Inspirado en el Hogar de Cristo, la obra del sacerdote jesuita Alberto Hurtado, nace en Valparaíso el Refugio de Cristo. El Hogar de Cristo fue creado en 1944, su fundador falleció en 1952, cuando ya su iniciativa había alcanzado gran proyección social. Con ese mismo ánimo de servicio, el 29 de noviembre de ese año, a meses de la muerte del jesuita, es fundado el Refugio de Cristo, gracias al entusiasmo de un sacerdote diocesano, el padre Rene Pienovi Massafierro.

Pienovi, un hombre de las comunicaciones que se había hecho popular a través de un espacio radial vespertino en Radio Cooperativa, captó a través su trabajo apostólico las graves carencias sociales que se presentaban en la ciudad y que especialmente afectaban a la niñez.

Su iniciativa debió sortear el escepticismo y también interrogantes al interior de la misma Iglesia. No se podía olvidar que el jesuita Alberto Hurtado, hoy canonizado, fue objeto de críticas por el estilo de su trabajo social allá por los años 40 del siglo pasado. Así, Pienovi tuvo que despejar dudas sobre su proyecto hasta lograr finalmente la aprobación del entonces obispo de Valparaíso monseñor Rafael Lira Infante, de tendencia conservadora.

En lo material la empresa no era fácil, pero consiguió una sede en el corazón del bravo barrio Puerto, una vieja casona en calle Santiago Saverín. Era ese lugar la primera línea del frente de la batalla, de lucha por el rescate de niños abandonados.

La obra prendió y logró expandirse gracias a la generosidad de muchos y algunos aportes públicos. La figura misma de Pienovi y su entusiasmo fueron factor determinante en el crecimiento. A su fallecimiento, quedó a cargo de la dirección del Refugio el sacerdote Jorge Bosagna, quien debió abordar una compleja situación coyuntural, gran desarrollo con presencia en la educación técnico profesional y también colaboración con el Estado en la atención de menores en situación irregular.

Tras el retiro de Bosagna, años 2015, fue designado como director del Refugio de Cristo el conocido sacerdote Enrique Opaso quien identifica los nuevos los cambios que asume la institución. "En Chile no hay niños pobres como había en los años 50. Hoy su gran problema es la salud mental", afirma. Está en lo cierto. La violencia reinante es una expresión de ese "gran problema". Y hay carencias para atenderlo, señala. A la vez, el Refugio se está ocupando de la tercera edad.

La tarea en grande, pero los recursos faltan y la subvención estatal, advierte, "es cada vez más insuficiente". Además, la tradicional ayuda del empresariado va perdiendo fuerza. Plantea que si los recursos no dan para una atención de excelencia a los niños "tenemos que entregar el proyecto al Estado". Gran pérdida, pues el Refugio de Cristo ha sido exitoso en el rescate de niños y adultos llevándoles a la dignidad que se merecen.

En el reciente XV Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal que abordó "Sistemas de Justicia en la Constitución", organizado con la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, sostuve que el nuevo ciclo del proceso constitucional determinará las bases de nuestro ordenamiento jurídico para las próximas décadas, consagrando el catálogo de derechos y libertades de las personas. De este modo, se definirán por una parte nuestros derechos individuales como también los límites del poder del Estado frente al individuo.

En nuestra área se expresa con mayor intensidad la tensión subyacente entre el poder estatal y la esfera individual, ya que es en razón del derecho penal y sus actuaciones procesales que se autoriza legítimamente la afectación de derechos esenciales, mediante la aplicación de medidas cautelares o condenas que restringen o privan de libertad a las personas.

La forma en que la nueva Carta Magna establezca la orgánica y estructura de la judicatura, consagre el alcance de la tutela judicial efectiva de las personas y defina el contenido de las garantías que corresponden al imputado en el marco del proceso penal, impactará de manera determinante en el resguardo de la libertad personal y seguridad individual.

Somos una institución vinculada a la materialización de los derechos fundamentales, ya que cumplimos la función de garantizar su concreción en el marco de un proceso penal, resguardando los derechos y garantías de la persona contra la cual se dirige el procedimiento, desde su primera actuación y hasta la completa ejecución de la sentencia.

El derecho de defensa se expresa en el rol que le corresponde al defensor penal público en las distintas etapas del proceso, a lo que se suma la necesidad de responder a los requerimientos de los grupos que presentan mayor vulnerabilidad, como mujeres, adolescentes, migrantes y personas con problemas de salud mental.

Siguiendo los principios contenidos en los tratados internacionales, de manera progresiva hemos implementado modelos de defensa especializada: de adolescentes, migrantes, con enfoque de género y más recientemente de inimputables.

Contribuimos de manera efectiva y permanente a que los derechos y garantías contenidos en los textos normativos de rango constitucional e internacional, sean una realidad en la vida de los representados que atendemos a diario.

En este escenario constituyente nos parece imprescindible reiterar un anhelo institucional que hemos planteado hace varios años: dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública, atendida la evidente trascendencia de la función que ejercemos en materia de protección de derechos y garantías de todas las personas que forman parte de nuestra sociedad.