Buena para robar protagonismo y colarse en las fotos oficiales, una de las figuras políticas que llamó la atención anteayer durante el anuncio del tren a Santiago realizado por el Presidente Gabriel Boric en la antigua estación de Limache, fue la delegada presidencial provincial de San Felipe, Scarlett Valdés Pizarro, una joven abogada de 31 años de lo más popular que hay en Instagram, red social en la cual ya cuenta con más de 30 mil seguidores (para poner en contexto, la ministra del Interior Carolina Tohá tiene 14 mil; el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, poco más de 8 mil; la delegada regional Sofía González, 4 mil).

Dicen que el asunto no venía bien desde hace rato. Es más, en algún minuto de los primeros meses de Gobierno, desde Interior le pidieron a Scarlett darle un toque "menos lúdico" a sus publicaciones (un eufemismo para decirle que no mostrara tanto escote), en las cuales daba a conocer su personalidad tal cual es, en muchas ocasiones bailando o posando sin prejuicios (practica salsa y bachata en sus ratos libres, no le teme nada al qué dirán).

Algo de empeño le puso al recato, pero la música fue más fuerte y siguió dejándose llevar por el tam tam de la música caribeña y dominicana, a la par con su contagiosa presencia en redes sociales.

Y así, parece que a La Moneda no le acomodaba mucho su excesivo ímpetu en internet, por cuanto ayer nomás le pidió la renuncia para nombrar en su lugar a la abogada PPD Maricel Martínez Vicencio, quien también fue candidata a constituyente por el Distrito 6.

Cuentan desde Santiago que algún sapo gritó que seguía en clases de salsa en la Playa del Deporte de Viña del Mar en horarios semilaborales (lo que publicaba en Instagram) y que se había rodeado de varias contrataciones que no cumplían los mínimos perfiles técnicos ni políticos, además de no contar con la autorización de la división de Gobierno Interior, a cargo de las delegaciones.

Una lástima, porque perfil tenía. Quilpueína, exalumna del Colegio Aconcagua, Scarlett fue criada por su abuela materna y una "tía" de crianza (sus padres eran demasiado jóvenes, como contó ella misma al diario El Trabajo de San Felipe). Primera profesional de su familia, abogada de la Universidad Nacional Andrés Bello de Viña del Mar, exasesora jurídica de la Convención Constitucional, a la cual se presentó como candidata por el Distrito 6 sin ser electa. También es diplomada en la Universidad Católica y Magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Una curiosidad: vivió entre los 10 y los 12 años en el pequeño pueblito y puerto de Porlákshöfn, en Islandia, acaso uno de los países más libertarios e igualitarios del planeta, el primero en acabar con la brecha de género según los distintos índices internacionales, lo que, según ella, modeló su mentalidad, siendo no solo una expectante testigo de los días del estallido social, sino que también participando activamente en marchas y entregando asesoría laboral.

Admiradora de la expresidenta Michelle Bachelet, milita, cómo no, en el Partido Liberal del presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, siendo una de las tres figuras "fuertes" que la tienda presentó en las últimas elecciones a la gobernación, municipales y convencionales, junto con Juan Carlos García y Nicolás Guzmán.

Desde su nombramiento como delegada presidencial provincial no la tuvo fácil: primero debió hacer frente al rancio aluvión de críticas que le llegó por no ser oriunda de la zona (entre éstas, las del actual presidente regional del PS, Nelson Venegas, y del concejal frenteamplista Rafael Sottolichio) y, pocos meses más tarde, le robaron sus pertenencias del auto cuando fue a visitar a su madre en la calle 8 Norte, en Viña del Mar. "La saqué barata", dijo en buen chileno, cuidándose de criticar las políticas de seguridad del Gobierno.

Parece que ahora no.

La última bachata de

la delegada Scarlett

En la cultura popular se tiene la falsa creencia de que los psicópatas son criminales muy inteligentes, con frecuencia asesinos seriales, extremadamente fríos, perversos y amorales, que se solazan confundiendo a la policía con acertijos y juegos mentales, además del insano placer de dar muerte a sus víctimas de las formas más abyectas y retorcidas que puede concebir la mente humana.

Sin embargo, la ciencia ha demostrado que los psicópatas están en todas partes, viven entre nosotros, no son necesariamente listos (aunque sí astutos y encantadores) y poseen formas muy sutiles de hacer daño sin necesidad de recurrir a la agresión física. De acuerdo con el psicólogo canadiense Robert D. Hare, una eminencia mundial en el estudio de la psicopatía, "los peores llevan ropa de marca y ocupan suntuosos despachos, en la política y las finanzas. La sociedad no los ve, o no quiere verlos, y consiente". Pero ¿qué es ser un psicópata?

Si bien no existe una definición única, la psicopatía es descrita en el DSM-IV-TR como un subgrupo dentro del trastorno de la personalidad antisocial, caracterizado por un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que se manifiesta en cruel indiferencia por los sentimientos ajenos; temerario desprecio por la seguridad de los otros; falsedad, impostura, engaño y mentira para obtener un beneficio; incapacidad para ajustarse a las normas sociales y acatamiento de reglas, etcétera.

Más allá de estas disquisiciones teóricas, es interesante constatar lo poco que la sociedad se ocupa en la observación de rasgos psicopáticos presentes en varios políticos y autoridades gubernamentales, pese a la alta relevancia de la función pública.

En palabras de Hare: "Los psicópatas de a pie destruyen familias. Los psicópatas corporativos, políticos y religiosos destruyen economías y sociedades enteras".

¿Será que la política atrae a perfiles psicopáticos? ¿O, al revés, personas comunes y corrientes se posicionan en el lado oscuro como consecuencia del ejercicio de la política? ¿Acaso tiene la política -the real politic- reglas no escritas que solo un reducido grupo de personas maneja a la perfección para alcanzar y mantenerse en el poder?

Cualquiera que sea la respuesta a estas preguntas, la gran víctima de los psicópatas integrados es la sociedad en su conjunto, por lo que no parece descabellado exigir a los postulantes a cargos de alta relevancia pública que, previamente, se sometan a una escala de evaluación de psicopatía como el PCL-R de Hare, de reconocida validez y confiabilidad metodológica, también para el caso chileno.

Por supuesto, considerando la alta tendencia de los psicópatas a la mentira y el engaño, la ponderación debe ser realizada por un experto que de manera objetiva evalúe la presencia o ausencia de estos rasgos en el candidato/a.

Después de todo, algo más que el destino de un país y de millones de personas está en juego.