La inminente alza de la tarifa del transporte público, ya casi una certeza, anunciada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para 2023 es, cómo no, una bomba de tiempo. Así, mientras Apruebo Dignidad (Acción Humanista, Convergencia Social, Comunes y el Partido Comunista) exige mantener congelada la tarifa por todo el año, dado el crítico escenario económico, pocos recuerdan que el último intento de alza data del 18 de octubre del año 2019, cuando el comité de expertos y el polinomio respectivo acordaron subir $30 pesos las tarifas. Por motivos conocidos, tal aumento fue descartado solo horas después por el expresidente Piñera y la entonces ministra de Transportes, Gloria Hutt, echándole más levadura al subsidio que hoy alcanza los $700 mil millones anuales. Hoy la historia se repite: el panel de expertos recomienda a Hacienda un alza o un aumento en el subsidio al sistema, lo que en la práctica es muy sencillo: meterle plata a Transportes equivale a quitarles dinero a otras carteras.

A tanto llega el zapato chino en el cual se metió el Gobierno, que el propio Presidente Boric tuvo que salir desde Tailandia -donde participa en el foro de la APEC- a decir que apoyarán a las familias. Pero, aclaró, también están claros que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo. Así, explicó el Mandatario, debe llegarse a un "equilibrio", con evaluaciones que "no se discutirán por la prensa", con toda la confianza de que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el de Hacienda, Mario Marcel, llegarán a un entendimiento que cuide los bolsillos de la gente que más lo necesita y, al mismo tiempo, las arcas fiscales. El ministro de Economía, Nicolás Grau, insistió en que todo "está en evaluación".

Con todo, en el Gran Valparaíso, el planeta de los boletos cortados, las micros que pasan cuando quieren y por donde estiman conveniente, y en el cual la licitación del transporte metropolitano se posterga desde 2012 por motivos que pocos entienden, nada cambia. La televisión nos muestra estupendos reportajes al respecto ("Ley de la selva en las calles de Valparaíso, un reality donde pasa de todo", tituló esta semana Canal 13), un déficit de 4.000 conductores y un set de problemas de salud mental y estrés para los que deben manejar, cobrar, ordenar la máquina, esquivar asaltos y proteger la recaudación de los manilargos de siempre, además de correr las colleras y recompensar sapos y semáforos humanos. El alcalde Sharp declaró "estado de emergencia comunal" y puso micros propias para los recorridos a Placilla y Laguna Verde. El seremi Benigno Retamal dice que trabaja con el Gore y el Sence para capacitar conductores (y conductoras, nótese el sello de género), pero no se refiere al miserable subsidio, diez veces menor al de la Región Metropolitana, que se paga en el Gran Valparaíso. El ministro Muñoz, por su parte, nos informa de sus nuevas ciclovías, cicletadas y cicloaventuras. Al final del día, Valparaíso está cada vez más lejos de Chile.

El Presidente Gabriel Boric anunció que el foco de nuestra política exterior estará en América Latina, con énfasis en la región y los países vecinos. Este objetivo demanda un esfuerzo permanente a la política exterior, que en el caso de las relaciones vecinales, debe tener claro lo que se quiere y precisar expectativas de la contraparte.

Porque es la frontera más compleja de las tres que comparte Chile con sus vecinos, es que deben observarse con atención las convulsiones políticas en Bolivia, a raíz de un anunciado (y postergado) censo poblacional, que conlleva adecuar los representantes a elegir y la distribución de los fondos estatales.

Se trata de un proceso aguardado con expectación por Santa Cruz -motor económico de Bolivia y desde hace décadas receptor de grandes flujos migratorios internos- y con preocupación por el gobierno del MAS, cuyo poder electoral se asienta en un mapa poblacional que le beneficia, que da más peso electoral al occidente y a la ruralidad, donde imperan culturas, valores distintos y el subsidio electoral de la plurinacionalidad y sus espacios reservados.

Si en 2018 la población de Santa Cruz ascendía a 3,2 millones de habitantes (La Paz 1,9 millones), en 2030 la primera aumentará por sobre los 4 millones, mientras que la segunda a solo 2,3 millones. Que además Santa Cruz registre más apertura a los aspectos económicos, al esfuerzo individual y a la participación democrática, indican que los trastornos actuales son reflejo de un cambio de época, que podría incluso alterar los énfasis de las prioridades internacionales de Bolivia. Así, una mirada más pragmática (y menos contaminada) de la relación hacia Chile, podría ser impuesta por las nuevas mayorías demográficas del oriente boliviano.

Los trastornos políticos en Bolivia deben ser escrutados por la política exterior chilena y proyectar sus incidencias en nuestro país. Que Bolivia registre convulsiones políticas aumenta la incertidumbre sobre sus capacidades para controlar una frontera de más de 800 kilómetros que es vulnerable al contrabando, al narcotráfico y la inmigración irregular hacia Chile. No es un fenómeno reciente, pero atendida la magnitud y los efectos adversos que está ocasionando, ordenar el flujo migratorio desde Bolivia debiera estar en las prioridades de nuestra agenda con ese país.

A Chile le interesa una Bolivia estable, democrática y en crecimiento, pero ello demanda construir una sociedad de valores y de intereses. La tendencia autoritaria y antidemocrática, la profundización del narcotráfico, el copamiento del poder judicial y su utilización para perseguir a los opositores, claramente deben ser temas de la agenda bilateral.

Hoy más que nunca, pensando en nuestra relación después del fallo sobre el río Silala, debemos ejercer nuestros derechos y precisar los objetivos de nuestra relación con Bolivia, lo que es fundamental para enfrentar los problemas que aquejan al norte del territorio nacional país.