La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco vive un momento crítico en su desempeño en el máximo tribunal, luego de que en una entrevista afirmara que las isapres deben hacer devolución de los dineros cobrados en exceso sólo a los afiliados que presentaron demandas, una interpretación del fallo judicial contra las aseguradoras que no se había considerado y que generó gran polémica. A raíz de estos dichos, se amenazó a la magistrada con una acusación constitucional y, según algunos medios, también le costaría su condición de vocera.

Estas declaraciones se produjeron más de seis meses después de que la misma Corte Suprema emitiera un fallo que obliga a las isapres a regirse por la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en 2019 y devolver todo lo que se había cobrado demás a los cotizantes desde que se emitió dicho instrumento: unos 1.400 millones de dólares.

Luego del impacto generado por sus palabras, la ministra Vivanco aclaró que se trataba de expresiones hechas a título personal y no en representación de la Corte Suprema. Sin embargo, esto empeoró su situación, al punto que según algunos medios, ayer el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, le pidió la renuncia al cargo de vocera.

Según relató el medio digital Ex-Ante, varios ministros manifestaron que tras lo ocurrido Vivanco tenía que dejar de ser vocera de la Corte. La idea, según las fuentes citadas, no es someterla a críticas, sino hacerlo con la mayor discreción posible: "Una vocera no puede estar sometida a cuestionamientos". Por todo, la magistrada dejaría su cargo a partir de hoy mismo.

Acusación

Más que cualquier crítica desde el mundo político hacia Vivanco, influyó también la posibilidad planteada por el diputado radical Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud, quien dijo que se estudia "la presentación de una acusación constitucional contra ella por notable abandono de deberes".

Esto, agregó, se fundamentaría en dos puntos: "Primero, porque son las ilustres cortes de apelaciones las llamadas a ejecutar un fallo y se estaría inmiscuyendo en aquello; y en segundo lugar, por transgredir un principio que es fundamental en un Estado de Derecho, a la fe pública, donde un fallo, ya firme, no puede ser reinterpretado, y esto estaría, por cierto, siendo transgredido por la ministra".

Este anuncio, sin embargo, fue calificado como "un exceso" por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien sí defendió que las isapres no necesariamente pagarán con dinero los cobros excesivos.

Ante la Comisión de Salud del Senado, el ministro planteó que "la Corte Suprema nunca ha ordenado devolver dinero (...) se ha dicho que se devuelven excedentes y esas son cuentas separadas. Lo primero en materia de excedentes en prestaciones, si no se utiliza, es en dinero. Pero no es como que usted pueda ir a girar el dinero directamente de los excedentes".

Uno de los aspectos más dignos de análisis del problema de las isapres -más precisamente del fallo referido a estas últimas- lo constituye el conjunto de expectativas que a su sombra se dejó crecer.

No obstante que sobran las razones de por qué el fallo no pudo establecer la devolución de dineros a millones de personas (todas ellas no participaron de los juicios, tampoco se las individualiza y hay regla explícita que lo impide, de manera que no es cierto que millones sean hoy titulares de un derecho y las isapres deudoras de una obligación monetaria surgida de la sentencia) se dejó creer a la ciudadanía incorporada a una isapre que esta última se había apropiado ilegítimamente de dineros y que la Corte Suprema, en su fallo de fines del año pasado, había ordenado se les devolviera.

Incluso se divulgaron cálculos por la prensa de la cifra, a veces millonaria, a que las personas tendrían derecho, como si fuera un fenómeno análogo al de los retiros de los fondos de pensiones. Se fue alimentando así poco a poco, a veces por acción y otras por omisión, la idea que las isapres eran organizaciones que habían timado a sus cotizantes, que la Corte Suprema había puesto fin a ese verdadero asalto, a ese engaño disfrazado de seguro con que esas empresas se llenaban los bolsillos, y que, para corregirlo, cada cotizante podría ahora recuperar lo que se le había extraído ilegítimamente, y que los órganos colegisladores estaban obligados por la sentencia a dictar una ley que, en línea con esas decisiones, reformara de una vez por todas a un sistema que permitía esas exanciones que a vista y paciencia de todos las isapres habían realizado.

Cuando se examina el fallo con calma, se descubre que ninguna de esas cosas que sin embargo se han divulgado tienen asidero en él. Parte de la decisión de la Corte Suprema interpreta decisiones regulatorias que ellas sí tienen efecto general (no porque lo tenga la sentencia, sino porque lo tiene la regulación interpretada, lo que es distinto), pero en ninguna de sus partes se encuentra la obligación de dinero que los cotizantes, según se divulgó una y otra vez, tendrían derecho a cobrar y, desde luego, el sistema de distribución de competencias vigente en Chile tampoco dota a la Corte Suprema del poder de ordenar se legisle sobre esto o sobre aquello.

A partir de las declaraciones de la ministra Vivanco todo lo anterior se está ahora poco a poco reconociendo.

Y la pregunta que entonces cabe plantear es por qué personas ilustradas dejaron que el malentendido cundiera. El ministro de Justicia acaba de declarar que el fallo no establece una obligación de pagar una suma de dinero. Y tiene toda la razón. La pregunta es por qué no lo declaró antes impidiendo que las expectativas desmesuradas crecieran. El superintendente se ha decidido ahora a presentar un recurso de aclaración (se trata de un recurso para que quien dicta una sentencia aclare sus puntos oscuros) y la pregunta es por qué recién ahora el superintendente descubre la oscuridad, por qué recién ahora se da cuenta que estaba a tientas.

Es probable -no vale la pena ocultarlo- que esa actitud se deba a que esas interpretaciones del fallo resultaban favorables a los objetivos de política que el Gobierno persigue. El deterioro del prestigio de las isapres (al que ellas mismas, al margen de este problema, han contribuido) ayuda a promover su reforma, cuando no su desaparición; pero ello se hace a costa no sólo de dejar que un malentendido en torno a un fallo cunda y se expanda, sino provocando que los ánimos ciudadanos se enciendan en torno a este tema con tal intensidad que hoy parece de mal gusto intentar poner algo de reflexión racional en torno a este problema.

Pero, como es obvio, emplear las interpretaciones de un fallo y alimentar los malentendidos en torno a él, o tolerar que él se extienda más allá de lo que las reglas permiten, o dejar que el malentendido cunda, como una forma de poner las circunstancias del propio lado, es una manera de hacer política que arriesga parecerse demasiado a la irresponsabilidad.