En el año 1915, Valparaíso era el centro de las actividades económicas del país. Ese mismo año se abrieron las puertas de la Bolsa de Corredores de Valparaíso, edificio que hoy escribe una nueva historia para la ciudad.

Los muros, pasillos y corredores de este edificio, fueron testigos del nacimiento de importantes empresas, grandes negocios salitreros, mineros e industriales. Sus salones vivenciaron el pleno desarrollo de la primera Bolsa de Valores de Chile y una de las más antiguas de Latinoamérica. Un trozo importante de la historia de nuestro país está contenido en cada espacio que hoy disfrutamos.

El edificio que se encuentra instalado en el corazón de Valparaíso es la fiel representación del espíritu innovador y emprendedor de esta ciudad. Así funcionó por más de 100 años, hasta 2018, cuando revocaron su autorización de funcionamiento y esta pieza central del plan de la ciudad se vio forzada a cerrar sus puertas con la incertidumbre de un futuro muy poco claro.

Un año más tarde, la Universidad Técnica Federico Santa María anunció la adquisición del edificio, con el fin de mantener más vivo que nunca un lugar icónico de Valparaíso para sus actuales y futuras generaciones, todo ello procurando mantener su estilo original, recuperando y restaurando cada detalle con la responsabilidad que merece esta gran obra. Hoy, queremos encender nuevamente la llama que hizo único a este espacio, manteniendo las puertas abiertas y ofreciendo a la ciudadanía una nueva interpretación de ese espíritu innovador y emprendedor que vivimos hace un siglo.

Además de estar catalogado por expertos como un edificio emblemático en su arquitectura, se encuentra ubicado en un lugar icónico de la ciudad. Aledaño al Sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco, este edificio será un puente entre el quehacer de nuestra institución con la ciudad y sus habitantes. Asumimos el fuerte compromiso de contribuir a un nuevo impulso para Valparaíso, mediante el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Al mismo tiempo, queremos que en este espacio converjan las identidades de la ciudad, vinculando nuestro quehacer con la creatividad local, con la música y la cultura.

Todo el esfuerzo que estamos conduciendo como universidad no es más sino un modesto homenaje a la historia de este lugar, donde esperamos que ese rol de antaño de ser el corazón de la economía regional renazca con fuerza, impulsando al desarrollo de la ciudad, pero ahora de la mano de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento.

Reforzamos el compromiso de ser actores activos en el desarrollo de la ciudad y que en esta esquina de Prat con Urriola, todos y todas tengan su lugar.

La accidentada elección del próximo fiscal nacional ha dejado una serie de inquietudes, tanto entre los especialistas como en la ciudadanía.

Lo primero que llama la atención es el escaso número de interesados en ocupar el máximo cargo del Ministerio Público. En el concurso abierto por la Corte Suprema solo se presentaron 17 candidaturas, y no porque los requisitos sean particularmente exigentes.

Este desinterés en acceder a un cargo tan importante evidencia el ostensible deterioro de las instituciones, seriamente debilitadas por la corrupción, la falta de confianza de las personas y el recuerdo demasiado reciente de la gestión del último fiscal nacional, cuestionado tanto por moros como por cristianos.

Lo segundo es un alcance semántico, pero de alta relevancia. La Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público exigen el acuerdo de los 2/3 de los senadores en ejercicio para aprobar la elección del Presidente de la República. La palabra acuerdo, según la RAE, significa "resolución premeditada de una persona o varias; "reflexión o madurez en la determinación de algo"; y también "uso de los sentidos, entendimiento, lucidez". Lo que el Presidente somete a la decisión del Senado es una propuesta, que ha de ser consensuada en forma previa, a fin de evitar el deplorable espectáculo que ha supuesto el rechazo en dos oportunidades de los candidatos nombrados por el Ejecutivo.

Ni el Presidente ni el Senado pueden imponer nombres. El sistema de nombramiento los obliga a actuar con prudencia, madurez y reflexión, pensando en el bien común y no en mezquinos réditos políticos de corto plazo. Es decir, deben elegir a la o al mejor candidato en función de su experiencia, conocimientos, trayectoria, capacidad y competencia para liderar a la institución.

Por consiguiente, y esta es la tercera reflexión, es tan necio decidir solo en razón del género de los candidatos, como rechazar por motivos ideológicos. Los candidatos no vienen de Marte y su perfil público es, o debiera ser, conocido por todos. No caben, por tanto, las decisiones para figurar en los libros de Historia y tampoco es apropiado el excesivo escrutinio en la vida privada de las personas, más parecido a un circo romano que al proceso de designación de tan alta autoridad.

En cuarto lugar, alguien debe dar explicaciones a la opinión pública sobre este bochorno en la designación del fiscal nacional. El largo interinato, además de debilitar la imagen pública de nuestras instituciones, tiene al órgano encargado de la persecución penal sin su cabeza, en un momento de alta preocupación de las personas sobre la seguridad en el país y el explosivo aumento de la delincuencia.

Por último, más que pensar en cambios específicos al sistema de nombramiento del fiscal nacional, es el momento de revisar públicamente, con la mayor participación ciudadana y transparencia posible, el funcionamiento íntegro de la reforma procesal penal.