Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Juan Antonio Coloma ingresaron una querella en Concepción para que se investigue un eventual vínculo por la asignación de convenios por trato directo a la fundación Urbanismo Social por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío.

El libelo es para indagar dineros pagados a empresas recién creadas que emitieron sus primeras boletas para brindarle servicios al Gobierno como asesoría en instalación de viviendas de emergencias. Bobadilla señaló que "están identificadas las empresas que han emitido estas facturas" y añadió que "son dos empresas que, a nuestro entender, no tienen experticia ni trayectoria en estos servicios que van a prestar y eso es lo que nos llama la atención".

"debe responder"

"Por eso pedimos que se cite a declarar a la delegada presidencial (la militante de RD Daniela Dresdner), porque creemos que existe tráfico de influencias y situaciones que podrían ser sancionadas desde el punto de vista legal, y creemos que la delegada debe responder por esto", sentenció.

Ayer, el ministro de Justicia, Luis Cordero, habló sobre el caso Convenios y dijo que a la fundación Democracia Viva "se ordena la restitución de los dineros y la liquidación del contrato. Dicha liquidación se debe realizar en los próximos cinco días (contando desde el lunes) y Democracia Viva tiene un plazo de 30 días para la restitución de los fondos en arcas fiscales".

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, es investigado en calidad de imputado por presuntas transferencias irregulares a la Fundación Local por más de $1.200 millones para ejecución de proyectos turísticos.

"Cualquier persona en contra de quien se presente una denuncia tiene la calidad de imputado por disposición de la ley y, obviamente en este caso, por haberse presentado una denuncia contra él, (Rivas) tiene esa calidad", afirmó el fiscal regional, Roberto Garrido.

La Gobernación Regional del Biobío hizo una millonaria transferencia a la Fundación Horizonte Ciudadano de la expresidenta Michelle Bachelet para un proyecto encabezado por María Estela Ortiz, denominado "Niños, Niñas y Adolescentes: voces del Bío Bío para vivir sin violencia".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ayer habló sobre el traspaso de 389 millones de pesos y dijo que "por el momento no es claro si constituye una irregularidad".

"Una cosa son las asignaciones que se transfieren desde el gobierno central, donde hemos tomado acciones ante cualquier irregularidad o eventuales denuncias serias para iniciar los procesos correspondientes. Lo que tenga que ver con la justicia, se entrega a la justicia", afirmó.

La secretaria de Estado agregó que "estos casos de gobiernos regionales corresponden a las acciones por parte de ellos. En muchos casos hubo respuestas clarificando que se ajustan a procedimientos normados y de concurso que tiene cada uno".

Acciones

"Lo más importante es que exista una convicción en todas las autoridades y equipos de que, frente a denuncias fundadas de irregularidades, se tomen las acciones. Aquí no es corrupto quien ante un hecho de corrupción no sólo se indigna, sino que actúa", manifestó Vallejo.

Por último, la ministra enfatizó que "si se detecta una eventual irregularidad administrativa, correspondería para el Gore proceder con su regla y su investigación administrativa para determinar si constituye una irregularidad. Por el momento, no es claro".