Cores temen sangría de fondos regionales por nueva legislación
REGIÓN. Hay dudas sobre impacto en presupuesto tras cambio en ley este año. Solo dos obras han postulado: Cuartel PDI y arreglos en iglesia S. Francisco.
Un nuevo desafío planteó la nueva ley de Presupuestos 2023 a los Gobiernos Regionales, en torno a la realización y finalización de distintos proyectos que se financian pero que por distintos motivos se quedan sin recursos a mitad de camino y no terminan su ejecución.
De acuerdo a la nueva ley de Presupuestos, toda obra que esté en ejecución y que haya partido en 2021 y 2022, puede pedir hasta un 20% de alza de presupuesto bajo la justificación de alza de material. Ese requerimiento tiene que hacerse por parte de la empresa a cargo de la obra a la unidad financiera.
En el caso del Gobierno Regional, dicha evaluación la hacen los equipos técnicos del Gore, sin tener que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social. En la Región de Valparaíso hay, hasta ahora, dos obras que hicieron la solicitud: el cuartel de la PDI de Los Andes y la recuperación del templo San Francisco Barón, y la División de Control hace el análisis para ver la pertinencia y resolver cada caso en particular.
Al respecto, el consejero regional Manuel Millones indicó que "el año 2022 la Dirección de Presupuesto (Dipres) autorizó a toda obra en ejecución del Ministerio de Obras Públicas (MOP) tener una reajustabilidad hasta el 20% bajo el fundamento de alzas de precios de los materiales y esa norma pese a los requerimientos de diferentes empresas con contratos con cargo a los gobiernos regionales u otras entidades públicas , no se hizo extensiva a nadie más".
"No obstante en la ley de Presupuesto del 2023 se permite que obras con cargo a los gobiernos regionales puedan tener el mismo aumento del 20% y para ese objetivo el Core debe autorizar de manera genérica dichos aumentos para que el gobernador tenga dicha prerrogativa y de acuerdo a las solicitudes de las unidades técnicas o las mismas empresas evaluar si procede ese incremento", añadió.
Sin embargo, a su parecer, "la autorización de otorgar aumentos del 20% en la ejecución de las obras con cargo al FNDR es confusa y más encima puede ser una sangría de los presupuestos de los gobiernos regionales , por cuanto la reajustabilidad del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional no superó el IPC y, en cambio, el gobierno instruye que toda obra en ejecución puede pedir un aumento bajo la justificación del alza de los materiales. En base a lo anterior vamos a pedir una aclaración al ministerio de Hacienda y eventualmente a la Subdere un fondo de compensación por el impacto en las arcas regionales, por cuanto esta merma no fue considerado en la elaboración del presupuesto regional y si tiene impacto negativo esta medida".
En ese sentido, dijo que "hay dudas razonables si esta facultad es solo para obras con cargo al FNDR, pero cuya unidad técnica es el MOP o para todas las obras independientemente de la unidad técnica licitante. Este es un tema analizar como gobierno regional por cuanto si tendrá impactos en la suerte de los proyectos, pero también en los marcos presupuestarios. Estamos partiendo el año y por ende es obvio que serán mas las que pidan".
El consejero Roy Crichton recordó que "todas aquellas partidas que estén caídas de los procesos licitatorios se tienen que ir a reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social. Éste las reevalúa, le sube los valores y se lo devolvemos a los municipios vía convenio mandato para que puedan relicitar".
Citación en marzo
A su parecer "el problema que tenemos es que aquellas licitaciones que están adjudicadas por el municipios y efectivamente hay un aumento sustantivo de los materiales de construcción", por lo que en marzo espera poder citar a la Dipir y a la Unidad de Presupuesto para analizar este tema en la Comisión de Inversiones.
El presidente de la comisión de Inversiones, Percy Marín, lamentó la poca proactividad de las municipalidades en esta materia, y mencionó que en la actualidad hay 43 proyectos paralizados en la región.
"¡Hay una escasa proactividad por no decir nula por parte de los municipios! Tenemos a municipios como el de Villa Alemana que además han evidenciado un sesgo preocupante frente a instituciones tan importantes como Bomberos. Por una cuestión de sesgo ideológico, no ha habido una preocupación en la ejecución de 2 cuarteles, primero, en el cuartel de la Primero Compañía ni siquiera tramitaron los estados de pago ante el Gobierno Regional, lo que provocó el abandono de las obras por parte la empresa, cosa similar está sucediendo con la construcción del Cuartel de la Tercera Compañía. Ese es sólo un ejemplo que evidencia que las unidades técnicas que tienen por misión la ejecución de los proyectos no están siendo responsables".
Esto, explica, tiene que ver con que "si la obra no se ejecuta, el proyecto se envía a revalidación a Mideso y nos piden más recursos o complementarios para licitar nuevamente como si fuéramos un cajero automático. Hay otros casos donde los proyectos aprobados no muestran avance alguno y posteriormente pasado el tiempo pierden su recomendación técnica. Todo esto implica un perjuicio a la planificación y cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Gore. Esta práctica no sólo es patrimonio de los municipios, sino también de los servicios públicos respecto a sus rendiciones por ejemplo donde esperaron el último día hábil para rendir los traspasos".
Además, adelantó que habrá "algunos cambios presupuestarios ya no pasarán por la autorización de la Dipres. De hecho, el lunes aprobaremos los marcos presupuestarios donde pasaremos de $87 mil millones a $95.019.580.000".
"Este es un tema analizar como gobierno regional por cuanto si tendrá impactos en la suerte de los proyectos, pero también en los marcos presupuestarios".
Manuel Millones, Consejero regional
"El problema es que aquellas licitaciones que están adjudicadas por el municipios y efectivamente hay un aumento sustantivo de los materiales de construcción".
Roy Crichton, Consejero regional
2 obras en la región han solicitado aumento de presupuesto: Cuartel PDI en Los Andes y templo S. Francisco.