Agencias

Drones enemigos continuaron ayer, por segundo día consecutivo, golpeando objetivos militares en territorio ruso, ataques de los que Moscú acusa directamente a Kiev, que intentaría ralentizar así la brutal campaña de bombardeos masivos contra su infraestructura civil.

"La línea de continuidad de esos ataques terroristas, abiertamente declarada por el régimen ucraniano, es un factor de peligro. Por supuesto, lo tenemos en cuenta y tomamos las medidas pertinentes", afirmó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Por ese motivo, Ucrania espera en los próximos días una nueva lluvia de misiles contra su territorio en represalia por sus atrevidas acciones de sabotaje contra los aeródromos de la aviación estratégica rusa.

El primer objetivo el martes fue un aeródromo situado en la región de Kursk, que tiene frontera con Ucrania y donde rige desde hace meses un alto nivel de amenaza terrorista, según su gobernador, Román Starovoit.

"Como resultado del ataque con dron se incendió el tanque de almacenamiento de petróleo del aeródromo", escribió Starovoit en Telegram.

Trenes especializados en extinción de incendios fueron enviados desde Moscú para poder extinguir el fuego, cuya humareda se podía ver a varios kilómetros de distancia.

El aeropuerto de Kursk fue cerrado para la aviación civil el 24 de febrero, día del inicio de la campaña rusa en Ucrania.

Dos drones también alcanzaron durante la madrugada depósitos de combustible situados a escasos metros de una fábrica en la región de Briansk, también vecina de Ucrania. En cambio, los depósitos estaban vacíos en ese momento, por lo que apenas hubo que lamentar daños.

Drones enemigos, operados desde Ucrania, según el diario "The New York Times", atacaron el lunes dos aeródromos en las regiones de Sarátov y Riazan, donde murieron tres militares y otros cuatro resultaron heridos.

Según los expertos, estos ataques, que incluirían en algunos casos la incursión de grupos de sabotaje ucranianos en territorio ruso, fueron los más atrevidos y los más profundos en territorio ruso perpetrados por el Ejército ucraniano desde el inicio de los combates en febrero.

Putin convoca reunión

Los ataques de esta semana han disparado las críticas de los expertos y blogueros militares rusos por la falta de previsión de las autoridades.

Por eso, Putin convocó ayer con urgencia al Consejo de Seguridad de Rusia para abordar las medidas para "garantizar la seguridad interna del Estado".

El vocero del Kremlin precisó que las autoridades están adoptando "medidas adicionales" para proteger su infraestructura petrolera en el sur del país.

Al respecto, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ordenó no suspender "ni un segundo, incluso en invierno", la construcción de fortificaciones y refugios antiaéreos, especialmente en la frontera con Ucrania.

El gobernador regional de Kiev, Oleksi Kuleba, estima que la mitad de los 1,8 millones de habitantes concentrados entre la capital ucraniana y su extrarradio estará sin suministro eléctrico durante varios días después de los octavos ataques rusos masivos contra instalaciones críticas. En este contexto, el Ministerio de Salud ucraniano recomendó cancelar cirugías y hospitalizaciones que no sean urgentes para que los hospitales ahorren recursos en vista de los apagones. Ayer, la campaña rusa de ataques contra la infraestructura civil de Ucrania fue foco de duras condenas por casi todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que advirtieron del dramático invierno que se avecina para la población del país. Incluso China dejó claro que quiere que se detengan los "ataques contra las infraestructuras civiles".

El presidente de Perú, Pedro Castillo, afronta este miércoles un tercer intento de la oposición en el Congreso de destituirlo del cargo por "permanente incapacidad moral", cuando han transcurrido apenas 16 meses de su Gobierno.

Hasta el momento, Castillo no ha confirmado si se presentará ante el pleno para ejercer su defensa antes de que los legisladores debatan y voten la moción, presentada la semana pasada por el congresista independiente Edward Málaga.

El Congreso unicameral peruano aprobó el jueves pasado, con 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones, admitir a trámite esta tercera moción de vacancia (destitución) desde que Castillo asumió el poder, el 28 de julio de 2021.

El texto pide que Castillo deje el cargo por una "permanente incapacidad moral", pues considera "inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos".

También acusa "el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado", los "vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción" y "graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial".

En este contexto, ayer el mandatario defendió su cargo.

"Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos atentando contra la figura de la Presidencia de la República para sacar provecho y tomar el poder que el pueblo en las urnas les quitó, cansados de estar postergados y ver que unos cuantos querían seguir repartiéndose el Perú", dijo Castillo.

Agregó que se intenta arrebatar la paz, "en base a supuestos que son reales calumnias, declaraciones no corroboradas y especulaciones".

El Parlamento de Indonesia aprobó una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apostasía, además de los insultos al Presidente, entre otros cambios denunciados como "antidemocráticos" por decenas de ONG y grupos civiles.

La reforma, que llevaba décadas discutiéndose y generó masivas protestas en el país, fue respaldada ayer por el Parlamento de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y tradición liberal, según confirmó Alif Nurwidiastomi, de la Fundación para la Ayuda Legal de Indonesia.

Polémicas prohibiciones

Entre las cláusulas más criticadas está la prohibición del sexo fuera del matrimonio en cualquiera de sus formas con hasta un año de prisión, así como el castigo por insultar al presidente con un máximo de tres años de cárcel, además de la ilegalización de la apostasía en el país con más musulmanes del mundo.

Tras su aprobación, se abre un periodo de "unos dos años" en el que la reforma podrá ser disputada en el tribunal constitucional del país, explicó Nurwidiastomi, aunque restó expectativas al proceso por "los vínculos" entre dicha corte y el Gobierno, por lo que considera que sí será implementada.

"antidemocrático"

Los cambios afectarán a la población de indonesia, los extranjeros residentes en el país, así como a los turistas que visiten la nación con destinos tan populares como la isla de Bali.

Casi un centenar de ONG denunciaron que su contenido es "antidemocrático" por la supresión de libertades que conlleva, en la que supone la reforma más extensa del código penal desde la independencia de Indonesia de Holanda en 1945.

"Lo que estamos presenciando es un golpe significativo al progreso obtenido con mucho esfuerzo en proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en Indonesia durante más de dos décadas", dijo el director de AI Indonesia, Usman Hamid.

El equipo de transición del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció una situación financiera "dramática" en áreas como salud y educación, apuntando al Gobierno de Jair Bolsonaro.

"El Gobierno de Bolsonaro quebró el Estado brasileño. Estamos observando que hay servicios esenciales paralizados o corren el riesgo de verse totalmente comprometidos", comentó el exministro Aloizio Mercadante.

Mercadante, coordinador de los grupos técnicos del Gobierno entrante de Lula, que asumirá el poder el 1 de enero, también criticó que la política externa de la actual administración transformó a Brasil en un "paria" que debe unos 950 millones de dólares a diversos organismos internacionales.

Además, mencionó que los funcionarios brasileños llevan "siete años" sin que sus sueldos sean reajustados.

El exministro advirtió, sin embargo, que no tendrán a su disposición recursos suficientes para "revertir todo" lo que están encontrando.

El actual ministro de Educación, Victor Godoy, reconoció al equipo de Lula que no tienen recursos para pagar este mes a 14.000 médicos residentes y 100.000 estudiantes de posgraduación becados.