La cuarta versión de la encuesta "Bienestar, Sueños y Temores de la Región de Valparaíso" entrega antecedentes valiosos para tomar consciencia de que las preocupaciones de la opinión pública transitaron en los últimos años desde la necesidad de cambios mayores y mejoras a nivel social, hacia la urgencia por estabilidad laboral, calles seguras y la oportunidad de comprar bienes y servicios sin endeudarse. Antes que nuevos sueños, el estudio elaborado por la Mutual de Seguros de Chile, Cadem y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, da cuenta del retorno de ese anhelo de estabilidad que había sido tan dominante hasta hace unos años y que se había perdido entre otras aspiraciones.

En el apartado de las preocupaciones, la Región de Valparaíso pone como prioritarias aquellas que están siempre en la agenda pública: delincuencia, drogas, salud, transporte público y sequía. Entre sus deseos al futuro, la estabilidad económica se pega un salto del 32% en 2022 a un 37% en los resultados de este año, en tanto la aspiración a cambios cae desde el 29% a sólo un 13% en la edición 2023. Con un nada despreciable 22% aparece, también como un sentido anhelo, la oportunidad de adquirir un bien. Como lo plantean los propios gestores del estudio, esta encuesta puede ser usada como una herramienta valiosa para la toma de decisiones, tanto en el sector público como privado, pero adquiere una importancia particular como guía para las autoridades, que suelen enarbolar como grandes preocupaciones ciudadanas sus propias aspiraciones, anhelos y agendas, sin tomar en cuenta que muchas de esas ideas y proyectos no están alineados con las aspiraciones de la población. En última instancia, estos resultados también sirven como reflexión para los propios habitantes de la Región de Valparaíso, que tienen pocas oportunidades para saber con este grado de profundidad los sueños y temores de sus vecinos.

La crisis de seguridad en que se encuentra la Región de Valparaíso no es sólo un aspecto subjetivo de la ciudadanía, sino que tiene asidero en las mismas cifras del Gobierno. En efecto, recientemente el Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados (2018-2022) dio cuenta de un triste récord: Valparaíso es la segunda región del país con más homicidios en todo el período (478). Además, en la región, el 2022 respecto del 2021 los homicidios aumentaron un 107%, sin contar también que Valparaíso es la tercera comuna con más homicidios de las 346 que tiene el país.

A esto hay que agregar -como constata el informe- que existe en la región una predominancia de los contextos asociados a grupos organizados en un 41,4% y que los homicidios han sido ejecutados principalmente en la vía pública, representando el 57,9% del total de los casos, mientras que los domicilios particulares representan un 25,7%.

Todo lo anterior da cuenta de la evidente crisis de seguridad en que se encuentra la región y, por lo tanto, de la urgencia de adoptar medidas oportunas y adecuadas para enfrentarla. Una de las acciones que adoptó el Gobierno fue un compromiso de fast track legislativo en seguridad: en concreto, un conjunto de 31 iniciativas legales a despachar a los 75 días, a los 150 días y a fines de año. Lamentablemente, el primer compromiso no se cumplió: en efecto, ninguna de las primeras 13 leyes comprometidas fue despachada. Hoy, pese a que se ha avanzado algo, persiste un evidente retraso. A ello se suma que iniciativas cruciales comprometidas impulsadas por el Gobierno tienen un contenido que dista mucho de lo que se requiere.

Qué duda cabe que el fortalecimiento y modernización del sistema de inteligencia es un objetivo del Estado; de ahí la relevancia de este proyecto de ley. En simple, sin inteligencia nuestras policías operan a ciegas. Contrario a lo que se necesita, el Gobierno está impulsando unas indicaciones que limitan, cercenan y burocratizan la inteligencia en Chile. Del mismo modo, el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas de Delitos sigue en primer trámite constitucional, sin urgencia alguna del Ejecutivo.

El reciente atentado terrorista a una torre de alta tensión en Placilla, adjudicado por el Movimiento 18 de Octubre, da cuenta de la necesidad de la modificación de la Ley Antiterrorista. Tampoco se encuentra siquiera en los 31 proyectos priorizados, habiendo hoy una iniciativa legislativa que lleva más de 1488 días en tramitación, sin urgencia y avance alguno: su pecado, provenir del Gobierno anterior.

Así las cosas, constituye un imperativo para el Gobierno tomar todas las medidas necesarias para disminuir la inseguridad y los homicidios en la región, debiendo para ello cumplir con lo que promete en forma urgente, oportuna y con un contenido que colabore verdaderamente a enfrentar la grave crisis de seguridad que azota a la región.