No es el momento de hacer acusaciones y señalar responsables, pero sin duda es una vergüenza la larga postergación del proceso de licitación del transporte público regional. Se debió realizar en 2015, pero se ha postergado para 2025. El transporte público juega un rol fundamental en la calidad de vida de la población en los más variados aspectos y su condición actual, salvo excepciones, es lamentable. Quizás la dilatada postergación sea fruto del trauma por los múltiples problemas de la movilización colectiva del Gran Santiago. Quizás. El hecho es que asistimos a nuevos esfuerzos por retomar el proceso con la lógica aspiración de mejorar los servicios. Se han iniciado diálogos ciudadanos. Es importante la participación amplia en esas consultas que tocan la vida diaria de las personas. Un resultado concreto de ese ejercicio es un acuerdo suscrito por 95 representantes de diversas organizaciones incluyendo concejales y dirigentes sociales del Gran Valparaíso que postulan cambios radicales en el sistema que deberían reflejarse en las bases de la tan postergada licitación. Se postula creación de empresas públicas de transporte y la intervención del Estado en el modelo de gestión. En general los firmantes, con razón, censuran el actual sistema operado por privados. No hay que olvidar, por otro lado, los fracasos de la fenecida Empresa de Transportes Colectivos del Estado, que operó tranvías, buses y trolebuses, y el servicio de buses que mantuvo la Municipalidad de Viña del Mar. No se deben olvidar tampoco los importantes recursos públicos que se inyectan a la modalidad actual, pese a lo cual no se logra el objetivo de calidad, a consagrar en los hechos el "derecho a una buena movilización". Como sea, hay que seguir recogiendo opiniones de autoridades, organizaciones vecinales, academia y operadores actuales y eventuales nuevos para llegar así a formular bases que aseguren calidad del servicio, sin desechar alternativas. Estableciendo un sistema de control riguroso que vigile en forma permanente e independiente el funcionamiento del sistema.

La situación de la criminalidad en nuestro país es grave y prioritaria. No sólo debe preocupar a la ciudadanía, sino ocupar a quienes formamos parte de la administración del Estado. En este escenario, lo más peligroso son los delitos violentos que en el último tiempo han provocado la lamentable muerte de carabineros en el ejercicio de sus funciones que es justamente proteger a la ciudadanía. Nuestra región no está ajena al tener dos funcionarios mártires: los suboficiales Rita Olivares y Carlos Retamal. A lo anterior se suman los homicidios que han ocurrido cada semana durante los últimos meses.

El fiscal nacional dictó el 10 de abril una instrucción general que ordena que "todo imputado detenido, sea chileno o extranjero, que no tenga cédula de identidad o pasaporte de su país de origen, deberá pasar a control de detención. Misma situación para aquellos extranjeros que tengan cédula de identidad o pasaporte pero no tengan RUN provisorio en el país". En caso que no se obtenga, previas coordinaciones con el Registro Civil, los fiscales están instruidos para solicitar la ampliación de la detención hasta por tres días y, eventualmente, formalizar y solicitar la prisión preventiva, apelando de manera verbal si dichas solicitudes fuesen denegadas.

Teniendo presente que los tribunales pueden o no decretar las cautelares solicitadas por los fiscales y que los defensores se opondrían por criterios de igualdad ante la ley y proporcionalidad, no resolvemos de manera efectiva lo que a la ciudadanía inquieta, que es la persecución de los delitos más graves, donde se atenta contra el bien jurídico básico de la sociedad: la vida de las personas.

En política criminal cada decisión debe ponderarse con extremo cuidado, ya que los recursos son escasos. Por tanto, dejamos de ser eficaces cuando disponemos que funcionarios del Registro Civil estén abocados a una tarea que escapa de su funcionamiento habitual (difícilmente se obtendrán los RUN provisorios en poco tiempo). También consideremos la dispersión geográfica, lo que demandará recursos por parte de Gendarmería en traslados hacia y desde las cárceles ubicadas en distintos lugares. Vale la pena recordar el hacinamiento, la sobrepoblación y las malas condiciones carcelarias existentes.

Entonces, surge la pregunta: dónde ubicaremos a las personas que queden en prisión preventiva, mayoritariamente extranjeras, y por delitos menores que en el caso de un chileno, no hubiese implicado pérdida de libertad.

Todo lo anterior repercute en una sobrecarga al sistema procesal penal que deja de analizar otras situaciones más urgentes.

Aparece más eficiente y efectivo, disponer de una fuerza de tarea que, en coordinación entre nuestras policías y el Ministerio Público, encuentren a los presuntos partícipes de delitos contra la vida y/o con órdenes de detención pendiente por estos hechos de máxima gravedad. Hoy el registro nacional de prófugos da cuenta de 29.000 personas con órdenes de detención.

La evaluación estadística de los resultados concretos dirá en un par de meses si la decisión fue eficaz o no en la persecución de los delitos graves.