El Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer ayer los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que mide los índices de pobreza en diversos ámbitos, al establecer una comparación entre los niveles de ingreso y la posesión de bienes materiales. El principal objetivo de este ejercicio es orientar las políticas públicas y estimar las necesidades de cobertura, focalización y distribución del gasto fiscal. El trabajo en terreno, realizado entre fines de 2022 y principios de este año, pudo superar los obstáculos que impuso la pandemia a la Casen del año 2020 y por esos los resultados del nuevo informe son más completos y equivalentes a sus predecesores. En términos regionales, Valparaíso alcanzó su menor nivel de pobreza, con un 6,6% de la población bajo la línea que mide la cobertura de necesidades básicas. Esto representa un avance importante respecto del 7,1% identificado en la Casen de 2017, y una mejora indiscutible respecto del 30,4% de pobres catastrados en la encuesta del año 2006.

Esto significa que, según los antecedentes proporcionados por el Mideso, los pobres de la Región se han reducido en un 24% en los últimos 17 años, con una caída sostenida que ha sorteado crisis económicas e incertidumbres políticas.

Vistos con perspectiva histórica, estos resultados muestran la capacidad del sistema actual para avanzar en políticas públicas adecuadas para la superación de la pobreza. El trabajo ha sido titánico, no cabe duda, y aún quedan muchos temas pendientes, como dejan en evidencia los 118 mil pobres de nuestra Región, pero, en términos generales, el camino trazado en los últimos 30 años ha sido el correcto. Por ello, cualquier intento por aplicar cambios drásticos a la matriz económica que ha permitido estos avances debería mostrar argumentos sólidos y evidencia empírica que rivalicen con los logros de un sistema que carga con una mala fama, en parte, inmerecida.

Una de las primeras acciones que implementamos como Gobierno en materia de educación fue la puesta en marcha, en 2022, de una política de reactivación educativa que busca fortalecer los aprendizajes afectados durante la suspensión de clases presenciales producto de la pandemia de covid-19. Esta no es la única línea de acción que contempla el plan de reactivación; para propiciar una educación integral y mitigar el impacto a nivel socioemocional por el cierre de las escuelas, trabajamos también en acciones que apuntan a fortalecer la convivencia escolar y salud mental, y a potenciar la asistencia y revinculación de niños, niñas y adolescentes que abandonaron el sistema educativo, primer paso para generar el aprendizaje.

Con un promedio de 69 semanas de establecimientos educacionales cerrados y tomando en cuenta las diversas capacidades y herramientas que tenían tanto las escuelas y liceos para impartir clases a distancia como las familias para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los hogares, sabíamos que las consecuencias en educación serían profundas, considerando, además, las históricas brechas que existen en el sistema escolar chileno.

Por eso nos volcamos, desde distintas aristas, a impulsar una educación transformadora que alcance la justicia educativa y para ello el primer paso fue reencontrarnos. Abrir las puertas de las escuelas y liceos implicaba no sólo planificar acciones que fortalecieran los aprendizajes, sino también entregar herramientas para favorecer una sana convivencia escolar y generar redes que permitiesen abarcar los problemas de salud mental a los que se enfrentaban tanto estudiantes como docentes. A ello hemos sumado miles de millones -en la región son más de 10 mil- para realizar reparaciones a la infraestructura escolar en establecimientos municipales y públicos que han estado abandonados por las distintas administraciones durante años.

Como Ministerio hemos acompañado a las escuelas y liceos, a través de profesionales de los distintos departamentos provinciales y mediante un trabajo conjunto con las universidades, en la tarea de coordinar y apoyar el funcionamiento del sistema escolar atendiendo sus urgencias, contextualizando sus procesos y orientando sobre políticas integrales que apunten a fortalecer el aprendizaje y el bienestar de los y las estudiantes en sus distintas dimensiones.

Sabemos que el camino es largo y no exento de dificultades y que los frutos de este esfuerzo se verán en el mediano y largo plazo, porque los cambios y transformaciones, sobre todo en educación, son procesos más lentos y sistemáticos, pero podemos afirmar que en poco más de un año de Gobierno hemos establecido mecanismos de trabajo en los que se ha incorporado a todos los actores del sistema, desde el nivel nacional hasta el local, para alcanzar una educación que responda a sus necesidades y particularidades, una educación participativa en las que sus voces se vean reflejadas en las políticas públicas, una educación que movilice, integre y cumpla con los sueños de cada niño y niña del país. Alcanzar la justicia educativa es nuestro mayor desafío, pero sus frutos serán también nuestra mayor recompensa.