Agencias/Redacción

Tras circular un decreto para la cancelación o suspensión de todos los eventos masivos que superen las 3 mil personas durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 (20 de octubre al 5 de noviembre), poniendo en duda la realización de esperados conciertos, como el de Red Hot Chilli Peppers y Roger Waters, programados para esas fechas, la Subsecretaría del Interior informó, a través de un comunicado, que los espectáculos que ya están autorizados no sufrirán modificaciones.

En el decreto, que tiene fecha de junio, la razón esgrimida por el Ejecutivo fue asegurar el despliegue policial en Santiago y los puntos del país que albergarán competencias deportivas de Santiago 2023, catalogado por el presidente Gabriel Boric como el evento más importante desde el Mundial de Fútbol de 1962.

"Se ha estimado necesario instruir la suspensión y/o cancelación (en el evento de que existan actividades ya aprobadas en sus regiones) de todo evento y/o acto masivo que vaya a desarrollarse en las fechas en que se verificarán estos juegos y que requieran del apoyo de operativos policiales, directa o indirectamente", señala el oficio gubernamental, que está dirigido a delegados presidenciales regionales y provinciales.

"La medida, que por este acto se instruye, encuentra sustento en la necesidad de asegurar el despliegue de personal de Carabineros de Chile desde distintas zonas del país a fin de reforzar aquellas en que se verifiquen competencias en el marco de este evento, despliegue que deberá estar disponible durante las 24 horas del día y durante la totalidad del periodo en que se verifiquen estos juegos, sin que ellos importe desatender el despliegue diario y permanente que se desarrolla a efectos de cumplir con las tareas ordinarias de seguridad pública que desarrolla Carabineros", agrega.

Ayer, al final de una jornada que llenó de dudas y preocupaciones a productoras, artistas y al mundo de los espectáculos masivos, la misma Subsecretaría del Interior, mediante un comunicado de prensa, informó que "se efectuó una evaluación exhaustiva de otros espectáculos masivos ya autorizados para las mismas fechas en que se desarrollarán las competencias deportivas, estableciéndose que la realización de los mismos no afectará la correcta coordinación de las funciones policiales. En caso de nuevas solicitudes de autorización". Agregaron que el Ministerio del Interior, en coordinación con Carabineros y la Corporación Santiago 2023, "evaluará caso a caso".

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) demandó a las isapres Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Más Vida y Vida Tres "por cobros excesivos realizados, desde al menos 2011, a todos sus afiliados".

Así lo informó ayer la organización, según radio Bío-Bío, y además asegura que las isapres no disminuyeron el valor de las primas de las pólizas en los planes de salud, "debiendo haberlo hecho conforme a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005".

"Los cobros excesivos realizados por estas isapres representan una infracción a la Ley de Protección de Consumidores, y por lo tanto, nosotros somos un interlocutor válido para contribuir a la solución de este problema", dijo Stefan Larenas, presidente de Odecu.

Odecu argumenta que las aseguradoras tienen "el deber legal" de disminuir los precios de los planes y que "no lo han hecho durante más de una década", cobrando "en exceso una totalidad de US$5.400 millones sus afiliados".

El 25° Juzgado Civil de Santiago admitió a trámite la acción de la Odecu, que busca no sólo la restitución de los dineros, sino que además el pago de indemnizaciones, recargos y multas que la Justicia determine.

Los abogados de Odecu Esteban Barra Olivares y María Victoria Miranda Polanco indican que se busca establecer "un mecanismo de pago de la deuda a todos los afiliados, sin efecto relativo, pero que no implique riesgo de insolvencia para las isapres, pues darles viabilidad económica es la forma de asegurar el pago de dicha deuda. De esa manera, se puede resolver el conflicto público al que han aludido las isapres para cumplir con los pagos a los usuarios".

La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de resolución en la que "manifiesta su extrema preocupación con respecto a la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación" que fue creada por el Gobierno a través de un decreto. Esto representa un golpe a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, pues el cuestionado organismo tiene por misión asesorar a su cartera y a la de Ciencias en aspectos vinculados al fenómeno.

El texto que fue presentado por la UDI "solicita a S. E. el Presidente de la República revocar el decreto N° 12, de 20 de junio de 2023, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ingresando en su reemplazo un mensaje presidencial que proponga un proyecto de ley de fortalecimiento y fomento de las organizaciones de verificación de hechos y de la prensa libre e independiente".

La aprobación de este proyecto fue por 71 votos a favor, 48 en contra y 12 abstenciones, entre las que se contaron las de varios parlamentarios oficialistas.

Entre sus considerandos se establece que "la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó y expresó también su preocupación por la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación señalando que 'debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo'".

El documento añade que "parece por esto preocupante la creación de un nuevo organismo estatal, creado por decreto, y cuya integración será discrecional, debido principalmente a sus posibles sesgos ideológicos a la hora de realizar sus recomendaciones".

La directiva del Colegio de Profesores, encabezada por Carlos Díaz, llegó ayer al Palacio de La Moneda para entregar un petitorio de ocho puntos antes de la paralización de actividades con la que el gremio protestará hoy. En la instancia, el máximo dirigente reprochó que las conversaciones con el Ministerio de Educación "sólo se quedan en que compartimos lo que estamos planteando". Ante ello, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, expresó en radio Cooperativa que "es natural que los gremios hagan estas muestras de fuerza, pero no es recomendable en un escenario pospandemia, donde tenemos que recuperar brechas de aprendizaje que finalmente afecta a nuestros niños".