El borde costero está lleno de riesgos y los accidentes en ese atractivo espacio son frecuentes. Esa realidad ha sido asumida desde hace ya bastante tiempo por la Armada, que dispone de recursos y de capacidad de reacción ante diversas contingencias. En muchas ocasiones esta capacidad de respuesta es aplicada en casos que revelan situaciones trágicas que, posteriormente, deben ser investigadas. Así, el sábado pasado la Capitanía de Puerto de Valparaíso recibió un llamado en su número de emergencia, el 137, que daba cuenta de un cuerpo que se encontraba flotando a la deriva en el mar, a la altura de Porvenir Bajo, en el sector Playa Ancha. Se intentó el rescate mediante un helicóptero naval, lo que no se logró. Debido a ello se activó el Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), que operó desde tierra para finalmente, el domingo, lograr el rescate del cuerpo en los acantilados.

En esta operación, la recuperación de un cadáver, actuaron efectivos navales por el aire, por mar y por tierra, contando además con el apoyo del Bote Salvavidas, meritoria institución voluntaria de Valparaíso. El rescate de un cadáver, acto humanitario, significó una operación de las que con frecuencia se desarrollan ante acciones muchas veces temerarias de personas que de las más variadas maneras incursionan en el mar o en el borde costero.

Otro rescate, mediante el uso de unidades aéreas, se realizó el fin de semana para recoger a un surfista que no podía regresar a la costa en el sector de Concón. Falta de experiencia y desconocimiento de las corrientes marinas pusieron en riesgo la vida de esa persona, expuesta además a la hipotermia, algo que puede resultar paradojal en estos cálidos días, pero que es una realidad en aguas donde la temperatura llega a los 13 grados, lo que a la larga puede resultar fatal.

Estos hechos revelan la gran experiencia del personal naval asignado a los rescates marítimos, labor en que junto al esfuerzo humano hay un despliegue de recursos que significan altos costos en desgaste de equipos y combustibles. Es cierto que una vida humana tiene un valor superior y es ineludible emplearse a fondo en su rescate. Pero es cierto, también, que las personas deben ser responsables ante situaciones o lugares de riesgo. Hay que atender a las alertas en caso de marejadas y también a la calificación de peligrosas que se dan a algunas playas. Las condiciones del mar son variables y su belleza puede ser traicionera.

Lo señalado para el mar también es aplicable para la montaña. Los valores de la naturaleza, el paisaje, el aire puro, la visión panorámica, deben ser aprovechados, pero también exigen respeto, autocuidado para evitar esas frecuentes situaciones lamentables que no siempre tienen como resultado un rescate exitoso pese a los esfuerzos humanos y materiales que puedan desplegarse, advertencia especialmente pertinente en tiempos de vacaciones.

Según la RAE, la anomalía es un cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, natural o previsible. En 2019, Chile estalló socialmente, provocando una fractura política que tuvo como epílogo el plebiscito de salida del 4S-22, y para analizar sus resultados y consecuencias es necesario hacer un recuerdo de los hechos. Acá me referiré a los de carácter jurídico que posibilitaron la salida institucional a la crisis y que configuran una anomalía institucional; la cual, vista en perspectiva, tal vez sea algo único e irrepetible en la historia de Chile.

Lo normal es que en los períodos "democráticos" el sistema de partidos sea el que establece los acuerdos y salidas ante crisis. De hecho, este sistema se autoconvoca en el Parlamento para suscribir el 15 de noviembre de 2019 el "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución".

Es así como se promulga la Ley 21.200, que fijó un proceso constitucional con plebiscito de entrada, convención elegida en un 100%, aprobación de normas en quorum de dos tercios y plebiscito de salida, cuyo resultado arrojó para la opción Rechazo casi el 62% de los votos. Según el Art. 142 de la Constitución Política de la República, debería quedar vigente la actual Constitución. Sin embargo, existió un compromiso de la mayoría de los partidos para encarar uno nuevo que permita, ahora sí, tener una nueva Constitución. Ese hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2022 y se llama "Acuerdo por Chile"

Adicionalmente, la Ley 21.216 permitió hacer pactos electorales de independientes y garantizar igualdad de género. Al dejar que independientes pactaran en las mismas condiciones que los partidos, el resultado para estos últimos fue preocupante, no solo porque permitió la aparición de la Lista del Pueblo, Independientes No Neutrales y Pueblo Constituyente, por nombrar algunos grupos. Además, otra norma, la Ley 21.298, reservó escaños a representantes de los pueblos indígenas. Resultado final: ningún partido o alianza de ellos tuvo poder de veto de más de un tercio de los convencionales, inclinándose visiblemente a posiciones de nichos, las cuales no tenían cabida en el sistema de partidos. Por último, hay que indicar que la paridad permitió una composición de 78 hombres y 77 mujeres, única en el mundo.

El Acuerdo por Chile indica que los independientes no gozarán de igualdad ante los partidos; en consecuencia, deberán ir bajo ellos. La representación indígena será atomizada y el carácter paritario es lo único que quedó como avance civilizatorio, todo ello bajo la premisa que sea de composición mixta, apelando a que sea integrada por una comisión experta de 24 personas elegidas por el Legislativo y otro grupo de 50 personas elegidas de acuerdo con las circunscripciones senatoriales. Estas y otras partes del acuerdo producirán nuevas leyes para regular un nuevo proceso constitucional que debiese terminar en noviembre de 2023. Mientras tanto, Chile sigue enganchado en el largo año de 2019.