Por casi cinco días, el Gobierno mantuvo en estricto hermetismo el listado de las 30 comunas incluidas en el plan especial de intervención que la ministra del Interior, Carolina Tohá, venía preparando hace meses y que fue adelantado debido a la muerte del cabo Daniel Palma, ocurrida en Santiago apenas diez días después que la sargento Rita Olivares fuera asesinada por delincuentes en el sector de El Belloto, Quilpué.

Dos mártires de Carabineros, ambos por disparos en la cabeza, eran un peso demasiado grande para un Ejecutivo que hasta ese minuto se veía vacilante ante los consecutivos episodios de delincuencia: robos a gran escala, homicidios entre bandas de narcotraficantes o funerales de alto riesgo. El fracaso del gran acuerdo político sobre seguridad debido a los indultos y las dudas sobre el respaldo real de las figuras del Gobierno a Carabineros por sus dichos pasados, cuando no tenían las responsabilidades que implica La Moneda, apuraron el anuncio de "Calles sin violencia", un plan de acción que tiene buenas intenciones, con una estrategia pensada para convencer a la ciudadanía y reducir la sensación de inseguridad, pero con una pésima gestión comunicacional, al punto de transformar el listado definitivo de comunas involucradas en un confuso misterio oficial.

Tras reunirse en La Moneda con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, varios alcaldes informaron ayer el listado de las primeras 10 ciudades beneficiadas, entre ellas Valparaíso. Minutos después, la propia delegada presidencial, Sofía González, confirmaba el dato, la capital regional está dentro de las elegidas, a lo que siguió una cascada de reacciones parlamentarias, principalmente oficialistas. Pero todo eso duró sólo algunas horas, porque en la tarde, desde el Congreso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, le quitó el piso a cualquier listado de comunas y afirmó que se trataba de rumorología, en un intento por evitar que el develado del misterio sobre el plan de intervención policial opacara el principal logro del gobierno ayer, la aprobación del proyecto de 40 horas laborales. El problema es evidente y tiene dos ámbitos. Uno es el temor a que el gazapo comunicacional se transforme en uno de gestión. Luego, por más que el Gobierno afirme que la elección de cada comuna se basa en estadística imparcial, la crispación del ambiente político invita a las suspicacias y las dobles lecturas, más aún con una elección municipal en el futuro cercano.

Los distintos estudios de opinión vienen mostrando que la seguridad es el tema central en la ciudadanía y, dentro de este escenario, la preocupación por el narcotráfico ha ido tomando cada vez más fuerza.

Según la última Panel Ciudadano UDD, el 77% de los encuestados cree que estamos perdiendo la batalla contra los narcos y un 55% que seguiremos el mismo camino que otros países de Latinoamérica, donde el narco se hizo muy poderoso e incontrolable.

La Región no está a salvo, entre otras cosas, de lo anterior. El narcofuneral que significó la suspensión de clases en más de 10 instituciones educativas en Valparaíso o el informe presentado por la ONU que señala a San Antonio como uno de los principales puertos donde se mueve droga en el continente, es muestra patente de ello. Por otro lado, los delitos de homicidio subieron un 30% el 2022 -respecto al año anterior- en la región. Hechos alarmantes.

Como es lógico, un problema de la envergadura que estamos viviendo no tiene una solución fácil y conlleva el esfuerzo y voluntad de todos los actores involucrados. El Estado deberá desarrollar políticas públicas que doten de mejores herramientas a sus instituciones policiales y de inteligencia y lograr mayor y/o mejor presencia donde no están presentes. El Gobierno, por su parte, debe -de una vez por todas- hacerse cargo de su responsabilidad de usar la fuerza.

Por su parte, los ciudadanos debemos dejar de creer que problemas de esta magnitud sólo los resolverá el Estado. La sociedad civil tiene un rol clave contra el narco. Esto, porque una sociedad civil que se hace cargo de sus niños y jóvenes, así como de quienes menos recursos tienen, quien ocupa o disputa los espacios públicos y ofrece alternativas a quienes sienten no tenerlas, les deja menos espacio a los promotores de la delincuencia y el narcotráfico.

El historiador Niall Ferguson señaló que "ser un verdadero ciudadano no consiste sólo en ir a votar, tener un trabajo remunerado y no quebrantar la ley", sino que "también implica participar con la manada -ese grupo más grande más allá de nuestra familia-, que es precisamente donde aprendemos a desarrollar y hacer cumplir reglas de conducta. En resumen, a autogobernarnos; a educar a nuestros hijos; a ayudar a quienes no pueden ayudarse; a luchar contra el crimen".

La Región, y especialmente Valparaíso, por mucho tiempo fue un ejemplo de una sociedad civil vigorosa que se hacía cargo de su destino, coincidiendo con sus mejores años. La crisis que vivimos puede ser una buena oportunidad para volver a sacar lo que alguna vez nos hizo ser "la joya del Pacífico".