Las detenciones ciudadanas han aumentado en los últimos tiempos como una reacción, desde la base social, desde las personas, ante el aumento de la delincuencia. Se entiende por ese tipo de detención la captura por parte de víctimas o testigos de algún hecho delictual, de un antisocial sorprendido en flagrancia.

Esta detención tiene por objeto entregar a la brevedad al delincuente a las autoridades correspondientes para que estas adopten los procedimientos del caso.

Esta acción tiene riesgos. En primer lugar, está la reacción del delincuente que puede ir armado y que, en último término, es un "profesional" del delito. Así, el intento de captura puede terminar en una tragedia.

El otro riesgo es que una reacción desmedida de los captores incluso puede llegar a la muerte del antisocial, convirtiendo a las víctimas en victimarios, pues dentro de nuestro orden jurídico no está permitido tomarse la justicia por mano propia.

En la tarde del lunes se registró en el sector poniente de Viña del Mar una de estas detenciones al ser sorprendido un individuo robando en un local de comida rápida.

El sujeto fue encadenado a un poste de alumbrado público. La acción, realizada por personal del establecimiento atacado, fue aplaudida por los transeúntes. Carabineros, alertado del caso, llegó hasta el lugar 30 minutos después y el individuo fue trasladado hasta la Primera Comisaría situada a poca distancia del lugar de los hechos.

En este caso no hubo reacciones desmedidas contra el delincuente, como ha ocurrido en otras oportunidades. Caso reciente es el ocurrido en la capital cuando un delincuente robó el teléfono celular al conductor de un automóvil. La víctima persiguió al antisocial y al darle alcance lo arrolló con su coche. Acción desproporcionada que dejó al antisocial con riesgo vital y al conductor detenido con posibilidades de ser acusado de homicidio.

Ese tipo de reacción no es novedad y es el fruto de respuestas lentas de las policías -por causas muy justificadas- o de resoluciones insuficientes del sistema judicial.

También esas conductas tienen su origen en una normativa en exceso garantista que al final del día deja a las personas y a sus bienes en la indefensión.

En medio de la crisis de seguridad que se vive en la actualidad, con la presión de una migración que abre paso a organizaciones delictuales internacionales, es urgente atender reformas legales que permitan facilitar los procedimientos policiales y que aclaren los límites que las personas tienen en sus reacciones ante delitos flagrantes.

Y en el sentido anterior hay responsabilidad del Ejecutivo, que puede activar mediante urgencias normas pendientes en el Parlamento, y de los propios legisladores, que deben priorizar las permanentes demandas sobre seguridad que recorren de norte a sur y de cordillera a mar todo el territorio nacional.

Dada la actualidad que estamos enfrentando en materia delictual, nos parece pertinente destacar algunos puntos que plantea Jorge Melguizo, asesor en materias de seguridad y uno de los líderes del Plan Medellín, implementado en Colombia, donde se logró disminuir las muertes violentas en un 96,7%, en los últimos 30 años.

El experto señala tres aprendizajes del actuar del narcotráfico. En primer lugar, los Narcos cuando llegan a un territorio con el fin de garantizar su operación invierten y lo hacen bien, disponiendo sin límite los recursos necesarios para cooptar a la comunidad y garantizar el control del entorno por distintas vías. Llenan los espacios que el Estado ha dejado abandonados, brindan oportunidades económicas y reclutan a niños y jóvenes en sus organizaciones e incluso a adultos mayores, los que generalmente participan como custodio de mercadería o como vigilante. En segundo lugar, los narcotraficantes capturan la voluntad de aquellos que son claves para una operación sin contratiempos, es el espacio de la corrupción en que poco importa si hay o no consentimiento, para ello opera la fuerza. Y, en tercer lugar, son capaces de funcionar en carteles porque logran articularse para trabajar organizada y especializadamente, lo que rara vez vemos en la relación entre el Estado y la sociedad civil.

Durante los últimos meses hemos visto cómo se ha incrementado la participación de niños y jóvenes en delitos de mayor violencia, la exclusión escolar, el consumo de drogas y alcohol, las listas de espera en materia de salud mental y las brechas de cobertura y de calidad en la oferta en el Servicio de Protección. Sin embargo, aun frente a este escenario, la respuesta del Estado no ha sido oportuna ni mucho menos completa. Y a pesar de la existencia de un diseño institucional para la implementación de la Ley de Garantías y de Protección a la Infancia, en la práctica no se ha materializado y subsisten los déficits históricos en materia de oferta pública preventiva y con evidencia para disminuir los factores de riesgo que afectan a la niñez. La velocidad del crimen organizado supera ampliamente a la capacidad del Estado para llegar antes y prevenir el inicio de trayectorias delictivas desde la primera infancia.

Así como el Plan Medellín, existen otras iniciativas y modelos ampliamente probados internacionalmente como el "Comunidades que se Cuidan" de la Universidad de Washington implementado en Chile desde el 2014 por la fundación San Carlos de Maipo. Este modelo trabaja en la prevención de aquellas conductas problemáticas que afectan a la niñez, como el consumo de drogas, la violencia y la exclusión escolar, creando un Consejo Comunitario con los líderes locales que se preocupa de realizar programas y estrategias con evidencia. Por lo tanto, si queremos avanzar en abordar las causas a la base de la inseguridad y de la delincuencia, tenemos que hacerlo con evidencia, eficiencia y oportunidad. Dejemos de llegar tarde.