El Congreso de Perú tiene en sus manos atenuar las protestas antigubernamentales que azotan al país desde hace casi dos meses, aprobando un adelanto electoral a 2023, pero la polarización atrasa la medida, lo que puede provocar un chispazo definitivo, por lo que una solicitud que fue presentada los obligará a reconsiderar su voto.

El viernes, en una sesión que se prolongó hasta la madrugada del sábado, el Legislativo rechazó en una primera votación el adelanto de las votaciones a octubre de 2023. Sin embargo, se presentó una solicitud para reconsiderar el voto por lo que los diputados deberán revisar nuevamente el sentido de su decisión para determinar si se vuelve a votar la propuesta.

Esto ocurrirá mañana lunes a primera hora, el inicio de una semana en la que todo el país tendrá una lupa puesta sobre la decisión que adopten.

Al asumir el cargo de Presidenta el 7 de diciembre pasado, Dina Boluarte expresó su deseo de quedarse hasta 2026, pero, tras las primeras semanas de protestas en su contra, anunció un proyecto de ley que adelantaba las elecciones a 2024.

Este fue aprobado por el Congreso el 20 de diciembre, pero al significar una reforma constitucional, se debe votar en dos legislaturas.

Así, a partir del 15 de febrero corresponde la segunda votación en el Legislativo que necesita al menos 87 votos y, si se aprueba, en 2024 habría elecciones.

Situación crítica

Sin embargo, pareciera imposible sostener por más tiempo la situación interna en Perú, donde, tras dos meses de protestas, al menos 64 personas han perdido la vida.

En este escenario, el jueves el fujimorismo, el grupo con más parlamentarios, presentó un proyecto para adelantar los comicios a 2023.

El proyecto fue planteado por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García, pero tras ocho intensas horas de debate, recibió solo 45 votos a favor cuando debía contar al menos con el voto favorable de 87 parlamentarios, dado que se trataba de una reforma constitucional.

Durante el debate, Guerra García sostuvo que el adelanto en la fecha de los comicios era "una necesidad" para "darle un alivio" a su país "y a los ciudadanos", en referencia a las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en diciembre.

Tras la odisea parlamentaria que concluyó ayer de madrugada, la moción no obtuvo los suficiente votos para ser aprobada, aunque con el pedido de reconsideración que fue presentado, se podrá repetir la votación mañana.

Gobierno se lamenta

En este contexto, el Gobierno de Perú lamentó que el Congreso no haya aceptado adelantar las elecciones generales para octubre de este año y exhortó a las bancadas "a colocar por encima los intereses" del país, en medio de la crisis social y política.

"Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales donde las peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades", señaló la Presidencia peruana en un mensaje publicado en Twitter.

Violencia en amazonía

En paralelo, el Gobierno de la región de Madre de Dios, en la Amazonía de Perú, afirmó que "la violencia ha llegado al límite" en la ciudad de Puerto Maldonado, su capital, donde un turba de personas atacó el viernes con piedras y palos la casa del gobernador, Luis Otzuka, quien se defendió con un arma de fuego.

"La violencia en Puerto Maldonado ha llegado al límite, a tal extremo que la protesta se ha convertido en hechos delincuenciales, donde grupos armados provocan zozobra en la población", denunció el gobierno regional .

El pronunciamiento de la gobernación agregó que esta situación también está generando "el desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicinas e insumos" en la región.

El Ministerio de Defensa de Perú informó que las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía, comenzaron a desbloquear las carreteras interrumpidas desde diciembre pasado por manifestantes antigubernamentales en diferentes regiones del país. Un contingente de 200 efectivos de la Tercera División del Ejército apoyó a agentes de la policía para despejar el puente Camaná, ubicado en la carretera Panamericana Sur y una de las principales vías de acceso a la región de Arequipa, la segunda del país. La medida se implementó en " para garantizar la libertad de tránsito y otros derechos fundamentales", según dispuso el Gobierno.

El gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, cumplió un mes de detención que los detractores del Gobierno consideran "secuestro". Esto, en medio de protestas y denuncias de vulneraciones a su privacidad por el supuesto hallazgo de una cámara oculta en su celda.

"Hace un mes que nuestro líder y gobernador fue secuestrado por la dictadura Masista. Un mes de luchar por la democracia y libertad de nuestro país", indica un mensaje publicado por el equipo de comunicación de Camacho en su cuenta oficial en Facebook.

Camacho fue detenido el 28 de diciembre en Santa Cruz y, tras permanecer por varias horas paradero desconocido, fue trasladado a La Paz en un cuestionado operativo policial, por lo que la oposición considera que su aprehensión fue un "secuestro".

Un día después, un juez cautelar dispuso su detención preventiva durante cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño.

El opositor es investigado por el delito de terrorismo dentro del caso denominado "golpe de Estado I" relacionado con la crisis política y social de 2019, aunque la acusación se amplió posteriormente a cohecho activo y seducción de tropas, que es la usurpación de mando político o militar.

El oficialismo señala que en 2019 hubo un "golpe de Estado" contra el entonces Presidente Evo Morales.

La detención del gobernador cruceño desató masivas protestas y esta semana hubo cabildos ciudadanos que demandaron una reforma a la Justicia boliviana y una amnistía para los opositores detenidos por la crisis de 2019 , a los que algunos consideran "presos políticos". Los líderes de Santa Cruz emplazaron al Presidente boliviano, Luis Arce, a emitir una ley de amnistía y advirtieron con un referendo revocatorio de su mandato si no lo hace.

La reciente denuncia de la defensa de Camacho de que se encontró una pequeña cámara oculta en la celda donde l opositor recibía la visita conyugal de su esposa, Fátima Jordán, causó indignación en la oposición que acusó al gobierno de Arce de "espionaje".