Pamela Boltei

Luego de que la Corte de Apelaciones decidiera admitir a tramitación la acción judicial del municipio de Valparaíso, interpuesta contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores por el delito de estafa tras el fallido espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad, los concejales de la vecina ciudad de Viña del Mar analizaron la alternativa de unificar las causas y solicitaron que el caso sea visto por la fiscal regional o el nacional.

Esto, a propósito de que ambas comunas, Valparaíso y Viña del Mar, se vieron afectadas de manera similar tras la cancelación del espectáculo pirotécnico de Año Nuevo 2023, con afectación directa al comercio y el turismo, pilares de la actividad económica de las dos comunas.

La acción judicial de ambos municipios fue presentada luego de que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) no autorizara el uso de fuegos artificiales en el show que se iba a realizar en Valparaíso y Viña del Mar, debido a que los elementos pirotécnicos estaban caducados, de acuerdo a la normativa actual. Primero fue Valparaíso, y unos días después, Viña del Mar.

Sin embargo, en primera instancia, el Tribunal de Garantía de Valparaíso decidió que la acción de las empresa Piromax Fx SPA y pirotecnia SPA, no configura el delito de estafa, sino que establece un incumplimiento de contrato, que no está sujeto al Código Penal. Tras apelar en la Corte de Apelaciones, el tribunal la declaró admisible.

Aseguraron en el nuevo escrito que la querella presentada cumplía con todos los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, siendo los hechos relatados en la misma constitutivos del delito de estafa, puesto que el proveedor presentó en la licitación una serie de antecedentes y documentos que creaban la apariencia de tener la capacidad y disponibilidad del material pirotécnico idóneo para la ejecución del espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad de Valparaíso, cuestión que finalmente no fue así, provocando perjuicios.

En Viña del Mar observaron lo ocurrido, señalando, por parte del edil Pablo González dijo que "siendo el mismo delito, podrían unificarse, pero el proceso investigativo debería ser llevado por la fiscalía regional o incluso nacional, considerando que hay gremios hoteleros y gastronómicos que han calculado el daño patrimonial y de imagen a ambas ciudades por la no realización de los fuegos artificiales. Es clave ver dónde se generó esto, y que la investigación sea llevada no por fiscales adjuntos locales".

Elementos distintivos

Su colega René Lues dijo que "ello contribuye a perseguir las eventuales responsabilidades civiles y/o penales del proveedor en relación a esta situación tan grave como la acontecida en el año nuevo en ambas comunas. En lo personal me inclino porque las causas se lleven por separado, pues lo más probable es que haya elementos distintivos y diferentes en ambos casos que requerirán estrategias jurídicas distintas. Y también me parece mejor, ya que como concejal hice atrás una presentación ante la Contraloría Regional para que investigue, en este caso, las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales de Viña del Mar en la licitación, adjudicación y fiscalización del proyecto de fuegos artificiales y que contribuyeron al fracaso del mismo".

El concejal Sandro Puebla comentó que " en el caso de viña yo espero que se persigan todas las responsabilidades por ese lamentable episodio, tanto de parte de la empresa pero también se indague si existió negligencia en algún aspecto por parte del municipio, yo creo que los hechos son distintos, Valparaíso ya tenía un contrato con la empresa y había pasado por hechos similares el año anterior, en el caso de viña la empresa estaba al tanto de las dificultades al momento de licitar y contratar con la municipalidad, ojalá nos puedan informar sobre el tema y sobre todo si ya se cobro la boleta de garantía que existía por 200 millones".

"Siendo el mismo delito, podrían unificarse, pero la investigación debería llevarlo la fiscalía regional o nacional".

Pablo González, Concejal PC

"Me inclino porque las causas se lleven por separado, pues lo más probable es que haya elementos distintivos y diferentes".

René Lues, Concejal DC

El tenor y las propuestas del informe gubernamental encargado a tres universidades estatales sobre los medios de comunicación del país, confirman las objeciones que expresó la Asociación Nacional de la Prensa al decidir no concurrir a las convocatorias del Ministerio Secretaría General de Gobierno para involucrarse en su iniciativa.

Desde el momento en que el Presidente Gabriel Boric, en su Cuenta Pública del 1 de junio del año pasado, anunció la elaboración de este documento, hicimos ver nuestra inquietud en cuanto a que una iniciativa de esas características se estructurara desde las entidades gubernamentales y estatales -uno de los principales sujetos de fiscalización de los medios- y no por la sociedad civil. Subrayamos entonces que ella trasuntaba un evidente ánimo de promover nuevas regulaciones para la actividad de los medios y la libertad de expresión. De ahí que desistiéramos concurrir a las entrevistas semiestructuradas que -para la concreción de este proyecto- se desarrollaron en dependencias del Ejecutivo, sobre la base de un temario fijado por la autoridad y coordinado por instituciones académicas estatales designadas por el mismo gobierno.

El ajuste del relato sobre la génesis de esta iniciativa -hecho en la introducción del texto titulado "Más amplitud, más voces, más democracia"-, intenta atenuar la trazabilidad política del documento, relevando el rol de las universidades estatales involucradas.

Respecto de los contenidos del informe, llama la atención cómo este, focalizado como está en las dimensiones del sistema de medios como una estructura de poder cuya redistribución se pretendería, ignora en cambio su actual realidad. Ella se caracteriza por la existencia de una inmensa variedad de medios, muchos de ellos digitales, los cuales ya no se conectan con el público a través de las plataformas clásicas de hace 40 años (radio y televisión concesionada, y prensa), sino en plataformas multimediales que han enriquecido el ecosistema mediática. Así, las barreras de entrada son hoy mínimas, gracias a los menores costos que ofrecen las nuevas tecnologías. Sorprendentemente, tratándose de un documento que pide "más voces, más democracia", no da cuenta, en cambio, de las amenazas que representa el monopolio actual de las grandes plataformas vinculadas a gigantes tecnológicos, cuestión que es objeto de amplio debate mundial en estos días y que concentra la preocupación de las principales democracias.

Así, las propuestas del informe avanzan conforme ese mismo superado diagnóstico "analógico", buscando segmentar el espectro que utilizan la radio y la televisión tradicionales, debilitar la llegada de la publicidad estatal a las audiencias, crear medios públicos que tendrán un impacto monopólico en regiones, haciendo peligrar a los medios locales, y hasta regular por vía legal la forma en que se debería informar, desdibujando la libertad editorial, una de las bases de cualquier democracia moderna.

Algunas de las propuestas contenidas ya habían sido presentadas por ciertos sectores en el reciente proceso constituyente, pero fueron rechazadas en el pleno de la propia Convención, precisamente por su negativo impacto sobre las libertades de expresión y de prensa. En efecto, su implementación entregaría al Estado un mayor control en la regulación de los medios y daría pie a tentaciones autoritarias que encaminen a la desaparición de medios y a fortalecer el control de los gobiernos sobre la "información", si es que los contenidos generados en esas condiciones pudieren ser llamados así.

Lamentablemente, estos peligros no logran ser conjurados por las acertadas referencias del informe en materias como la necesidad de un mayor resguardo de la seguridad de los periodistas en el ejercicio de sus labores -situación en la que siempre le hemos planteado al gobierno nuestra preocupación y e irrestricta colaboración-, el aumento de los incentivos económicos que establece la Ley de Prensa y el fortalecimiento de la educación escolar sobre medios y uso de redes sociales. Por el contrario, ellas se acompañan de numerosas propuestas de nuevas regulaciones. Estas incluyen el establecer un inédito código de ética periodística por vía legal, condicionar las concesiones comunitarias de radio y televisión según el aporte social que el mismo poder público estime discrecionalmente que requiere la comunidad, o implementar administrativamente orientaciones de diversidad cultural a todos los medios, supeditando incluso a su cumplimiento la asignación de una concesión. Lo anterior, además de la ya mencionada segmentación del avisaje estatal, que, en lugar de mirar a la efectividad del mensaje, se convertiría en un mecanismo de "premio" y redistribución financiera.

En definitiva, el resultado de esta iniciativa, más que fortalecer la libertad editorial y profundizar la libertad de prensa en el país, y con ello la democracia, parece destinado a servir como marco teórico para la definición de políticas públicas y propuestas legales que introduzcan nuevas regulaciones en el funcionamiento de los medios, debilitando el papel que estos juegan como espacio de debate público y de fiscalización de las autoridades.

En su constante búsqueda por modernizarse y generar instancias culturales en Viña del Mar, el Museo Fonck proyecta generar una propuesta audiovisual en la Sala "Zona Central", ubicada en el primer piso, en la cual los visitantes conocerán a través de imágenes, sonidos y muestras en vitrinas, la historia de esta zona, que se extiende desde el sur del río Choapa hasta el río Itata.

Gracias a esta iniciativa, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, la Sala que presenta objetos de altísimo interés patrimonial, propiciará que el público construya un sentido identitario, con información detallada de la prehistoria local.

De este modo, se podrá explorar el paisaje que envolvía a la zona central del país, cuyos primeros habitantes eran asiduos cazadores de mastodontes hace unos 11.000 años. Se realizará un recorrido por la línea de tiempo, comenzando en el período Paleoindio con la Megafauna Extinta, siguiendo con el Arcaico (8.000 - 3.000 a. C.), el Agroalfarero Temprano (300 a. C. - 900 d. C.), el Agroalfarero Intermedio Tardío (900 - 1470 d. C.), el contacto con el Imperio Inca o Tawantinsuyo, producido hacia el 1470 d. C y el periodo Agroalfarero Tardío (1470 - 1536 d. C.).