En agosto de 2020, el alcalde Jorge Sharp informaba que "tomamos la decisión de no volver a clases presenciales el 2020 por coronavirus, para cuidar a comunidades escolares". En junio de 2021, el mismo alcalde presentó un recurso de protección contra el ministro de Educación de la época, Raúl Figueroa, en representación de 13 centros de madres, padres y apoderados, con el objetivo de impedir el retorno a clases presenciales durante la pandemia, dado que, según el jefe comunal, la determinación de volver a clases hecha por el ministro "amenaza, perturba y pone en riesgo el derecho a la vida e integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes de Valparaíso".

Sin embargo, ya en ese momento los especialistas advertían de los graves riesgos de no retornar prontamente a clases presenciales. En efecto, una investigación de Carmen Le Foulon, Valentina Salvatierra y Silvia Eyzaguirre, publicada durante el 2021, demostró de modo inequívoco los altísimos costos de mantener cerrados los establecimientos escolares. Así, por ejemplo, la investigación demostraba que el aprendizaje a distancia produce una brecha significativa en el alumnado debido a diferencias en condiciones de acceso a internet y al computador, al igual que el factor de hacinamiento y calidad de la vivienda. Del mismo modo, el rol de los padres en el desempeño académico está vinculado a su capital cultural y a la disponibilidad de tiempo y presencia en el hogar, existiendo también una brecha importante entre los sectores de menores recursos con los de mayores posibilidades.

Vale decir, ya se sabía en 2021 que estas brechas iban a acentuar aún más las desigualdades existentes y el rezago escolar, tal como, desafortunadamente, ha terminado ocurriendo. Y también se sabía que la cifra de 185 mil niños excluidos del sistema escolar podía llegar a aumentar en un 40% por causa de la suspensión de clases presenciales, superando con creces los 200 mil excluidos, según las proyecciones de dicho estudio y del Ministerio de Educación, cosa que también ha sucedido.

Y en cuanto a las tasas de repitencia y deserción escolar, toda la evidencia acumulada demostraba entonces, al igual que ahora, que en todos los casos de ausencias prolongadas al establecimiento escolar que se han estudiado en la experiencia comparada -y Chile no es la excepción-, las tasas se han incrementado. Lo mismo el caso del porcentaje de enfermedades mentales.

Por eso fue que la recomendación de estas investigadoras, lo mismo que de la exministra de Educación Adriana Delpiano y del titular de la cartera en aquella oportunidad, Raúl Figueroa, era la de retornar a clases lo antes posible, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitiesen; retorno que debía ser progresivo, flexible, dinámico y voluntario, combinando aperturas y cierres, flexibilizando la jornada escolar y el calendario académico con modalidades mixtas, presenciales y a distancia.

Sin embargo, se actuó en la dirección contraria, al punto que ha sido el propio Presidente de la República quien recientemente ha hecho un mea culpa asumiendo la responsabilidad "por permitir que los colegios estuvieran cerrados más tiempo de lo recomendado durante la pandemia", cuya consecuencia fue que "se agravaron los problemas de convivencia escolar y de aprendizaje". Y también el actual ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien ha debido reconocer frente a la evidencia de más de 50 mil estudiantes que han desertado del sistema entre 2021 y 2022, que "nos equivocamos" al no volver a clases presenciales.

¿Cómo se explica que se hayan pedido medidas que se sabía podían acarrear graves consecuencias para la salud mental y desarrollo de la educación de nuestros niños?

Y en el caso de Valparaíso, ¿estará dispuesto el alcalde a seguir el ejemplo del Presidente y ofrecer una disculpa -aunque de poco y nada sirva- a las familias de la ciudad por el daño inconmensurable que ha contribuido a causar?

Por Rodrigo Díaz Yubero