Cristián Rojas M.

Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que extendió a todo el país la orden para que los fiscales soliciten prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que sean detenidos, sea cual sea el delito, lo que motivó que la Defensoría Migrante anunciara una denuncia ante la propia Fiscalía por la medida que calificaron de xenófoba, mientras que persecutores y gendarmes advierten sobre la insuficiente capacidad carcelaria para hacer frente a esta nueva situación.

Tras conocer la orden dada por Valencia, la Coordinadora Nacional de Migrantes emitió una declaración pública en la que dicen lamentar "que el incremento del crimen organizado y la escalada de violencia que se está viviendo en Chile y el mundo venga generando una crisis en la protección de la vida y la seguridad humana. Nos preocupa que la respuesta frente a esta crisis sea el generar medidas populistas que instrumentalizan y criminalizan a distintos sectores sociales, entre ellos, a la población migrante, desarrollando iniciativas que no tienen sustento científico ni evidencia a su favor y muchas veces tampoco cuentan con un marco normativo que resguarde los principios del Estado de derecho".

Sería inconstitucional

Al respecto, el abogado Jaime Vera, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), advirtió que "puede haber incluso problemas de constitucionalidad en una decisión de ese tipo, teniendo en cuenta que la Constitución señala que la libertad de las personas se puede limitar en los casos y en la forma que establece el ordenamiento en general, la ley; entonces, no hay un tratamiento particular en la ley respecto de personas extranjeras. Y desde ese punto de vista se estaría creando por la vía de esta orden un estatuto diferente".

En cuanto al alcance que puede tener la orden dada por el fiscal nacional, planteó que "a partir de lo que acabo de decir, uno podría entender que podría estar implícita una discriminación en este tratamiento que se va a dar", pues "respecto del delito que va a justificar la procedencia de la prisión preventiva podría haber situaciones de trato diferente de nacionales y personas extranjeras".

Así, explicó, "personas nacionales que cometan un delito que no haga proporcionada la medida de prisión preventiva no se enfrentarían a una solicitud de ese tipo por parte del Ministerio Público, versus personas que se encuentran en condición de migrantes y que sí podrían enfrentar una solicitud de este tipo, aunque claro, siempre va a ser el tribunal el que va a tener que decretarlo".

"diferencia de trato"

El jurista estima que "hay una diferencia de trato porque personas que no se logran documentar en Chile, por ejemplo, por la vía del ejercicio de la facultad que establece el artículo 85 del Código Procesal Penal, o sea, el control de identidad, a lo más arriesgan una privación de la libertad de ocho horas para fines de identificación, y en este caso se estaría decretando una medida que es distinta, que es una prisión preventiva que tiene un carácter indefinido, y yo no sé si tiene por objeto el regularizar cuestiones de identificación de una persona migrante, entonces con eso se acrecientan las diferencias de trato".

Proporcionalidad

Consultado sobre si cree que los jueces van a acoger masivamente estas nuevas solicitudes de los fiscales, Vera señaló que "los tribunales, en general, acogen las solicitudes del Ministerio Público cuando se cumple con los requisitos que establece la ley", es decir, "cuando el delito es grave. La prisión preventiva, que es una de las restricciones más intensas de los derechos fundamentales que se puede imponer en el marco de un proceso penal, está sometida a límites desde el punto de vista de la proporcionalidad, y si se empieza a solicitar, y más aún, a decretar por parte de los tribunales de justicia fuera de esos casos graves, podría, en definitiva, estar vulnerándose la máxima de proporcionalidad".

Por su parte, el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez, planteó que "no tenemos una posición todavía, porque hay que ver cómo es que la fiscalías lo van a implementar, estamos esperando eso para tener información". No obstante, indicó que estarán atentos a "primero, que no vaya a ser discriminatoria respecto de un grupo específico, que sería la gente que en su calidad de extranjero por muy distintas razones podría encontrarse en un proceso de adquirir todavía un rol un único nacional, un RUN. Por ejemplo, podría ocurrir que alguien por demoras en el Registro Civil tuviera problemas al respecto".

Añadió que "lo otro es que habrá que ver exactamente cómo se regula, que la medida no vaya a ser desproporcionada en función de la infracción que se está tratando de poner término, y eso va a depender de cómo se implemente; entonces no sabemos todavía, de modo que yo voy a consultar a la fiscal regional precisamente eso, cómo es que se piensa implementar en la en la región".

Capacidad carcelaria

Por otro lado, Martínez hizo notar que hay "otra perspectiva que tiene que ver con la capacidad del sistema penitenciario de seguir recibiendo personas. En estos momentos, la cárcel de Valparaíso, por ejemplo, tiene una sobrepoblación, y evidentemente que pensar en aumentarla no va a realizarse de manera sencilla, va a significar meter más gente en la misma superficie disponible que hay hoy en día; por lo tanto, va a haber un empeoramiento de las condiciones en que esas personas, se encuentran" (ver nota secundaria).

Para Martínez, "si se ejerce el criterio de una manera razonable, evidentemente que implicaría mantener un poco la situación que existe. El punto está en que la instrucción implica insistir en todos los casos".

"La Constitución señala que la libertad de las personas se puede limitar en los casos y en la forma que establece la ley".

Jaime Vera, Profesor Derecho Penal PUCV

"Que no vaya a ser discriminatoria respecto de un grupo específico (...). Que la medida no vaya a ser desproporcionada".

Fernando Martínez, Director regional del INDH

La orden del fiscal nacional sobre pedir prisión preventiva a todos los extranjeros indocumentados que sean detenidos podría empeorar el hacinamiento en las cárceles si es que los jueces acceden a decretar esa medida cautelar en la mayoría de los casos, advierten funcionarios de Gendarmería.

En el caso de la cárcel porteña, Pablo Araya, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) Provincial Valparaíso, detalló que la capacidad máxima del recinto es para 1.919 reos y actualmente hay 2.600, mientras que hay tres módulos cerrados. Se trata del módulo 104, desde el cual se fugaron seis reos el año 2021; el módulo 114, al cual se le están haciendo reparaciones de infraestructura, y una vez que terminen se reparará el 104. Ambos tienen capacidad para 320 reos cada uno. Y a ellos se suma el módulo 112, correspondiente a los castigados, que fue cerrado por malas condiciones sanitarias, tras una orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Ya hay hacinamiento

Considerando aquello, Araya advirtió que "la infraestructura actualmente no nos acompaña en Gendarmería, en Valparaíso hoy en día tenemos hacinamiento y sobrepoblación", por lo que la orden del fiscal nacional, de ser acogida masivamente por los jueces, "sin duda va a provocar un desajuste con la internación de estas personas, porque en Valparaíso ya no es factible hacer segregación con la población penal, dado que no hay donde dejarlos, y las unidades más chicas de la región también están con sobrepoblación".

Por su parte, el presidente de Anfup Provincial Marga Marga, Mario Brito, señaló que "a nosotros, como provincial Marga Marga, nos parece bien la resolución del fiscal nacional en relación a ingresar a prisión preventiva a todos aquellos extranjeros indocumentados, pero en el mismo tenor creemos que también es correcto que se vayan incrementando en los recursos necesarios para poder ejecutar esa labor. Eso implica, mayor infraestructura, mayor recurso humano y todo el apoyo logístico necesario para poder enfrentar la situación que ha resuelto el fiscal nacional".

Explicó que el Centro de Detención Preventiva de Limache "tiene una infraestructura bastante más arcaica, por así decirlo, porque es una unidad antigua dentro de la Provincia de Marga Marga, pero indudablemente que en la medida en que se vayan generando este tipo de acciones, se tendrán que ir habilitando también algunas dependencias para poder alojarlos. Creo que Limache, en la condición en que está, podría recibir una cantidad moderada de reclusos en esta condición".

"La infraestructura no nos acompaña en Gendarmería, en Valparaíso tenemos hacinamiento y sobrepoblación".

Pablo Araya, Dirigente Anfup Valparaíso