El sector turismo ha manifestado su inquietud ante las disposiciones que limitan la jornada laboral semanal a 40 horas. Posición atendible teniendo a la vista la condición del trabajo en ese rubro de características propias. Tanto los empresarios como parlamentarios de diversos sectores están de acuerdo en la necesidad de una gradualidad y flexibilidad en la aplicación de la norma, que forma parte del catálogo programático del Presidente Gabriel Boric.

Independientemente de las características propias del turismo, actividad 24/7, se deben tener en cuenta las condiciones actuales tras la violencia de 2019, la pandemia y las zozobras institucionales y económicas vigentes.

Estas condiciones afectan especialmente a ese sector, vital en la economía de la Región de Valparaíso.

Afirma el diputado RN Andrés Celis que "si estuviéramos abordando esta iniciativa en un contexto de estabilidad económica, su aplicación sería mucho más fácil; sin embargo, en este escenario tan complejo corresponde absolutamente apoyar y exigir una gradualidad en la aplicación". Plantea el parlamentario la incorporación al proyecto de "elementos de adaptabilidad que permitan contener el turismo pequeño, con especial apoyo a estos últimos por parte del Estado".

Tomás de Rementería, diputado socialista, es partidario también de conciliar la iniciativa oficial con el sector turismo "que ha sufrido mucho y tiene características propias". En tanto, el diputado comunista Luis Cuello sostiene que "existirá una gradualidad de cinco años para que entre en régimen la reducción de jornada, tiempo suficiente para que el turismo se adapte".

La materia tiene muchas aristas, tanto para el turismo como para otros sectores. La jornada laboral de 40 horas aparece de fácil aplicación en condiciones normales, pero en la situación actual y con proyecciones de un crecimiento económico negativo su implementación es compleja.

La aspiración de reducir la jornada es atendible, pues se debe considerar no solo el descanso y la vida familiar, sino que también el tiempo que el trabajador destina al transporte, lapso generalmente prolongado debido a la mala calidad de la movilización y congestión de las vías.

Con todo, es necesario que en el debate parlamentario del proyecto se escuchen las observaciones de las organizaciones gremiales del turismo que llaman a mirar con realismo las condiciones del sector y lograr su aplicación flexible.

Y realismo significa considerar que la reducción de jornada podría significar hasta la desaparición de algunas empresas y, consecuentemente, la perdida de fuentes de trabajo. Así, flexibilidad y gradualidad son fundamentales para dar tiempo a la adaptación del sector, sin dejar de lado también la posibilidad de algún apoyo estatal para asumir los mayores costos que pudieren significar la norma de una semana laboral de 40 horas.

Los representantes de las distintas fuerzas políticas avanzan en la definición de las bases o principios a tener en cuenta para la elaboración de un nuevo texto constitucional y lo hacen en un contexto que en general parece de entendimiento y buena voluntad, teniendo a la vista que esta será seguramente la última oportunidad para tener una nueva Carta política que represente el sentir mayoritario de la ciudadanía. Es verdad que en estas tratativas se han abordado algunas cuestiones de fondo o más bien sustantivas que en estricto rigor debieran ser parte de la discusión constituyente propiamente tal, aspectos como la forma del Estado (Estado Unitario) o el reconocimiento y tutela de ciertos derechos y libertades (como el derecho de propiedad, la libertad de conciencia o la igualdad, dan cuenta de aquello). Sin embargo, existen razones para haber llegado hasta aquí.

El triunfo por sobre un 60% de la opción que rechazó la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, indudablemente generó un efecto atenuador en las aspiraciones refundacionales de algunos sectores. No obstante, estas disminuciones de expectativas transformadoras no deben llevarnos a confusión; las causas del estallido social están aún muy presentes en la sociedad chilena, lejos de superarse o disiparse. La desigualdad, la concentración de la riqueza, la desafección hacia las instituciones y la desconfianza hacia los mercados están muy presentes y de seguro se harán más patentes en un contexto de contracción económica como el actual. Por ello, el definir antes de entrar en la elaboración del nuevo texto constitucional un modelo de Estado social y democrático de derechos, si bien invade las funciones propias de una futura instancia constituyente, es una buena señal hacia donde debe encaminarse la reflexión constitucional por cuanto le impone al Estado y sus organismos, una participación activa en el aseguramiento de los derechos sociales para disminuir las inequidades que persistentemente afectan nuestra convivencia.

El Estado social y democrático de derecho se sustenta en el principio de solidaridad y en la redistribución como elementos que buscan la corrección de las desigualdades. Asume que el Estado es un actor relevante en el quehacer social y por consiguiente interviniente en las distintas esferas de la comunidad como la economía; entiende que los poderes públicos y en especial el Ejecutivo asumen la responsabilidad de otorgar a los ciudadanos prestaciones y servicios adecuados para la satisfacción de las necesidades vitales, lo que la doctrina alemana denominó la "procura existencial".

Es decir, este modelo reconoce al mercado, no reniega de él; sin embargo, éste se encuentra supeditado al Estado, con una fuerte interacción entre ambos. La subsidiariedad es reemplazada por la solidaridad y el Estado contribuye al diseño e implementación de políticas públicas tendientes a disminuir desigualdades, democratizando la sociedad.

Por ello, el proceso constituyente no puede ser entendido como un simple maquillaje al diseño institucional que hoy nos rige, debe entenderse como la necesidad de tener un nuevo texto político. En mi opinión, la consagración de un Estado social y democrático de derecho avanza hacia esa dirección.