Si bien la agenda del término del 2022 estuvo marcada por la tragedia del megaincendio de Viña del Mar y los avances en el proceso constituyente, este nuevo año empezó con intensidad en la agenda política. Esto, por las consecuencias que han provocado los indultos que se le otorgaron a 12 presos por el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna en medio de una grave crisis de seguridad que se vive en el país. A ello se le suma el último golpe de la UDI y RN al bajarse de la mesa de trabajo del Compromiso Transversal por la Seguridad.

Así lo recapitula la diputada de Convergencia Social (CS), María Francisca Bello, quien a pesar de todo es optimista frente a este escenario y cree que hay que seguir adelante, pues el oficialismo tiene "clara su hoja de ruta".

Compromiso de campaña

- ¿Cree que los indultos presidenciales han debilitado el discurso de la agenda propuesta por el Presidente Boric para la seguridad pública, como lo afirman la oposición y analistas?

- Esto se planteó en un compromiso de campaña, en medio de la crisis social y política que vino después del estallido social. Si bien la oposición cumple un rol en la política, creo que en este caso se equivoca. La atribución del Presidente no debilita la agenda de seguridad pública, porque el Ejecutivo ha planteado de diversas formas, sobre todo con la mesa de trabajo del Compromiso Transversal por la Seguridad, que se deben poner todos los esfuerzos políticos en conversar de una materia muy importante para la ciudadanía. La oposición está mezclando las cosas. Mezcla cosas de seguridad con las atribuciones del Presidente, que son las mismas que han tenido otros presidentes y también las hemos cuestionado anteriormente, como los indultos otorgados a presos de Punta Peuco.

- ¿Piensa entonces que hay intereses creados en esta crítica que hace la oposición?

- La oposición está presionando al Gobierno por todos lados y eso se deja entrever con su salida de la Mesa de Seguridad. Sin embargo, el rol que debería tener es el de presentar propuestas y acá están haciendo lo contrario. No puede ser que cuando el Presidente usa sus atribuciones, ellos se bajen de la Mesa de Seguridad que tan insistentemente han dicho que es necesaria. Por eso creo que hay ambivalencias en el discurso de la oposición.

- También acusan que al sostener que hubo irregularidades en el proceso judicial del exfrentista Jorge Mateluna y declarar que es inocente, el Presidente desconoció la independencia del Poder Judicial…

- Preferiría no abordar el impasse del Presidente frente a la Corte Suprema. Creo que él ya ha hablado bastante sobre este tema, pues más allá de tener una opinión sobre algo en un contexto más social, lo más importante es que quede claro que la independencia de los poderes del Estado son la base de toda democracia.

- ¿Cree que el Presidente cometió o no un error al adoptar esta decisión?

- Fue una decisión muy pensada. Se esperaba que estas personas estuvieran en libertad antes del 2023. En ese sentido, un presidente que cumple con su palabra es algo súper importante.

HOJA DE RUTA EN SEGURIDAD

- ¿Cuál es el ambiente que se vive en la Cámara de Diputados tras la decisión tomada por RN y la UDI de bajarse de la mesa de trabajo del Compromiso Transversal por la Seguridad y continuar con su propia agenda?

- Nosotros tenemos clara la hoja de ruta. Hay una agenda de cambios sociales profundos que vamos a seguir insistiendo en que se lleve a cabo. Siempre habrá problemas, siempre habrá diferencias y ocurrirá este tipo de situaciones, pero tenemos claro hacia dónde vamos y lo que queremos hacer. Hoy es importante que continúe el trabajo de esta mesa y superar estas "pequeñeces" de la política.

- Desarmada la transversalidad del Compromiso, ¿qué camino debe tomar a su juicio el oficialismo?

- Creo que el trabajo de la mesa debe continuar. Acá la pregunta debería ser "¿qué estamos haciendo todos los sectores políticos para abordar este problema?". Porque el Ejecutivo ya hizo su parte al poner este tema sobre la mesa y convocar a diversos sectores a la misma. De ahí en adelante, tenemos que ver qué hacemos y con qué aportamos todos los actores políticos que formamos parte del Congreso, porque no estamos aquí porque sí, hay una cantidad de votos que obtuvimos mediante apoyos populares. Nuestra opinión individual no basta. Desde la derecha creen que aportillan al Gobierno, pero el problema acá es que están aportillando a los miles de chilenos que hoy día claman por mejores medidas de seguridad.

El seremi y vizcachitas

- Usted y el diputado Ibáñez tuvieron un rol protagónico en la remoción del exseremi Julio Zumaeta por su postura de cercanía al proyecto Vizcachitas. ¿Fue una gestión correcta?

- Esto tuvo que ver con la acción de un seremi que representa al Estado de Chile. Creo que hubo un error político que pudo haberle costado muy caro al proyecto que le ofrecimos a Putaendo, donde hicimos un compromiso con la comunidad y se planteó que hoy día tiene una de las pocas cordilleras libres de la gran minería. Las aguas del río no abastecen solamente a la flora y fauna del sector, sino que también a las infraestructuras de Agua Potable Rural (APR). También hemos estado acompañando a la comunidad para realizar las observaciones del proyecto minero. A pesar de que fue una decisión compleja, creemos que el seremi debe ser consecuente con el trabajo que se ha estado haciendo con la comunidad y las propuestas que les hemos entregado en particular. No es que uno esté en contra de la megaminería porque sí, porque es "mala". Estamos en contra de un proyecto minero que ha sido denunciado, que ha robado agua del río Rocín y que ha cambiado el cauce de este.

- Por otro lado, el presidente de la minera, Santiago Montt, dijo que aun cuando "hay algunos grupos ecologistas y antimineros que están contra el proyecto y son muy ruidosos en redes sociales, la gran mayoría silenciosa de los putaendinos no está en contra". ¿Qué le parece?

- Yo creo que el presidente no debe tener idea dónde está Putaendo. Se le olvida la cantidad de observaciones que se presentaron al proyecto, que si no me equivoco fueron dos mil. La comunidad en su conjunto presentó observaciones, las organizaciones sociales. Me parece que devaluar a las organizaciones sociales que son propias del territorio no habla muy bien de la clase de diálogo que busca tener la minera con Putaendo. Yo solo quisiera que Vizcachitas Holding (CMVH) nos respondiera nuestras dudas más legítimas: ¿qué sucede con el robo de agua del río Rocín? ¿Por qué desviaron su curso? ¿Por qué no hacen caso a las indicaciones que se plantean? Una minera que roba agua no tiene por qué tener el respaldo de la ciudadanía en un momento en que se nos seca el Valle de Aconcagua.

- En su distrito y su comuna, San Felipe, el Rechazo se impuso por poco más del 60% sobre el Apruebo. ¿Cuáles son sus expectativas para el nuevo proceso constituyente?

- Sigo teniendo expectativas. Sigo teniendo esperanzas en que podemos cambiar la Constitución de Pinochet, porque Chile merece tener una nueva Constitución que no esté hecha con sangre y tenga grabada a fuego una época tan dolorosa como la dictadura. Chile merece tener una Constitución más minimalista, y quizás no tan maximalista como la estábamos pensando en un principio. Hacemos la autocrítica, hacemos las lecturas y por lo mismo creemos que necesitamos avanzar en un proceso constituyente que nos dé una Carta Magna que posibilite un Estado social democrático de derecho. 2

El presidente de la minera Vizcachitas no debe tener idea dónde está Putaendo. Se le olvida

la cantidad de observaciones que

se presentaron al proyecto. Devaluar a las organizaciones sociales del territorio no habla muy bien de la clase de diálogo que busca tener la minera con Putaendo".

Camila Calderón Muñoz

reportajes@mercurio valpo.cl

la diputada también espera que el nuevo proceso constituyente posibilite un estado social democrático y de derecho.

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