Alessandri busca salvar "toque de queda" juvenil
Alcalde de Zapallar solicitará una reconsideración a la Contraloría, a la vez que propone una mesa tripartita para superar fallas de la ordenanza. Independientemente del futuro de una iniciativa que desde sus inicios generó polémica, se debe reconocer que la ordenanza de Zapallar surge en un contexto de demanda de seguridad, demanda que tiene su origen en la delincuencia.
La Contraloría General de la República dispuso que la Municipalidad de Zapallar deberá efectuar "una rigurosa revisión del contenido de su ordenanza" relativa a las restricciones dispuestas sobre la circulación de menores en esa comuna en horas de la madrugada. El órgano fiscalizador dictaminó que la disposición no es procedente y conminó al municipio a "ajustarla al ordenamiento jurídico, debiendo informar documentadamente de ello a la Contraloría Regional de Valparaíso en el plazo de 15 días hábiles".
El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, tras recibir el oficio correspondiente, expresó que valora que el órgano fiscalizador "reconozca que las autoridades podemos brindar mayor protección a quienes se encuentran en una posible vulneración de derecho" y anunció que presentará una solicitud de reconsideración ante el contralor. Sostuvo que "no hemos excedido ninguna garantía constitucional".
Buscando mantener la normativa, el jefe comunal planteó la conformación de una mesa tripartita entre el municipio, la Contraloría y la Defensoría de la Niñez, con el fin de superar las debilidades que pueda presentar la cuestionada ordenanza.
La resolución de la Contraloría fue emitida tras una presentación de diputados oficialistas y de una concejala de Zapallar en contra de la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de esa comuna que establece una suerte de "toque de queda" para menores. El espíritu de la iniciativa, que fue estudiada en conjunto con la Defensoría de la Niñez, era la seguridad de menores y adolescentes que circulan solos en horas de la madrugada, esto ante supuestos riesgos que los amenazan, riesgos que pueden provenir de terceros y riesgos que significan las conductas e incivilidades de esos mismos grupos al consumir alcohol o drogas, como de hecho ocurre. Ocurre también que muchas veces los menores son instigados por adultos a la comisión de delitos dada la baja o nula penalidad que recae sobre estos.
Para el diputado comunista Luis Cuello, el municipio "tendrá que dejar sin efecto todo aquello que está contenido en la ordenanza que pugna con la Constitución". Como sea, el texto del oficio que lleva la firma del contralor general, Jorge Bermúdez, no rechaza la ordenanza, sino que dispone que se debe "ajustar" a la normativa vigente. Habrá que esperar los pasos jurídicos que da el municipio sobre una normativa que se aplica en varios países y que se intentó imponer, sin lograrlo, en la ciudad de Quilpué.
Independientemente del futuro de una iniciativa que desde sus inicios desató polémicas con apoyos y rechazos, se debe reconocer que la ordenanza de Zapallar surge en el contexto de demanda de seguridad, demanda que tiene su origen en la delincuencia que amenaza a todos los sectores de la sociedad y, en particular, como se ha dicho, a la juventud.