es importante la afirmación del concejal independiente Vladimir Valenzuela, quien postula "definir zonas reguladas para muralismos (término generoso para los rayados), definiendo también zonas de protección". La acción judicial iniciada por el alcalde, aun cuando refiere sólo a un edificio municipal, debería constituirse en una advertencia poderosa contra aquellos que noche a noche salen a emporcar la ciudad. De acuerdo a la ley, es posible que la sanción contra el o los responsables sea baja, pero ello no puede desalentar al ánimo persecutorio que debe primar en defensa de la ciudad y de su proclamada condición patrimonial. Junto a esta acción, también es posible que, en un arranque de entusiasmo legislativo, se profundicen las normativas vigentes y se establezcan, tal como ocurre en otros países, sanciones gravosas contra los autores de aquellos ataques que, más allá de daño material, terminan lesionando el alma de la ciudad.