El nuevo impulso que parece haber tomado la expansión del puerto a través de la reactivación de su tramitación se ha visto aupada en las últimas horas por las nuevas definiciones del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien precisamente hoy -en esta misma edición- precisa en una larga entrevista su total disposición a apoyar la iniciativa, con ésta como eje de una imperiosa estrategia de reactivación económica para el que, de ser reelecto, será su tercer y último período a cargo de la administración de la ciudad.

¿Qué cambió en todos estos años, desde el Sharp que resistía la expansión desde atrás de la barricada? (no es ninguna imputación calumniosa, de hecho hasta el exintendente Jorge Martínez Durán fue un connotado detractor de la iniciativa, a la que incluso se dio el lujo de bautizarla como "la muralla china" desde su oficina del Duoc en el edificio Cousiño) Vaya uno a saber. Acaso responda a un crisol de madurez personal con la decadencia de la ciudad y la inquietante certeza de que si Valparaíso no sale de ésta en la presente década, jamás lo hará.

Pero lo cierto es que la expansión portuaria choca también con muchas otras variables, entre ellas intereses privados y supuestamente públicos, como son las reparaciones a los pescadores o a la propia ciudad a partir de los recursos interpuestos por diversos personajes, entre ellos el pintor Gonzalo Ilabaca, alguien a quien la EPV sencillamente nunca pudo convencer ni hacer entender de qué se trataba todo esto. ¿Quién pagará por la incapacidad y los inexcusables errores pasados y actuales de la empresa portuaria? Muy sencillo: la misma billetera fiscal que pagó por la distribución del plan piloto de los balones de gas "a precio justo". ¿Quién más?

Otro ítem a tener en cuenta es el exagerado conservacionismo porteño. Los edificios antiguos son muy lindos, la historia también y el patrimonio más aún. Pero si nadie puede mantenerlos, ¿qué sentido tiene crear corporaciones para su defensa que no han avanzado nada en un año o paralizar obras, con el irreparable perjuicio a miles de personas, por el hallazgo de restos arqueológicos, conchales o lo que sea en los suelos de la ciudad? No es por ser aguafiestas, pero acá -tal como con Bachelet y Piñera- falta una definición de Estado. No es posible que el Presidente Boric no haya dicho una sola palabra del tema en su última Cuenta Pública y que nadie -salvo por un par de senadores locales- haya llamado la atención al respecto.

¿O no será que los intereses de mantener la primacía de San Antonio por sobre Valparaíso son demasiado grandes?

El pasado 1 de junio, el Presidente Boric entregó su Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, con una estructura de tres ejes: derechos sociales, más y mejor seguridad pública y desarrollo sostenible. Fue un discurso de más de tres horas, donde hasta la fecha hay un debate amplio y controversial sobre la Cuenta en comento. Sin embargo, especialmente entre los líderes empresariales hay un consenso sobre la necesidad de haber desarrollado con más profundidad temáticas sobre la inversión y el crecimiento económico.

Paradójicamente, ese mismo día conocimos el índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril, donde la caída fue de un 1,1%, con la sola excepción de enero. Ya llevamos ocho meses de crecimiento negativo. Las cifras del Imacec nos evidencian un retroceso mayor a las previsiones de los analistas del mercado, donde se destaca la contracción del comercio, con un desplome del -2,5% anual, como asimismo la caída de la industria, que tuvo una variación de -2,5%. Uno de los datos más preocupantes es el retroceso de 1,6% en la actividad no minera, cifra que se relaciona muy directamente con los datos del mercado laboral conocidos también esta semana, donde la tasa de desempleo nacional alcanzó en el trimestre móvil febrero-abril un 8,7%, evidenciándose un sexto aumento consecutivo de dicha tasa.

Las dinámicas del mercado laboral nos están mostrando un estancamiento del empleo asalariado formal en el sector privado y un aumento del empleo por cuenta propia y el informal. Es muy relevante recordar que todavía faltan 420.000 empleos que recuperar si lo medimos con la misma tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia. En el plano regional, la tasa de desempleo fue de un 8,0%, mientras que la tasa de ocupación informal, la tasa de participación laboral y la tasa de ocupación son todas levemente inferiores a la media nacional. Sin embargo, las estimaciones del INE para la tasa de desocupación en las provincias de Valparaíso y San Felipe de Aconcagua muestran en todas ellas cifras más altas que el promedio nacional, vale decir, 8,9% y 9,0%, respectivamente. Sólo las provincias de San Antonio y Marga Marga registran estimaciones menores a la media del país. En consecuencia, las proyecciones de crecimiento económico para este año parecen estar ancladas en cifras cercanas a cero o un crecimiento positivo muy magro; y ello, sin duda, impactarán en los indicadores del mercado laboral.

Otra variable muy relevante es la inversión, que continúa ajustándose a la baja. En un reciente informe de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) al primer trimestre del 2023, proyecta una caída del 30,3% para este año en los catastros de inversión proyectada para los años 2023 -2027. En dichos catastros la inversión privada y pública alcanza los US$40.363 millones, con una estructura en su composición de 70% privados y un 30% públicos. En el caso de la Región de Valparaíso, las inversiones proyectadas en el período 2023-2027 alcanzan sólo US$1.539 millones, equivalente al 3,8% del total nacional y una composición inversa a la nacional, es decir, 37% privadas y un 63% públicas. Es importante reiterar que la inversión es una variable fundamental para ir proyectando en el futuro próximo la recuperación de la actividad y del Producto Interno Bruto, y por ello es central entender las peticiones de ir profundizando en la agenda pública un robusto plan de reactivación económica y de incentivos a la inversión.

Ha resurgido la idea de imponer el negacionismo por ley. Estaría centrado principalmente en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de las Fuerzas Armadas. No sólo impediría que alguien pretenda ignorar, minimizar o negar esas violaciones, ya que los guardianes de la ortodoxia también crucifican a quienes -aun lamentando la ocurrencia de tan dolorosos hechos- osen mencionar los aspectos positivos de aquel gobierno. A los tales se les acusa de insensibles con el dolor ajeno, de justificar horribles crímenes de lesa humanidad y hasta se les cuestiona su sentido de la caridad y amor al prójimo. Lo único lícito sería denostar al gobierno militar.

Ni hablar del contexto que condujo al quiebre de la democracia: eso sería un burdo "empate". No se podría discutir la legitimidad de la intervención militar el 1973, porque a los "negacionistas" les molesta que se mencione el caos económico, social y político que vivía el país, o recordarles que validaron la violencia como un arma legítima de la política. Hacen malabares para cuestionar la incómoda declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, han olvidado las declaraciones de la Corte Suprema, de la Contraloría General, de los obispos, del Colegio de Abogados, de los presidentes del Senado y del partido Demócrata Cristiano, etcétera. Cual avestruz, se aferran a una idílica democracia truncada por unas Fuerzas Armadas golpistas apoyadas por la oligarquía y el imperialismo Yanki.

Por otra parte, en el contexto de la conmemoración de los 50 años, aplauden el plan nacional de búsqueda de los detenidos desaparecidos, anunciado por el gobierno. En los hechos, descontando algún rédito ideológico, difícilmente se logrará un mayor avance, porque no existen "pactos de silencio" que haya que romper. Lo que sí ocurrirá es que aquella "búsqueda" redundará en nuevos juicios para miembros de las Fuerzas Armadas, que entonces tenían grados muy subalternos y cumplieron órdenes que no contradecían en absoluto la legalidad imperante ni las normas morales del Decálogo, por tanto, no tenían margen para rebelarse, menos en la situación que se vivía. A esto se suma que los militares son juzgados bajo el antiguo sistema procesal penal -eliminado en Chile por arbitrario hace más de 20 años-, lo que se presta para que, en su afán justiciero, muchos jueces condenen sin importarles mucho que la verdad jurídica se ajuste a la realidad y el sentido común.

En fin, no pretendo establecer una verdad absoluta, sino sólo contraponer una visión distinta a la "verdad oficial" que, me temo, intentan imponer los "negacionistas", silenciando a los disidentes, que somos muchos.