Si algo caracterizó el último episodio de contaminación ambiental ocurrido en la bahía de Quintero-Puchuncaví fue la rápida activación de los protocolos existentes. El sábado 13 de mayo y luego de ello casi diariamente, la autoridad regional puso en marcha la Gestión de Episodios Críticos (GEC), que obliga a las empresas a la aplicación de medidas especiales cuando hay problemas de ventilación atmosférica en la bahía. Luego, dispuso de todas las acciones previstas en el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental para Concón, Quintero y Puchuncaví, aprobado durante el gobierno de Sebastián Piñera tras los masivos casos de intoxicación ocurridos en el año 2018. El PPDA es el instrumento diseñado para reducir los episodios de este tipo, pero el martes de esta semana, luego de varios días con malas condiciones atmosféricas, cerca de 100 escolares fueron afectados por el mal olor y varios de ellos llegaron hasta centros de atención de salud debido a que presentaban algunos síntomas de intoxicación.

Como el principal sospechoso del incidente es el hidrocarburo -de allí que las 7 empresas bajo investigación usen combustibles fósiles en sus operaciones-, para efectos prácticos de este hecho da lo mismo que la cuestionada planta de fundición de Codelco Ventanas esté o no en operaciones. Su cierre a fines de este mes, advierten desde el municipio de Quintero, no alterará el panorama de estos episodios específicos, por tanto, exigen con toda justicia una intervención distinta del Estado, más profunda y eficiente, que pueda garantizar la salud de todos los habitantes de la zona. ¿Qué capacidad real tiene el Estado para enfrentar esa petición? La respuesta tendrá que venir de las autoridades del actual Gobierno, cuyo compromiso con el cuidado del medioambiente y una solución para las llamadas zonas de sacrificio se ha transformado en un eslogan más fácil de decir que de implementar. Un ejemplo es que luego de un año y dos meses de ejercicio, la acción del Ejecutivo se ha concentrado en la aplicación de los planes ya existentes, sin luces de que sus propuestas contemplen nuevas acciones de largo plazo o medidas de efecto inmediato. Es precisamente este inmovilismo el que desespera a las autoridades locales y la población, que ven con angustia cómo el problema persiste, pese a todo.

Los ascensores de Valparaíso, construidos entre 1883 y 1932, son un tradicional y activo medio de transporte, declarados Monumentos Históricos por el Consejo de Monumentos Nacionales y claves para la designación de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En total, son 15, cinco municipales y 10 privados, estos últimos adquiridos en 2012 por el Gobierno Regional por un costo de $2.200 millones en el marco del "Legado Bicentenario". Los ascensores representan un patrimonio vivo único en el mundo, creando identidad en la ciudad, la región y el país, y deben ser debidamente valorados por la comunidad y principalmente sus autoridades.

Sobre las sucesivas restauraciones podemos mencionar el primer plan de recuperación que, con un costo de $900 millones, restauró y dejó operativo los ascensores municipales San Agustín, Polanco, Reina Victoria y Barón en 2012 y El Peral en 2016. Posteriormente, y con la compra de los ascensores privados, se anunció un segundo plan por un monto de $ 2.700 millones, donde finalmente sólo tres fueron restaurados en 2019: Espíritu Santo, Cordillera y Concepción (el cual tuvo un grave accidente en enero de 2020). Las obras de restauración de los ascensores Villaseca y Monjas quedaron inconclusas, el Artillería cesó sus operaciones en mayo de 2021 debido a fallas mecánicas y su restauración fue licitada ya tres veces sin éxito, seguido de los ascensores Mariposas, Florida y Larraín, licitados ya dos veces. El ascensor Santo Domingo aún está sin diseños.

Hoy en día están operativos sólo los ascensores intervenidos en el primer plan, más los ascensores Hospital Van Buren (privado) y Villanelo (Viña del Mar). Otros como el Lecheros (municipal) cuenta ya con diseño, no así el Arrayán ni La Cruz (privado). Finalmente, podríamos sumar el proyecto asociado al ascensor Las Cañas y los nuevos ascensores El Litre y Los Cipreses estudiados durante el 2015 por EFE Valparaíso (Merval) como solución de conectividad a los habitantes de la zona afectada por el megaincendio de 2014. Sin embargo, avances a la fecha se desconocen.

Bajo este incierto escenario, resulta imperativo darle nuevamente la importancia y urgencia a la restauración, cuidado y operación de este emblemático y tradicional medio de transporte, la misma que reciben otros medios de transportes como el metro o buses eléctricos en Santiago. Clave es aquí el rol que deba tomar el Ministerio de Transportes y las respuestas que debe entregar el Ministerio de Obras Públicas, pues son miles de porteños afectados por problemas de gestión y tramitaciones de estas importantes inversiones públicas. En paralelo, es urgente la creación de estándares y normativa que regule el diseño, operación y mantenimiento de los ascensores públicos, tal y como existen en Europa (directrices y leyes federales).