Con buen criterio y sentido común, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, decidió suspender dos fiestas masivas de fin de año programadas en la comuna, una en el renovado Muelle Vergara y otra en Reñaca, considerando la catástrofe que devastó un amplio sector popular de la ciudad.

Las fiestas que estaban programadas tendrían un costo de $120 millones, pero ya la semana pasada los concejales, a proposición del edil Pablo González (PC), habían acordado por unanimidad pedir a la jefa comunal suspender esas celebraciones y destinar los recursos para ayudar a los damnificados. La moción fue aceptada por Macarena Ripamonti, quien, sin embargo, decidió mantener el espectáculo pirotécnico sometido a análisis técnico por especialistas del Ejército, debido a problemas de caducidad que implicarían graves riesgos al momento de su lanzamiento.

Contrastando con esta actitud de buen sentido, de respeto y de solidaridad dispuesta por la Municipalidad de Viña del Mar y, sin duda, ampliamente apoyada por la población, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, decidió insistir en su fiesta XL, incluso si no hay fuegos artificiales en la bahía. Fiesta que tiene costos. Pero, además, casi como un capricho infantil y en un gesto que parece un autoritario desafío, determinó contratar como animador al conocido conductor de televisión Julio Cesar Rodríguez, con un honorario de $15 millones.

Mientras algunos concejales rechazaron tanto la fiesta como el honorario de Rodríguez, en el municipio se insistió en que "se está preparando la mejor fiesta de Chile" y en la calidad del presentador. En lo puntual, sobre el costoso contrato de Rodríguez se puede afirmar que en la Región hay muy buenos presentadores; pero en lo general, el hecho de una fiesta de tres días, con elevado gasto, resulta un verdadero insulto, una bofetada, en momentos de duelo tras pérdidas humanas y materiales de gran significado. Se ha dicho que con ocasión de las fiestas y del incierto espectáculo pirotécnico se reunirán recursos para los damnificados. Es de esperar que se logren recursos, pero en el clima de desenfreno, en el terreno, es difícil obtener ayuda y comprensión para los que precisamente en ese momento están sufriendo e incluso vigilando los restos humeantes de lo que fueron sus viviendas y proyectos de vida.

En cuanto a las celebraciones mismas, ya se ha dicho que suponen un despliegue de carabineros, aun cuando exista seguridad privada. Esta demanda de presencia policial significa una recarga para fuerzas ya agobiadas por las tareas propias de fin de año y por la delincuencia y el comercio ambulante que por todos lados ataca en Valparaíso y Viña del Mar.

Y en último término, la autoritaria decisión de Jorge Sharp, junto con amagar el medioambiente y al maltratado Valparaíso, ahoga el sentido unitario y solidario necesario para la reconstrucción y, más bien, es un factor de división.

Las agregadurías militares, navales, aéreas y policiales representan un instrumento eficaz para el fortalecimiento de la política exterior nacional y permite fortalecer lazos de cooperación en seguridad y defensa con otros Estados.

Los desafíos del mundo actual implican la necesidad de que nuestras Fuerzas Armadas y de Orden -y en particular en el caso de aquellos integrantes que se desempeñan en las Agregadurías- cuenten con una sólida formación que no se limite exclusivamente a los conocimientos policiales y militares. El siglo XXI exige conocimientos transdisciplinarios enfocados en estrategias de cooperación internacional, políticas de seguridad y defensa, integración comercial, y nuevas amenazas que no se limitan a la tradicional noción de conflictos interestatales. Nos referimos al terrorismo y el crimen organizado transnacional en sus diversas variantes, como el narcotráfico, tráfico de migrantes, contrabando, tráfico de armas y tráfico de animales, por nombrar algunos casos. El reciente rescate con vida del cabo primero de la Armada Luis Toledo, quien estuvo seis días secuestrado en Guayaquil, Ecuador, es un potente ejemplo del trabajo coordinado realizado por la PDI de Chile -especialmente el de nuestro agregado policial- las fuerzas policiales de Ecuador y el consulado de Chile en Guayaquil.

Este suceso remarca la importancia de la coordinación y cooperación internacional en la lucha contra el crimen, compromiso que nuestro país ha desarrollado desde hace casi 30 años con la creación de las agregadurías policiales. A ello debemos agregar el relevante papel que cumplen asesorando al personal diplomático en materia de seguridad y el establecimiento de lazos con agencias policiales de los respectivos países de destino.

En el caso de nuestras agregadurías navales, militares y aéreas, es evidente que históricamente han sido extremadamente beneficiosas para fortalecer políticas de cooperación en materia de defensa nacional y ampliar la confianza mutua con otros Estados. Particularmente, nuestros uniformados se encuentran cumpliendo estas funciones en una coyuntura histórica de crisis mundial marcada por la destrucción del medioambiente, los efectos globales de la pandemia, la crisis económica que comenzó a perfilarse ya en 2019 y las tensiones geopolíticas consecuentes de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, queremos recalcar el trabajo que ha venido realizando la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la comprensión de la actual coyuntura de crisis mundial, desde el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa y, particularmente, desde nuestro Programa de Magíster en Relaciones Internacionales. En dicho programa se han formado oficiales de la Armada de Chile, que luego han cumplido con importantes funciones al interior de su institución. De esta forma, esperamos estar contribuyendo al entendimiento amplio de la realidad internacional, proyectando escenarios posibles, de manera que los agregados navales puedan realizar funciones de asesoría o desempeño profesional que implique desarrollar estrategias, política o planes en sus respectivas destinaciones.