El excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, aseguró que la misiva del Grupo de Puebla "es elocuente en denunciar evidentes abusos, violaciones al derecho". En la misma línea, dijo que "este juicio va a durar dos años, por tanto, quiere decir que durante 10 años no habrá sentencia. La carta expresa claramente que se violan los plazos, es un proceso que ya tiene problemas de nulidad por plazo razonable".
Después de que el Grupo de Puebla emitiera una carta, firmada entre otros líderes del continente por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde critican el proceso judicial del caso Soquimich (SQM) en Chile y defienden al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el Gobierno reaccionó a través de la primera autoridad del país y varios de sus ministros, y calificó de "improcedente" la intervención del mandatario trasandino.
"Una justicia dilatada es una justicia denegada", se lee en la misiva donde acusan que fiscales han dilatado el juicio en diversas ocasiones, pero además defienden a ME-O indicando que "viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera".
La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien ayer también entregó kits sanitarios a las mujeres damnificadas por los incendios junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y ONU Mujeres, aseguró que tras enterarse del tema "lo primero que hice fue conversar con el embajador (argentino en Chile, Rafael) Bielsa sobre este tema y hablar con el ministro de Justicia".
"Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta", añadió la canciller.
De todas formas, la secretaria de Estado dijo que "estas son situaciones que son puntuales, sin desconocer que nos parece que son absolutamente improcedentes las declaraciones en esa carta, pero eso no afecta la relación bilateral con Argentina, que es una relación que está muy robusta".
En la misma línea, el ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó en T13 Radio que la misiva "desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno".
"Las declaraciones que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias. (...) La leería como apoyo político a ME-O, pero desde lo institucional, su contenido es improcedente", añadió el titular de Justicia y remarcó que "no me atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia argentina".
"El sistema nuestro, y esto es un tema relativamente compartido también por los especialistas, es muy eficiente para atender en términos de tiempo determinados delitos, pero hay una estructura procesal que combina, que probablemente no es la adecuada para abordar delitos complejos", dijo Cordero.
Para reafirmar la línea de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric respondió al ser consultado por el tema y manifestó que "yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas".
A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional dijo que "consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada. Queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país".
La Fiscalía defendió que los persecutores hacen su trabajo "con estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia".
El Caso SQM comenzó, después de ocho años, su fase de juicio oral este lunes, y entre los ocho acusados se encuentran ME-O y Pablo Longueira.
La carta del Grupo de Puebla tiene 29 firmas, entre ellas la de Fernández y la del exlíder del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y en ella se señala que "durante estos ocho años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio".
Cerca de las 03.40 de la madrugada de ayer, cuatro sujetos desconocidos ingresaron a un contenedor de la Capitanía de Puerto de la Armada de Chile en Cochamó, Región de Los Lagos, y robaron cuatro pistolas y 300 municiones de guerra.
Para conseguir llevarse los objetos, los delincuentes golpearon y maniataron al único marinero de guardia que estaba en el lugar.
Horas más tarde, la Armada emitió un comunicado confirmando los hechos y asegurando que los antisociales registraron las instalaciones para luego sustraer "armamento y munición, huyendo posteriormente del lugar".
"El hecho fue denunciado al Ministerio Público y a la Fiscalía Naval de Puerto Montt, iniciándose de inmediato las diligencias investigativas correspondientes. En tanto, el personal de guardia constató lesiones luego de ser atendido en el centro asistencial local", señaló la institución.
En el lugar, Fiscalía ordenó la concurrencia del Sistema de Información Policial de Carabineros de Puerto Varas, así como Labocar de Puerto Montt y un equipo del OS-9.
"La institución condena este acto delictual en una de sus reparticiones y ejercerá todas las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables", sentenció la Armada.
Tras lo ocurrido, el gobernador de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín, reaccionó y aseveró que fue "un acto premeditado y organizado para efectivamente ir a pedir ayuda para después entrar, golpear a un guardia y robar cuatro pistolas y 300 municiones".
"Sabían lo que había ahí, fueron a una hora en que había solo un guardia y eso yo creo que habla de una organización para hacer este delito, así que esperemos que prontamente estos sean identificados", agregó.
La autoridad regional indicó que "tenemos que tomar acciones muy rápidas y concretas", en especial porque, según planteó, "esto puede significar que se está organizando algo que va mucho más allá de un robo puntual".
"Andaban en una camioneta circulando por esa zona. Hay que entregar esa información a Carabineros para ojalá actuar con mucha premura y espero que se detengan prontamente porque esto a mí me da una señal de que acá se organizó, se pensó y se hizo", finalizó el gobernador.
Ayer hubo otro atentado incendiario en la Región de la Araucanía, donde desconocidos atacaron tres camiones y quemaron uno por completo, mientras que otros dos fueron baleados en la cabina.
El suceso ocurrió en la Ruta 49, entre Collipulli y Curaco, y según la declaración de testigos los autores tenían armas de fuego largas. Por otro lado, las maquinarias son de propiedad de la forestal CMPC y Carabineros utilizó drones y contingente de patrullaje para buscar el paradero de los autores.
La canciller Antonia Urrejola abordó la situación de Nicaragua, donde el Gobierno sandinista de Daniel Ortega les quitó la nacionalidad a 94 opositores de los 222 que expulsó del país y los declaró prófugos de la Justicia. "La situación es de la más alta gravedad. Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestras, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia", dijo la jefa de la diplomacia chilena.