Redacción

El Ministerio de Salud reportó que el avance de las enfermedades respiratorias no es homogéneo en las diferentes regiones del país, lo que dificultaría tomar decisiones de alcance nacional, como adelantar las vacaciones de invierno de los colegios.

Además, la ministra Ximena Aguilera, explicó que medidas como esa, donde se cierran las escuelas, no tienen efectos contundentes en la circulación de virus como el sincicial, aunque "sí hay más evidencia para la influenza". No obstante, a diferencia de la primera enfermedad, esta última sí tiene vacuna, por lo que llamó a inocularse antes de que comience el peak de este virus en unas dos semanas más.

Tras reunirse con representantes de sociedades científicas, del Colegio Médico y del mundo académico, Aguilera explicó que hay regiones que han presentado aumentos de la circulación viral de manera más precoz, como Temuco y Concepción, mientras que en la Región Metropolitana ahora se está viendo un aumento de casos.

"Cuando se han producido los cierres, lo que se ha observado a nivel internacional, es que lo que sucede es que se detiene un poco la transmisión y al abrir, rebota", dijo la ministra en Chilevisión. La titular de Salud agregó que el adelantar las vacaciones tiene diversos efectos colaterales que tomar en cuenta, pues además de los efectos académicos, lo cierto, dijo, es que los niños no se quedan encerrados en sus casas, sino que "van a otros lugares, van a los centros comerciales, entonces tampoco se produce realmente que no tengan contacto con otras personas".

Además, recalcó que este tipo de medidas produce una afectación en la organización familiar "y nuestros funcionarios de salud son particularmente mujeres y el quedar con la con las escuelas cerradas también es una complejidad. Entonces es una complejidad que no tiene un efecto tan claro en el caso de virus sincicial, se produce rebote y además, todo el país está en situaciones distintas, así que en todo caso se tendrían que ver medidas dependiendo de cada una de las situaciones", explicó.

Aguilera enfatizó que el ministerio ha entregado recursos especiales para ampliar la capacidad de camas y reconversión de ellas, ampliando los cupos en el área de pediatría, "que es el foco en el que estamos en este momento". Según el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, se ha podido aumentar casi un 40% las camas de cuidados críticos infantiles.

Para evitar contagios del virus sincicial, que este año es más agresivo, la ministra recomendó aislar particularmente a los lactantes y no llevarlos a lugares concurridos. Para los niños más grandes, sugirió el uso de mascarilla.

Aguilera también recordó que los colegios no deben exigir certificados médicos para aceptar de regreso a los niños que estuvieron enfermos. "La gente está un poco confundida porque durante los brotes de covid-19, para reintegrarse, necesitaban un certificado, pero eso ya no corre. Basta con que el niño esté un día sin fiebre y puede volver a clases".

La Asociación de Empresas y Profesionales por el Medio Ambiente (AEPA) dio a conocer un estudio técnico acerca de las inconsistencias e implicancias negativas de la modificación al Reglamento de Movimiento Transfronterizo de Residuos, que espera la aprobación del Ministerio de Salud para convertirse en ley.

En julio del año pasado, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó estos cambios, pero según el trabajo de AEPA, esto puede generar un problema, porque a nivel nacional hay brechas e inconsistencias en las instalaciones de saneamiento ambiental para la correcta gestión de residuos y no se puede conocer la capacidad real que hay en el país, así como tampoco sus faltas a la normativa en materia sanitaria.

El equipo técnico de AEPA explicó que "actualmente, en nuestro país existen inconsistencias en los organismos públicos sobre la capacidad instalada y autorizada para realizar el tratamiento y valorización de residuos, por lo que, en Chile no existe capacidad técnica instalada y es necesario contar con alternativas para la valorización de los residuos".

Según señaló el equipo, "es fundamental que se creen herramientas vinculantes de registros y trazabilidad que den certeza y garantías de que los destinos donde llegarán los residuos disponen de técnicas y prácticas adecuadas que promuevan el cuidado de la salud de las personas y el medio ambiente".

También apuntan a que deben disponer de un adecuado catastro de instalaciones y aumentar el porcentaje de fiscalización de residuos peligrosos y no peligrosos exportados, ya que para los primeros no se realiza una revisión física por razones de seguridad y para el otro hay un porcentaje promedio de revisión de 2,5% durante 2022.

Esta semana se terminó de votar en la Comisión Experta el anteproyecto de Constitución sobre el cual trabajará el Consejo Constitucional a partir de la próxima semana. El texto es producto de concesiones entre distintos sectores políticos, como se percibe en distintas normas del proyecto.

El artículo 1 es un buen ejemplo de esta dinámica de acuerdos. El texto abre con el reconocimiento a la dignidad humana, partiendo de la primacía de la persona sobre el Estado. A la vez, el mismo artículo en su inciso 2, reconoce que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. De esta manera, tanto la derecha como la izquierda lograron que su idea matriz estuviera presente en el primer artículo de la Constitución.

Respecto a la consagración de los derechos sociales, se agregan el derecho a la cultura, al trabajo decente, a la vivienda y el derecho al agua y al saneamiento. En cuanto al derecho a la protección de la salud, se elimina la referencia al derecho a elegir entre un sistema estatal o privado de salud, dejándole a la ley un tema que no lograba generar consensos dentro del comité de expertos. En cambio, se sigue reconociendo que tanto las prestaciones de salud como las de seguridad social se pueden otorgar a través de instituciones públicas o privadas, descartando un monopolio estatal en estas materias. Por último, se crea una acción judicial que permite exigir prestaciones sociales, pero solo respecto de aquellas que ya han sido establecidas por ley. No prima, por tanto, la idea de la justiciabilidad directa de los derechos sociales, sino que - como prescribe uno de los artículos del capítulo II - los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos sociales.

Otra área en que se perciben concesiones políticas es en la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional pasaría a llamarse ahora Corte Constitucional. La izquierda logra eliminar el control previo sustantivo de constitucionalidad, tanto obligatorio como facultativo, de los proyectos de ley. En reemplazo de éste se mantiene un control preventivo por infracciones de procedimiento o de competencia y se crea la posibilidad de que la Corte Constitucional informe - de forma no vinculante - consultas sobre cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley y de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso.

¿Qué ocurrirá con estos y otros temas que tensionan a los distintos sectores políticos a nivel del Consejo Constitucional? Es previsible que el anteproyecto sufra múltiples modificaciones. No hay que escandalizarse de ello: los consejeros tienen toda la legitimidad de haber sido electos por la ciudadanía. Sin embargo, sí sería recomendable que trabajen con el ánimo de lograr acuerdos que permitan que la mayoría de los chilenos aprueben el texto en un plebiscito de salida. Ello no es un llamado a transar en temas de principios por los que fueron electos, pero sí a reflexionar con sinceridad cuáles de esas temáticas son constitucionales, y cuáles son las normas del anteproyecto que realmente afectan principios y cuáles, no. Esta reflexión vale tanto para quienes logren mayoría en el Consejo como para quienes, siendo minoría, llamen a votar de una manera u otra en el plebiscito de salida. Solo así existirán posibilidades reales de cerrar este capítulo de nuestra historia y, con la certeza jurídica que ello conlleva, permitir que Chile mire hacia adelante y que todos los esfuerzos de las autoridades se dirijan a las necesidades más urgentes de nuestra sociedad.

Soledad Bertelsen