Nicolás Donoso A.

La construcción de la planta desaladora de la empresa Aguas Pacífico y la toma de las obras que mantienen hace casi 80 días la Federación de Pescadores de la Bahía Narau Quintero-Puchuncaví para evitar su construcción, han provocado una nueva polémica. Ello, luego que el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, aseverara que existen elementos para poder revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) con la que cuenta la empresa para desarrollar el proyecto.

En entrevista con Radio Bío-Bío, y consultado por la construcción de la planta, a propósito de los dichos entregados al citado medio por parte del delegado presidencial para Concón, Quintero y Puchuncaví, Alejandro Villa, donde este indicó sobre el proyecto que "nada está escrito en piedra", el gobernador insistió que siempre ha estado en contra del proyecto, por los daños medioambientales que la desaladora podría generar en un territorio sumamente afectado.

"Yo me había comprometido, precisamente con la comunidad, de reunirme con el subsecretario de las Fuerzas Armadas Galo Eidelstein, para representarle algunas inquietudes y opiniones de los alcaldes de Puchuncaví y Quintero y más de 25 organizaciones socioambientales, justamente porque existen elementos para poder revocar la RCA", puntualizó Mundaca.

La autoridad regional reiteró que "mi opinión es bastante conocida, no es posible seguir incrementando el sufrimiento ambiental, no es posible implementar una desalinizadora que, en la práctica, va significar restituir sal al mar, afectando los recursos bentónicos, y por ende, comprometiendo la actividad productiva de la pesca artesanal".

Avanzar en acuerdos

Respecto a la toma que mantienen los pescadores en el acceso a las faenas donde se ejecuta el proyecto y a la postura que ha tomado el Gobierno, la delegada presidencial regional, Sofía González, subrayó -en la línea de lo planteado por el ministro de Economía, Nicolás Grau- que "como Gobierno tenemos la definición y la convicción de que debemos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro haber para hacer valer el Estado de derecho en el contexto que corresponda".

Asimismo, la delegada presidencial regional expresó que "es necesario poder abrir todos los canales de diálogo y todas las opciones para que podamos avanzar en acuerdos. Nuestro Gobierno ha estado en esa dirección, intentando, aportando y acompañando las distintas conversaciones para que finalmente desde la empresa y también desde el sindicato puedan llegar a un acuerdo que pueda dar certezas a la ciudadanía y por cierto a la empresa".

Consultada por las posturas que han tomado la empresa y los pescadores, González sostuvo que "a mí no me corresponde opinar acerca de cuáles son los distintos argumentos que tiene la empresa o el sindicato".

Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, aseveró que desde que comenzó la movilización han conversado con los pescadores para conocer qué motivó la toma, recalcando que "lo que ellos han señalado siempre es que tienen una enorme preocupación por el impacto negativo que pudiera tener en el mar, el funcionamiento de la Planta Desalinizadora".

Añadió que "ese cuestionamiento que realizan los pescadores debe ser respondido con claridad y mucha certeza por parte de la empresa. Son ellos los encargados de despejar todas las dudas y en vista que la manifestación se mantiene, da la impresión que la empresa no ha sido capaz de clarificar este tema".

Mesa de trabajo

Lo anterior se suma a la declaración pública emitida por la Federación de Pescadores de la Bahía Narau Quintero-Puchuncaví, donde en 11 puntos destacan que no es efectivo que la empresa cuente con todos sus permisos para iniciar la construcción de la planta y cuestionan aspectos técnicos del proyecto.

También emplazaron al ministro de Economía, Nicolás Grau, a que "efectivamente vele por el Estado de derecho, de tal forma que la empresa Aguas Pacífico no inicie obras sin tener todos sus permisos", y le solicitaron "intermediar una mesa de trabajo con la dirección del Fondo de Inversiones Patria, dueña de Aguas Pacífico, a fin de buscar una salida al conflicto".

Defensa de la empresa

En relación a los cuestionamientos, el director de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Aguas Pacífico, Mauricio Alegría, manifestó que "reiteramos que el Proyecto Aconcagua cuenta con todos los permisos ambientales y autorizaciones sectoriales requeridas para las actividades y obras realizadas a la fecha y, además, cumple con los más altos estándares ambientales".

Alegría pormenorizó que "como compañía confiamos que, respetando la institucionalidad ambiental y el Estado de derecho, es posible desarrollar estos proyectos; es por ello que contamos con las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) aprobadas y la concesión marítima, lo que da respaldo al cumplimiento del proyecto".

El proyecto Aconcagua considera una inversión directa de US$1.000 millones y, de acuerdo a lo informado por la empresa, se contempla que la desaladora entre en funcionamiento en 2026.

"Existen elementos para poder revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

"Debemos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro haber para hacer valer el Estado de derecho".

Sofía González, Delegada presidencial regional

En el paseo Latorre de Villa Alemana se llevó a cabo la Feria de Servicios por la Concientización y Prevención de la Trata de Personas en el marco del día mundial que conmemora esta problemática. Esta actividad contó con la presencia de diversas autoridades como la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez, y el senador Juan Ignacio Latorre (RD), entre otros.

Esta instancia fue replicada en simultáneo en todo Chile y tuvo varios puestos informativos de diferentes organizaciones civiles, así como también de carabineros.

Todo esto con el objetivo de concientizar a la población sobre la trata de personas. Saber qué clase de delitos caben en esta calificación, como prevenirlo y a quién acudir en el caso de querer hacer una denuncia en relación a este ilícito, fueron los puntos más destacados en la jornada.

"Esta feria es una acción que estamos realizando a nivel nacional y que tiene como principal objetivo empoderar y democratizar la información hacia la ciudadanía en pos de un trabajo que hemos articulado desde la mesa regional", comenzó destacando la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, quien en sus declaraciones también apuntó a "prevenir y fortalecer los mecanismos de apoyo y contención a quienes son víctimas de este delito. Además de informar a la gente sobre esta problemática para que así puedan denunciar con mayor claridad y puedan tener conocimiento de lo que hablamos cuando mencionamos s la trata de personas", sentenció.

Prevención y cooperación

Este tipo de delito no es tan conocido en Chile y, de hecho, recién fue tipificado como tal el año 2011. Es por esto que las autoridades que dijeron presente en la actividad hicieron hincapié en la prevención y cooperación para enfrentar esta problemática que puede afectar a muchos por causa del desconocimiento.

La seremi de Justicia, Paula Gutiérrez, enfatizó en este punto y detalló cómo se está trabajando para abordar esta problemática que también ha registrado casos en la región.

"Hemos realizado una labor bastante fuerte desde la fiscalización preventiva y ahí la Dirección del Trabajo juega un rol fundamental. Además de esto, también ponemos el foco en las labores de difusión y promoción para llegar a la sociedad civil, que juega un rol fundamental en todo esto. De hecho, en la región de Valparaíso hay un delito de trata de personas que ya tiene una sentencia judicial y fue detectado por la sociedad civil", reveló.

"Es fundamental informar a la gente de este delito para que así tengan conocimiento de lo que consiste".

Sofía González, Delegada presidencial regional