No hay registros de una administración municipal en Viña del Mar que se haya visto obligada a suspender el ingreso a clases de un establecimiento educacional porque el recinto -y su comunidad escolar completa, por añadidura- se encuentra al centro de una cruenta disputa territorial entre bandas criminales. Eso le ocurrió esta semana a la alcaldesa Macarena Ripamonti y a la Escuela Técnica Profesional Doctor Óscar Marín Socías, creada en Forestal un 31 de marzo de 1966, a instancias del reputado médico cirujano que le da el nombre, y emplazada a pocas cuadras del lugar donde fueron acribillados a balazos dos jóvenes, de 17 y 19 años, en un crimen que el propio Ministerio Público vincula con otros homicidios en la Ciudad Jardín.

Cuando esto ocurre -con toda la carga simbólica que tiene la clausura, aunque sea momentánea, de un establecimiento-, cuando los vecinos deciden no salir de sus viviendas por temor a ser alcanzados por una balacera o no pueden dormir debido a los fuegos artificiales lanzados por los delincuentes en recuerdo de sus pares caídos, es inevitable pensar que el trabajo contra el crimen organizado, presentado con bombos y platillos a fines del año pasado, no ha logrado avanzar en su cometido, por más estadísticas de detenidos y armas incautadas que presente la delegada presidencial regional, Sofía González.

El acto desesperado de pedir públicamente un fiscal con dedicación exclusiva para estos casos en Viña del Mar, como hizo la alcaldesa el lunes, lleva implícito un reconocimiento de vulnerabilidad. Ningún municipio tiene atribuciones reales para enfrentar fenómenos delictivos complejos y violentos, como el narcotráfico, pero como la autoridad más cercana a las comunidades afectadas por la seguidilla de homicidios, Ripamonti sabía que debía pasar a la primera línea del tema, con toda la responsabilidad que esto conlleva.

La delegada presidencial, Sofía González, esquiva el centro del problema cuando, presionada a dar una respuesta frente a los graves hechos de estas semanas, se escuda en el argumento de que el aumento de los homicidios se remonta a una década y que en el ámbito de la seguridad pública su gestión, que está pronta a cumplir un año, puede mostrar mejores resultados que la administración anterior de Jorge Martínez.

Lo relevante es que las autoridades sean capaces de formar equipos de trabajo eficientes para coordinar entre los distintos estamentos involucrados una solución de fondo al preocupante fenómeno delictual, avanzar rápidamente en medidas que den mayor seguridad a la población y le permitan acudir a sus establecimientos educacionales, y encabezar un acuerdo macro contra la delincuencia, uno que de verdad sea capaz de unir voluntades políticas en la aplicación de nuevas leyes, nuevas tecnologías, nuevas atribuciones y mayor seguridad para toda la población regional.

En este escenario, la petición de un fiscal con dedicación exclusiva es pertinente y debe ser analizada por el Ministerio Público como una herramienta no solamente de persecución penal, sino como una señal potente de su determinación por dar respuesta y solución a uno de los problemas más acuciantes que tiene la zona.

No podemos negar que en los últimos años diversos sectores del país han estado trabajando para reducir las brechas de género; sin embargo, todavía queda camino por recorrer para lograrlo. Según el último Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, realizado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la participación de mujeres en gerencias de primera línea es de un 21,1%. Además, las mujeres del nivel ejecutivo ganan un 13,8% menos que los hombres en esos mismos cargos.

Por su parte, CEPAL señala que la dedicación al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ocupa un 24,7% del tiempo de las mujeres en Chile, a diferencia de los hombres que ocupan solo un 10,8% de su tiempo a esas labores. Esto último demuestra que el sistema de roles sigue encasillando a las mujeres a hacerse cargo de las tareas del hogar y, por la misma razón, existen barreras para la inserción de ellas en la esfera productiva.

Es evidente que necesitamos seguir avanzando para que las brechas de género disminuyan. Las mujeres debemos enfrentarnos constantemente a romper los esquemas establecidos en el ámbito personal, social y profesional, demostrando día a día nuestro potencial y capacidades. No obstante, para que realmente exista una transformación cultural, requerimos que se tomen acciones por parte de todos los actores involucrados.

Como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso trabajamos activamente para promover la participación de las mujeres en el ámbito social, económico, político y cultural de nuestra sociedad. A través de la Mesa Mujer-Empresa CRCP nos esforzamos por promover la inclusión de la mujer en las empresas y el emprendimiento, analizando y difundiendo nuevos enfoques de recursos humanos, renovados tipos de liderazgo, influyendo en políticas públicas y exponiendo la opinión del gremio sobre temas estructurales para aumentar la participación de la mujer en la economía regional.

Creemos que tejer redes aporta enormemente a generar mayor impacto y acelerar el proceso de equidad. Cuando hablamos de equidad de género se tiende a pensar que es un desafío que solo incumbe a las mujeres; sin embargo, es necesario un trabajo colaborativo para lograr ambientes laborales equitativos y leyes que promuevan una corresponsabilidad real.

Invitamos a todas y todos a conmemorar este 8M de manera especial, recordando que tenemos la oportunidad de generar la transformación que Chile requiere. Es tiempo de unificar voluntades políticas, empresariales y sociales en torno a este ideal. Comprometámonos a tener como sociedad un futuro con equidad de género.