Resulta incomprensible que una cartera ministerial tan relevante para la reactivación regional pasara tres meses sin un titular que diera lineamientos, atendiera urgencias y escuchara a los gremios locales vinculados al ámbito, pero eso es, exactamente, lo que pasó con la Secretaría Regional Ministerial de Economía. Hace pocos días asumió el desafío el exdirector de Sernapesca, Marcelo Arredondo, quien en su primer diagnóstico sobre la situación regional admite un escenario complejo: "La Región de Valparaíso es una comunidad grande, por lo tanto, se ha visto bastante afectada. Esta es una región de turismo, de agricultura, de pesca, donde hay situaciones particulares, como la sequía, en que ha sido una de las más afectadas por el cambio climático, impactando severamente, por ejemplo, al agro. Por lo tanto, hay un tremendo desafío de poder recuperarse rápido".

Menos vistosa que otras seremías que tienen mayor despliegue territorial y visibilidad mediática, a la Secretaría Regional Ministerial de Economía le cabe un rol de engranaje clave en el aparataje público, porque vincula el quehacer el Gobierno con el sector privado, principalmente aquel que es intenso en creación de empleos. Será en esas tareas primordiales de abrir caminos al diálogo y tender puentes de apoyo -subsidios, programas, becas, fondos concursables, toda la amplia batería que mecanismos que dispone el Estado- que Arredondo deberá gastar sus esfuerzos, porque además de asumir con atraso, lo hace en una Región que vive un momento particularmente delicado. Salvo por los beneficios del royalty minero, el Estado ha sido mezquino en su asignación de recursos con esta zona, en tanto que muchos proyectos del sector privado enfrentan una lentitud burocrática inaceptable, justo en el periodo que más urge acelerar la inversión y movilizar los emprendimientos que permiten reducir la cesantía. Tales son los principales desafíos que deberá abordar el seremi.

La actualización de la canasta de bienes y servicios para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un ejercicio fundamental y estratégico para la economía. En primer lugar, porque los hábitos de consumo de las familias varían en el tiempo -y como consecuencia de la irrupción de la tecnología lo hacen a una velocidad mayor-, y en segundo lugar, porque la variación del IPC (es decir, la inflación) es la variable sobre la cual el Banco Central define el objetivo de su política monetaria (hoy es lograr una inflación de 3% en el horizonte de política). Por cierto, las medidas subyacentes de la inflación también se construyen a partir del IPC.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) acaba de anunciar la entrada de la nueva canasta del IPC para enero de 2024. Este ejercicio de actualización de la canasta de consumo -que se lleva a cabo cada cinco años, de acuerdo al estándar definido por la OCDE- hace posible contar con una canasta de bienes y servicios que nos permite seguir la evolución de los precios en nuestra economía. Lo anterior hace posible medir la inflación en el país, lo cual, como se señaló más arriba, condicionará las decisiones de política monetaria del Banco Central. En consecuencia, puede notar el lector que este proceso de actualización de la canasta tiene profundas implicancias para el manejo económico del país y no sólo por los efectos que tiene la tasa de interés (TPM) sobre la actividad económica, lo que ya es bastante importante, sino también porque hoy muchos precios se ajustan en función de la Unidad de Fomento (la cual se reajusta en función de la inflación que hubo el mes pasado).

En este contexto, cabe destacar que la nueva canasta se ha construido a partir del levantamiento de información de hábitos de consumo de los hogares de las principales ciudades del país -aunque sin representatividad regional, por ende, no es posible contar con una medida de inflación regional-. Se debe consignar que este levantamiento de información se ha realizado entre los años 2021 y 2022, periodo donde aún se siguieron sintiendo los efectos de la pandemia causada por el covid-19, por lo que se podría pensar que de alguna manera esta nueva canasta estaría en algún grado "contaminada" por este evento. Lo anterior es delicado, puesto que los hábitos de consumo han sido modificados por la pandemia, y ese efecto se ha ido diluyendo lentamente en el tiempo.

Así, probablemente sea prudente revisar esta canasta antes del periodo consignado por la OECD para una nueva actualización (en cinco años más), de manera que ésta no pierda representatividad y que la variación del IPC siga constatando de la manera más certera posible cuál es la evolución del costo de la vida para las familias del país.