Acaso opacado por los violentos espasmos de corrupción que golpean al Gobierno, la semana entrante -miércoles 9 y jueves 10 de agosto- se realizará en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso uno de los eventos más trascendentes en el complejo pero necesario proceso de reparto de poder en nuestro país: el Segundo Congreso de Descentralización, organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), encabezado por el porteño Nicolás Cataldo, y con acceso libre para toda la comunidad.

La agenda descentralizadora, afectada por la mezquindad y el asfixiante afán de controlarlo todo del poder central, requiere de instancias como éstas y de un debate abierto y con políticas claras y transparentes para el "desarrollo de los distintos territorios del país con diversas visiones y experiencias de actores públicos, privados y académicos", como reza la propia Subdere, intentando establecer que la equidad territorial prometida por el Gobierno del Presidente Boric sea algo más que transferir dineros a las fundaciones de los amigos y conocidos para tareas no cuantificables ni demostrables.

Ese mejor Chile necesariamente debe ser pensado desde y para las regiones, pero auditado y regulado de forma independiente para que no sigamos conociendo casos como los de "intervención mental" en Isla de Pascua o del "acceso a la justicia en reparaciones ambientales", todas vinculadas al oficialismo, o las repartidas desde Arica a Magallanes sin mucho control por los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes, quienes paradojalmente se sostienen en sus cargos sólo por la pulseada entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, y porque sería un exceso que salieran los dos.

Las asimetrías estructurales a corregir, como bien ha explicado el rector de la casa de estudios patrocinante, Nelson Vásquez, tienen que ver con el acceso universal a la educación y el conocimiento más que con eslóganes vacíos de "más democracia y no menos", mantra repetido hasta el cansancio por el Presidente y la vocera Camila Vallejo, pero bastante alejado de los territorios.

Una de las exposiciones más esperadas será la charla magistral "Tendencias internacionales de descentralización" a cargo de Isidora Zapata, analista de Políticas, Unidad de Descentralización, Finanzas Subnacionales e Infraestructura División de Desarrollo Regional y Gobernanza Multinivel de la OCDE, además de otras a cargo de los gobernadores de todo Chile y representantes de organizaciones como el Banco Mundial, BID, CAF, Cepal, Flacso, FAO, y la Unión Europea.

Los rectores y rectoras del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), acompañados por el Presidente Gabriel Boric, presentamos hace pocos días un extenso programa de actividades para conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar. En las próximas semanas, cientos de actividades en todo el país nos invitarán a reflexionar sobre esa etapa de nuestra historia. La pregunta es ¿por qué las universidades públicas tenemos que desplegar este esfuerzo y ser una punta de lanza en esta conmemoración? Hay una respuesta fácil y es que se trata de una obligación legal. La Ley de Universidades Estatales declara expresamente, ya en su primer artículo, que la finalidad de nuestras instituciones es "contribuir al fortalecimiento de la democracia...". Luego nos mandata a formar "personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social".

Pero la ley sólo vino a formalizar lo que está en la esencia misma de las universidades del Estado: su compromiso permanente con la verdad, las personas y con nuestra sociedad.

Esto forma parte de la respuesta más larga y fundamental a la pregunta formulada: nuestras instituciones tienen y deben tener un rol fundamental en la defensa y en la promoción de la democracia y los derechos humanos. No lo hacemos con ánimo cortoplacista ni menos divisorio, sino a través de las mismas herramientas formativas que apelan a la reflexión crítica, la búsqueda de la verdad, el debate elevado y pluralista, la aceptación respetuosa de las diferencias y el objetivo final de un bien social común.

Gran parte de esto se quebró hace 50 años y las universidades sufrieron duros golpes como instituciones, especialmente a partir del fraccionamiento que aún se mantiene y que ha derivado en los serios problemas de financiamiento y de infraestructura que las afectan. Más lamentable es el golpe humano, familiar y social. No podemos olvidar a cientos de estudiantes, académicos, académicas, funcionarios y funcionarias que murieron o desaparecieron en ese momento trágico de la historia nacional. Sólo en la Universidad de Playa Ancha sufrimos once víctimas fatales, que se suman a una larga lista de personas de nuestras universidades que perdieron la vida a lo largo de todo el país. De igual forma, otras tantas que fueron, relegadas, expulsadas y exoneradas, por lo que se vieron imposibilitadas de finalizar sus estudios superiores.

Por eso la UPLA y las demás universidades estatales conmemoraremos en las próximas semanas con actividades académicas, culturales, artísticas y de reparación. Por una parte, estaremos aportando a la reflexión y al debate sobre la democracia y los derechos humanos. Por otra, estaremos recordando a una parte de nuestra comunidad universitaria que fue perseguida, desaparecida, ejecutada y exonerada. En particular, en nuestra universidad, la reparación será un eje central del programa de actividades, que por ejemplo incluye la entrega de títulos póstumos y reconocimientos a nuestras víctimas.

Es fundamental mantener viva la memoria, especialmente como homenaje a quienes perdieron su vida por el solo hecho de pensar diferente y por soñar en la construcción de un Chile más justo. Las universidades del estado seguimos buscando este objetivo.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con relación a la carta de lectores titulada "La importancia del Mar" (Directorio de la Liga Marítima de Chile, lunes 24 de julio). En ella, al referirse al "Día de los intereses argentinos en el mar", se alude a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como territorio de ultramar del Reino Unido, utilizando además un tono descortés para referirse al legítimo reclamo argentino de soberanía sobre dichos territorios insulares y los espacios marítimos circundantes. Si bien es cierto que "… si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero", como lo dijera el primer presidente de los Estados Unidos George Washington, su importancia en el Estado de Derecho no transforma una mentira en una verdad, ni una ordinariez en una invitación al diálogo.

Al respecto, tengo a bien recordar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino. El título se remonta a 1810 por el principio uti possidetis al ser el país legítimo heredero de los territorios continentales, insulares y marítimos que habían pertenecido a España. Desde entonces los gobiernos argentinos desarrollaron actos de ejercicio de soberanía en tales territorios. Sin embargo, el 3 de enero de 1833 dicho ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante la fuerza por el Reino Unido, que expulsó a las autoridades argentinas y a los pobladores de las Islas Malvinas. Mediante esta usurpación, se quebró la integridad territorial de la Argentina, una situación que ningún Gobierno argentino ha consentido en 190 años de historia. La República Argentina ha reafirmado de manera permanente e ininterrumpida, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía.

En este sentido, la recuperación del ejercicio efectivo de dicha soberanía conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es una política de Estado, que se encuentra plasmada en nuestra Constitución Nacional y resume un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Asimismo, cabe destacar que, desde el retorno de la democracia, los sucesivos gobiernos de Chile, sin distinción de signo político, han respaldado ininterrumpidamente los legítimos derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes tanto a través de Declaraciones emitidas por sus más altas autoridades en reuniones bilaterales, como así también en el marco de espacios regionales y multilaterales, como el Mercosur, la Celac y el G77 + China, entre otros. También, como miembro del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, desde 1996 copatrocina y presenta el proyecto de Resolución sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, en la que se renueva el llamado a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a reanudar las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la disputa. De la misma manera, ha manifestado su apoyo a la posición argentina en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).