Corrupción
La sociedad valora la urgencia del sistema político cuando actúa en favor de agendas de probidad que mejoran la fiscalización real y actualizan el combate evolutivo que tiene la corrupción".
La preocupación por la corrupción vuelve a manifestarse como una de las prioridades de la ciudadanía, recientemente encuestada en estudios de opinión pública. No podría ser de otra forma, dado los antecedentes conocidos y la gestión inicial de la crisis que golpea en la actualidad al gobierno.
Hace pocos días, tanto el Contralor General de la República, como el Ministro de Justicia, fueron explícitos en señalar esta recurrente figura del último mes. El propio Presidente Gabriel Boric, en una de sus cuentas en redes sociales, manifestó "que quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello".
El ciclo natural de estos escándalos presenta dificultades que los sitúan en una tipología particular e impredecible de crisis. Para quienes deben gobernar o intentar resolver el problema desde lo institucional, es un desafío que implica una reconstrucción de confianzas desde la transversalidad y un imperativo democrático.
De hecho, la percepción de la corrupción como inquietud ingresa a las fases sociales y políticas de un país, cuando la decodificación mediática de estos eventos es masiva, despertando, a su vez, volátiles reacciones en los diversos ámbitos y actores del sistema. Esto provoca una riesgosa desilusión colectiva que se interna en la pérdida de valores culturales y en el debilitamiento de marcos éticos.
De allí los efectos inmediatos que genera en la disputa por el poder, pero también en los escenarios de mediano plazo. La corrupción no es una dimensión exclusivamente judicial o administrativa. Afecta la reputación y debilita en demasía cuando se trata de evidenciar los avances de una gestión pública. Por ende, revierte las cartas estratégicas que se tienen, por ejemplo, para una negociación relevante. Es una pérdida en la imagen del liderazgo en estado puro y limita la capacidad de influir.
Sin embargo, las formas de potencial resolución de dichos episodios, en su vertiente pública y política, pueden marcar potentes y beneficiosos puntos de inflexión para un Estado. Por de pronto, la sociedad valora la urgencia del sistema político cuando actúa en favor de agendas de probidad que mejoran la fiscalización real y actualizan el combate evolutivo que tiene la corrupción. La intransigencia o el condicionamiento extremo para avanzar en la concreción de la transparencia, termina por afectar a aquellos que incluso denuncian la corrupción.
Aquí hay que detenerse. Dificultades económicas permanentes y percepción de una corrupción que no es atacada por el sistema político en su conjunto, son realidades fértiles para el populismo y el desaparecimiento de los partidos políticos. Los casos estudiados a nivel global nos indican que los populismos no son una garantía de probidad, por lo que el remedio antisistémico no funciona. Pero esas evidencias pesan poco si un conjunto mayoritario de electores, son testigos de un permanente puente cortado entre las élites, afectando sus vidas y expectativas.
En cambio, el fortalecimiento de la democracia a partir de grandes acuerdos en los que la demanda ciudadana es procesada y sus mecanismos de mejora son incorporados, es una ganancia simbólica que permite acercarse de manera más efectiva a la lucha contra la corrupción, otorgando claridad en la acción de las instituciones.
Dado lo anterior, una última reflexión. Si existe una genuina intención de continuar avanzando en el proceso de descentralización, la manera de focalizar, explicar, aportar y evidenciar un sólido paquete para enfrentar la corrupción con una bajada territorial, será clave para aminorar las habituales resistencias que generan los modelos de empoderamiento regional. En esto, la proactividad de nuestros gobiernos locales es algo que todavía se espera con ansias, sobre todo para los que creemos en una democracia abierta, transparente y empática con las comunidades. 2
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