Aún faltan días para que termine, pero la última semana de octubre ha estado llena de señales políticas sobre la impaciencia que provoca en los alcaldes la lentitud del Gobierno en la aplicación de medidas más efectivas contra la delincuencia. La Asociación de Municipalidades de Chile, liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, planteó ayer la necesidad de aplicar la expulsión inmediata a los extranjeros detenidos por delinquir en nuestro país. Expulsión administrativa y prohibición de entrada por cinco años son las dos propuestas que levantó públicamente la Amuch. Algo más conciliadores, los jefes comunales de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso se reunieron con la delegada presidencial, Sofía González, para reiterar la petición de reforzar la dotación de Carabineros en sus comunas y la necesidad de aterrizar los planes de seguridad anunciados por el Ejecutivo a un nivel territorial menor e identificar las necesidades particulares de cada comuna. Pese a la moderación de la cita, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, sinceró en un par de frases la situación que aqueja a los jefes comunales: "Se nos están traspasando peligrosamente responsabilidades que no nos corresponden. Eso debe quedar muy claro, porque hoy se le está traspasando desde la ciudadanía a las municipalidades responsabilidades que les corresponden al Ministerio del Interior, a las policías y a la PDI".

Conocedores de la realidad local y de las carencias policiales, los alcaldes se sienten desamparados ante el rápido avance del crimen organizado y ven con recelo la creciente presión de sus vecinos, que están atemorizados por los violentos hechos que azotan las calles. El Índice 2022 elaborado por la Fundación Paz Ciudadana describe claramente el problema que aqueja a los alcaldes: aun cuando las cifras de robo se han mantenido estables desde 2019, el alto temor ciudadano alcanzó su mayor nivel en 22 años (28%). En esa misma línea, el 59% de los encuestados declara haber reforzado la seguridad de su casa, el 71% ha dejado de salir a ciertas horas y el 75% no va a algunos lugares para no ser víctima de la delincuencia. ¿Qué impulsa estas conductas? La violencia extrema de algunos delitos, principalmente los homicidios.

Un caso distinto es el show levantado por el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, al bloquear los accesos de su comuna como reclamo abierto y público contra el Gobierno. Cuando acude a medidas ilegales para expresar desesperación, logra la atención de los medios -a exactos dos años de las próximas municipales, un impacto de ese calibre suma votos-, pero pone a los ministros en una posición difícil para darle la razón y resolver la petición concreta de otorgar mayor contingente policial a Puchuncaví. También complica la gestión de otros municipios, que buscan cambiar la mirada que hay del problema a nivel local.

Quizás es exagerado hablar de una rebelión de los alcaldes, pero su levantamiento por un tema en el cual no tienen mayores competencias pone sobre la mesa la necesidad de repensar el rol que juegan en el combate a la delincuencia.

Ha sido una semana de señales confusas y equívocas para quienes defendemos y trabajamos por robustecer la educación municipal. A la incertidumbre respecto a la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) se suman dudas respecto a la continuidad del programa Liceos Bicentenario, la política educativa que desde el año 2010 tiene por objetivo "alcanzar, recuperar y/o mantener estándares de calidad en establecimientos educacionales seleccionados".

Esta semana el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció el término del programa. La noticia nos dejó incrédulos. ¿Por qué prescindir del programa si funciona bien, cumple sus objetivos y es un aporte a educación pública? La situación es similar a cuando se anunció la puesta en marcha de los SLEP con el ánimo de estandarizar la educación. Hemos solicitado vía oficio al ministro que ponga pausa a la implementación del proceso hasta evaluarlo, pero su respuesta fue dejarnos a la espera de una ley miscelánea o un decreto que aún no ha sido tramitado. Frente a este nuevo anuncio del Ministerio de Educación procedemos de igual manera, solicitando que el programa se evalúe antes de intervenirlo y esperamos que esta vez llegue una respuesta concreta y satisfactoria.

Estábamos en eso cuando el ministro vuelve a hacer declaraciones en la prensa y matiza la decisión inicial. Los liceos Bicentenario no van a desaparecer, pero el programa no recibirá nuevos colegios. ¿Improvisación?

En Limache, por ejemplo, el colegio municipal Pasión de Jesús fue seleccionado y nombrado emblemático en agosto del año pasado y recibió 170 millones de pesos para concretar mejoras estructurales, adquirir equipamiento para implementar tecnología y acceder a capacitación para aumentar las competencias respecto a metodologías de aprendizaje. El trabajo educativo que se realiza en el establecimiento municipal es modelo e inspiración para otros colegios de la comuna que aspiran a estándares más altos de enseñanza y aprendizaje y toda la comunidad escolar está comprometida con la excelencia del proyecto educacional y el cuidado de sus instalaciones. La denominación obtenida es un valor que presumen con orgullo.

Desde regiones nos esforzamos por hacer las cosas bien y nos preocupa que la autoridad que debe velar por mejorar la educación municipal no tenga claro cómo proceder respecto a ese único y tremendo desafío. Sugiero poner atención en aquellas situaciones, acciones o iniciativas que derechamente no funcionan, en vez de improvisar e intervenir en lo que no es necesario atender. Se requiere optimizar los recursos públicos en beneficio de las y los estudiantes.